La Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración presentó el 3 de agosto de 2018 una demanda contra el grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que lideraba Santiago Pérez. Presuntamente contaba con una trabajadora sin contrato.

El 20 de mayo, tras levantar dos actas de inspección y dictar sendas sanciones, se fijó un acto de conciliación en el Juzgado número 4 de lo Social de Santa Cruz de Tenerife que quedó suspendido. El juicio oral, si no hay acuerdo antes, se celebrará el 18 de noviembre si ante no se produce un acuerdo.

Tras las pesquisas realizadas desde abril de 2017, la Inspección de Trabajo sostiene que existe relación laboral entre el grupo demandado y la trabajadora, a la que se mantuvo como autónoma. Por eso, impuso una primera sanción de 3.126 euros.

Para Trabajo, el grupo de Pérez siempre llevó este caso a "una discusión política". Según la Administración, quiera o no el grupo, "actúa como empleador.

Asimismo, y ante algunos de los argumentos de la formación, el órgano público subraya que entrevistaron a la trabajadora autónoma en las dependencias del grupo "y se concluyó que su relación no era de dependencia ni ajenidad, tratándose de un contrato civil de prestación de servicios". Contra lo afirmado por el grupo municipal, Trabajo señala que sí se han analizado los hechos.