Ciudadanos ha pasado de la noche a la mañana de una expectativa de estar en el nuevo Gobierno de Canarias a la irrelevancia más absoluta en el ámbito regional. El partido que hace solo unos meses contemplaba que la doble cita electoral del 28A y del 26M le convertirían en pieza fundamental en la política canaria, ha visto cómo no solo se ha esfumado esa oportunidad, sino que se ha metido en una crisis interna de imprevisibles consecuencias. A los pésimos resultados conseguidos en las elecciones al Parlamento regional, con sólo dos escaños, a los cabildos y a los ayuntamientos, con apenas unas decenas de consejeros y concejales, se ha sumado en las últimas semanas la crisis abierta por la actuación de sus dos ediles en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que propiciaron la elección de la socialista Patricia Hernández supuestamente contra las directrices de la dirección del partido.
Para cerrar el círculo, la formación naranja ha sido incapaz de jugar bien sus cartas y de favorecer un pacto de centroderecha para el Gobierno regional junto a CC y el PP en el que su presencia le daría el protagonismo que sus resultados electorales le han negado.
La consecuencia de toda esta situación es que la dirección nacional de Cs contempla en estos momentos el relevo de toda la estructura regional del partido no sólo para depurar las responsabilidades por la situación creada en los procesos de negociación de los pactos, sino por la necesidad de revitalizar el proyecto en las Islas durante la nueva legislatura que se abre en comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, según señalan fuentes cercanas a la cúpula naranja en Madrid. Desde Madrid se entiende que todo el proceso de elección de candidatos para el 26M y de gestión de pactos en Canarias ha sido un fracaso y apuesta por un recambio en toda la estructura orgánica.
La percha para esta operación es la propia investigación interna abierta por parte de la Comisión de Garantías y Valores, que preside Jesús Galiano, en relación con la indisciplina de sus dos concejales de la capital tinerfeña. El objetivo es conocer si el apoyo prestado ese día a la candidata socialista fue autorizado o no por el secretario de Organización regional, Juan Amigó, y la secretaria de Acción Institucional y responsable de la negociación de los pactos en Canarias, Teresa Berastegui. También se investigará la grave acusación de "tamayazo" que lanzó la diputada regional y secretaria de Comunicación, Vidina Espino, contra Amigó y los dos ediles. De momento, el Comité había evitado hacer lo mismo con ella pese a que los estatutos del partidos establecen el mismo criterio para los casos de acusación sin prueba de la comisión de delito, como creen que ha hecho. Cerrado el pacto de izquierda la investigación se ampliará a Espino, Amigó y Berastegui.
