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Nuevo equilibrio político | Relaciones con Madrid

Las relaciones con el Estado medirán la cohesión del pacto de Gobierno

Los socios deben revisar sus posiciones ante el Ejecutivo central en temas como los incumplimientos presupuestarios, REF, el conflicto de carreteras o uso del superávit

José Luis Ábalos, ministro en funciones de Fomento.

Los socios del que será nuevo Gobierno de Canarias presidido por el socialista Ángel Víctor Torres han presentado ya sus líneas políticas básicas para cuatro años y un reparto genérico de las áreas que cada uno de los partidos (PSOE, NC, Podemos y ASG) asumirá, pero tienen aún sin definir una estrategia conjunta sobre cómo abordar con el próximo Gobierno central, previsiblemente presidido de nuevo por Pedro Sánchez (PSOE), los importantes asuntos canarios que dependen de decisiones del Consejo de Ministros y de la Administración del Estado. Pese a compartir el fondo de los objetivos que a este respecto se plantearán desde las Islas, los socios del llamado pacto de las flores han evidenciado en el pasado importantes diferencias sobre la actuación de Sánchez en el año de gobierno socialista, en el que las relaciones Canarias-Estado han estado en permanente crisis.

La recuperación de la colaboración institucional entre ambos nuevos Ejecutivos y el desarrollo de la agenda canaria en las políticas estatales constituyen piezas claves de la nueva legislatura. Sobre la mesa del nuevo equipo de gobierno se encuentran en estos momentos asuntos como el conflicto del convenio de carreteras; los incumplimientos presupuestarios y, por ende, el del REF y el del Estatuto de Autonomía recién aprobados; la revisión de los convenios de infraestructuras; o la autorización a Canarias para el uso de los 300 millones de superávit para mejorar sus servicios públicos, entre otros. A falta de que se resuelva finalmente la investidura de Sánchez en el Congreso y, en su caso, de que se conforme un nuevo Gobierno central, todos estos asuntos que marcaron el enfrentamiento entre ambas administraciones en el último año siguen en el mismo punto de bloqueo en el que lo dejaron el propio líder socialista y el anterior gobierno de Fernando Clavijo.

Sobre todos ellos, los actuales socios canarios mantuvieron diferencias que pueden repetirse y ser foco de inestabilidad en el Ejecutivo de Torres si antes no pactan un posicionamiento y una estrategia comunes. Más allá de la voluntad de todos los socios de abrir un nuevo escenario con Madrid y una negociación en términos amables, el enfoque previo ha sido hasta el momento muy dispar y va a obligar a una revisión de posiciones en cada uno de los partidos si se quiere mantener la cohesión del gobierno regional y una única voz ante los ministerios. El escenario se complica más si se tiene en cuenta que algunas de las decisiones o medidas que se tomen o se aprueben en Madrid pueden depender del voto de CC en el Congreso, el partido que ha sido desalojado del Ejecutivo regional y que puede tener una visión distinta de la que defienda a partir de ahora este nuevo pacto.

Uno de los asuntos sobre los que tiene que adoptar alguna decisión de forma inmediata el Gobierno de Torres es el conflicto de carreteras, sobre el que la Comunidad Autónoma tiene presentada demanda de ejecución de sentencia ante Audiencia Nacional contra el Ministerio de Fomento, liderado en funciones por José Luis Ábalos, por el impago de 945 millones del anterior convenio a que le obligaban varias sentencias del Tribunal Supremo. La posición del PSOE canario hasta la fecha es que el tema está "judicializado" y que serán los tribunales quienes determinen quien tiene la razón, si Canarias o Fomento, sin entrar en el fondo del asunto. El propio Torres se ha visto obligado en los meses anteriores a intervenir ante el Ministerio para tratar de mediar y de acercar posiciones, así como en casos en los que la Administración central se negaba a firmar determinados convenios o a dotarlos con las cantidades comprometidas.

Otro asunto de trascendencia que ha marcado la guerra abierta entre Canarias y el Estado en los últimos meses ha sido el incumplimiento del REF y del Estatuto en cuanto a inversión presupuestaria denunciado tanto por el anterior Ejecutivo regional, como por formaciones que ahora tendrán responsabilidades de gobierno como NC o ASG. Sin esquivar también críticas a la gestión del anterior gabinete de Clavijo, la formación que lidera Román Rodríguez ha sido persistente en atacar a Sánchez y al PSOE por algunas de sus actuaciones en relación con Canarias, y exigiendo el traspaso de fondos que estaban comprometidos en los Presupuestos estatales del 2018 y que están ahora prorrogados.

¿Qué hay del superávit?

NC arremetió contra Sánchez cuando el líder socialista acusó al nacionalismo canario, precisamente en un acto socialista en Gran Canaria en enero pasado, de usar el "victimismo" en sus reclamaciones a Madrid, y ha sido muy crítico con la negativa de los ministerios a firmar los nuevos convenios de infraestructuras. Pero si en algo se ha destacado NC contra la política del Estado y se ha mostrado en plena sintonía con CC ha sido la reclamación de que las administraciones canarias puedan hacer uso de los casi 1.000 millones de superávit que acumulan entre todas ellas, algo que hasta la fecha la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha vetado en aplicación de la ley de Estabilidad Presupuestaria. El nuevo Ejecutivo regional, quizá con Rodríguez en la consejería de Hacienda, tendrá que decidir si mantiene el informe presentado por la aún consejera en funciones, Rosa Dávila, ante el Ministerio de Hacienda para utilizar los 300 millones de superávit computados hasta la fecha por la Comunidad Autónoma para usos distintos a los recogidos en la ley.

ASG, por su lado, avaló en todo momento las posiciones del Gobierno de Clavijo frente al inquilino de la Moncloa y a los diferentes ministerios implicados en la agenda canaria. Podemos, por su parte, tiene que aclarar hasta qué punto es partidario del cumplimiento de un REF que no aprobó en las Cortes, y qué tipo de relación asume con un hipotético Gobierno de Sánchez en el que, según parece, no tendrá cabida ni su partido ni su líder, Pablo Iglesias. En todas estas materias, o el PSOE canario es más exigente con el hipotético futuro gobierno de Sánchez, o NC y ASG rebajan sus exigencias al respecto, o pueden surgir desajustes importantes en la cohesión del pacto de la flores.

En otro orden de cosas, las futuras negociaciones del Estado con las comunidades autónomas sobre la reforma del sistema de financiación, o la posición de cada región en las conferencias sectoriales con los ministerios, marcarán el nivel de entendimiento entre los Ejecutivos regional y central. El cuatripartito canario deberá afinar mucho sus posiciones para cumplir las demandas históricas isleñas sobre el reparto de fondos regionales, que pasa por cubrir los 800 millones de déficit anual del Archipiélago.

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