La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) reconoció ayer la "gravedad" de la situación del partido en Canarias y de la propia actuación de sus dos concejales en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, cuyos votos dieron la alcaldía a la socialista Patricia Hernández en contra de lo ordenado por sus dirigentes regionales para que se abstuvieran o se votaran a sí mismos y permitieran de esta forma la investidura de José Manuel Bermúdez, de CC. La cúpula estatal de la formación naranja evita por el momento calificar la actuación de sus ediles rebeldes en la capital tinerfeña, así cómo secundar la acusación de "tamayazo", "compra de votos" y posible comisión de un delito de cohecho que ha lanzado sobre ellos la diputada regional electa y secretaria de Comunicación de Cs en las Islas, Vidina Espino.
La portavoz de la Comisión Ejecutiva de Cs y diputada nacional Inés Arrimadas, aseguró ayer tras una reunión de este órgano estatal que "lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife es muy grave" y que el partido ha iniciado a través de la Comisión de Garantías un proceso de "recopilación de toda la información" que analizará y determinará las consecuencias tanto en el ámbito disciplinario, como en el político. "La Comisión de Garantías, que es un órgano externo a la Ejecutiva, ya está viendo qué pasa en ese caso, se ha iniciado un proceso de recopilación de información para ver si hay que tomar medidas disciplinarias y las consecuencias que se pueden derivar", afirmó Arrimadas en su comparecencia tras la reunión del núcleo duro del partido que lidera Albert Rivera.
Arrimadas, en posteriores explicaciones, reconoció que personalmente no conoce los detalles de las acusaciones que se han cruzado los distintos implicados en la crisis de la corporación tinerfeña, pero sí admitía que la situación requería de una investigación a fondo de las razones por las que sus concejales habían actuado por libre. De esta forma, rechazaba implícitamente que ese voto a favor de la candidata socialista, que dio a ésta el bastón de mando municipal tras tres década de gobiernos de CC, estuviera determinado por la dirección nacional del partido, o que respondiera a directrices desde Madrid, tal como han señalado Zumbido y Lazcano.
Los dos representantes de Cs en el consistorio capitalino aseguraban ayer que en la investidura de Patricia Hernández como nueva alcaldesa siguieron las directrices nacionales de la formación que pasan por "no pactar con partidos que incluyan imputados en sus listas, con Podemos o partidos nacionalistas, y en todo caso, buscar acuerdos con el PP como socio preferente allá donde se pueda y, de forma excepcional, con el PSOE". En un comunicado, Zambudio comenta que durante la campaña electoral Cs "abanderó la regeneración" de las instituciones públicas y en el caso del Ayuntamiento, "gobernado por un partido nacionalista desde hace 40 años con un imputado en sus listas". En ese sentido, apunta que han sido "coherentes" y han cumplido con su palabra, "votando regeneración con la única alternativa posible, el PSOE". La edil señala igualmente que no le consta la apertura de ningún expediente disciplinario, pero "en el caso de que la dirección del partido inicie el mismo, acreditaremos nuestra actuación en el momento oportuno, aportando todas las pruebas que estimemos pertinentes", subraya.
Sí avanzaba la reciente nombrada teniente de alcalde el envío de un burofax urgente a Vidina Espino dándole un plazo de 24 horas para que se retracte de estas acusaciones, pues en caso contrario interpondrán una querella criminal por un presunto delito de calumnias.
Sin embargo, Arrimabas fue muy taxativa ayer en este punto, insistiendo en que todo lo sucedido en la capital tinerfeña se someterá a investigación interna y apuntará en el sentido de las acusaciones vertidas por Espino sobre lo ocurrido en el consistorio de Santa Cruz de Tenerife.
Espino, por su parte, insiste en la versión que diera el sábado tras configurarse en ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: "En ningún caso, el comité de pactos autonómico de Ciudadanos autorizó un acuerdo en Santa Cruz con el PSOE y con Podemos para dar la Alcaldía a Patricia Hernández. Zambudio y Lazcano nos garantizaron que se votarían a sí mismos y que permanecerían en la oposición, según las instrucciones recibidas. Sin embargo, votaron a favor de la candidata socialista a cambio de obtener las concejalías relevantes, como Urbanismo", añadió.
La responsable de Comunicación de Cs en las Islas sostiene que este no es un acuerdo "legítimo ni está aprobado por nuestro partido". "Nos mintieron en la cara. Dicho pacto se realizó en el más absoluto secreto, de manera oscura y sin transparencia. Les pedimos a los dos concejales de Cs que no cojan ningún cargo de gobierno y que renuncien a sus sillones", manifestó Espino.
Espino mantiene también que Zambudio y Lazcano actuaron siguiendo las directrices del secretario de organización, Juan Amigó, "al que le interesaba que se repartieran determinadas áreas". Espino asegura que Amigó había presentado su renuncia al partido justo después de producirse la votación a favor de Hernández, algo que éste ha desmentido añadiendo, además, que ha puesto todo este asunto está en manos de su abogado.
