El que será nuevo jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), se comprometió durante la campaña electoral a evitar la implantación de la tasa turística que, sin embargo, se recoge en el acuerdo para la gobernabilidad suscrito el sábado por él mismo con sus socios de Nueva Canaria (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG). Los empresarios advirtieron ayer del perjuicio que supondría un incremento de la presión fiscal sobre la principal actividad económica del Archipiélago en el contexto actual de pérdida de visitantes y conectividad.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, relató cómo Torres y el entonces cabeza de lista de los socialistas por Gran Canaria, Sebastián Franquis, aseguraron en la visita que giraron a la patronal durante la campaña que no habría tasa.
No obstante, NC defiende desde hace años su implantación. El mismo sábado, tras la firma del acuerdo, el presidente de la formación nacionalista, Román Rodríguez, señaló que la medida se aplica en numerosos destinos de todo el mundo. "No nos estamos inventando nada", sostuvo.
La cuestión que quedará desvelada con el caminar del nuevo Ejecutivo será en qué medida los socialistas podrán mantener su promesa o tendrán que ceder ante su socio principal, que lo es si se atiende al número de parlamentarios que aporta, cinco, por cuatro de Podemos y tres de ASG.
El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricua, se muestra firme al respecto: "Confiamos plenamente en Ángel Víctor Torres y el buen hacer de este gobierno, tenemos claro que no se implantará la tasa turística", manifestó ayer.
La controversia
¿Pero por qué genera tanta controversia esta figura fiscal? Quienes la defienden sostienen que el impacto sobre el precio final es limitado e insuficiente para disuadir a los potenciales clientes de su intención de visitar las Islas. Además, sostienen que opera desde hace años en destinos como Barcelona, París o Nueva York sin que haya supuesto una caída del número de visitantes en ninguno de los casos.
Enfrente, los empresarios aseguran que no es comparable el efecto en esas ciudades con el que tendría en un destino que, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, mantiene el sol y la playa como reclamo principal y tiene una dura competencia en ese segmento. Además, el perfil del visitante es muy diferente, más sensible al factor precio.
El documento marco para el pacto aboga por una mejora de la "competitividad, apostando más por la calidad que por la cantidad, y más por la renovación de los alojamientos y núcleos existentes que por producir masivamente nueva planta turística". A ello añade un incremento de "la inversión pública en rehabilitación de infraestructuras en las áreas turísticas para mantener la rentabilidad social del sector". Por último, reseña que para obtener la financiación necesaria para abordar esas políticas "se estudiará la posible implantación de un impuesto a las estancias turísticas que tendrá carácter finalista".
El presidente de Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), Jorge Marichal, se posicionó ayer "en contra de cualquier tasa turística", y más "en estos momentos" en el que la actividad alojativa se encuentra "en una situación de declive". En la misma línea, Mañaricua advirtió del efecto nocivo y expuso las pérdidas de conectividad que padecen "Gran Canaria, del 12%, y Fuerteventura, del 16%".
Los defensores de la tasa, sin embargo, entienden que los negocios alojativos han asistido durante los últimos años a una fiesta en la recogida de beneficios, sobre todo por la ausencia de competencia. La salida del mercado de destinos competidores como Egipto o Turquía tras el estallido de la Primavera Árabe, permitió una escalada de precios en los alojamientos de las Islas desconocida hasta ese momento.
Sin embargo, ya el año pasado la tónica se invirtió. Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) recogió en su informe para 2018 una caída media del beneficio del 8%. En el sector ya descuentan que el desplome en este ejercicio será de dos dígitos y, en casos, hasta del 20%.
"Un impuesto de este tipo no nos va ayudar para nada, sino todo lo contrario. Lo único que va a provocar es que vengan menos turistas y que se destruya empleo", aseguró Jorge Marichal. Además, Manrique de Lara destacó que el Archipiélago "ya cuenta con una fiscalidad específica", en referencia al IGIC, que grava el consumo, también el de los turistas, y va a parar a las arcas de la comunidad autónoma.
Precisamente sobre el récord de "1.800 millones" de recaudación a través del impuesto indirecto canario incidió José María Mañaricua. "Se calcula que esta tasa solo recaudaría 150 millones, por lo que no merece la pena correr riesgos", añadió en torno al adelgazamiento de los ingresos vía IGIC que se produciría si dejan de venir turistas.
A ello añadió que crear esta nueva figura fiscal supondría elevar "el precio de lo que las Islas exportan. Estoy seguro de que no se va a aplicar". De manera más tajante, su homólogo en la provincia tinerfeña recomendó al nuevo Gobierno canario que "no comience con populismo, pues luego se meterá la pata y ya no habrá nada que hacer".
Por su parte, Roberto Ucelay, presidente del CEST (Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife), tachó la tasa de "error grave. Lo que toca ahora es ser más competitivo para poder tener más clientes y no implantar una tasa turística, con la que se conseguirá lo contrario. Otro impuesto más supone una carga adicional para el principal sector de Canarias y, además, su recaudación no repercutirá en lo más mínimo en la mejora de las infraestructuras turísticas ni generales. Ya hay suficientes presiones tributarias en Canarias", zanjó.
