El nuevo Gobierno regional tendrá que retomar el debate con el Estado por la inversión del superávit en el punto que lo ha dejado el Ejecutivo de Fernando Clavijo. El próximo vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, es firme defensor de cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para que los fondos del superávit se puedan destinar a los servicios públicos esenciales, algo que actualmente no permite el Ministerio de Hacienda, que sólo autoriza a que las comunidades lo utilicen para inversiones financieramente sostenibles. El líder de Nueva Canarias (NC) coincide en este asunto con las tesis de CC, lo que motivó una fuerte confrontación entre el Gobierno canario y el estatal en los últimos meses.
Sin embargo, el escenario actual no invita al optimismo ante la parálisis en la que se encuentra la política estatal y la posibilidad de que se tengan que repetir las elecciones generales, si Sánchez no es investido por el Congreso por la falta de mayoría suficiente. El procedimiento para modificar la ley tiene que pactarse entre las comunidades autónomas y el Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después llevarse al Congreso. La falta de respuesta del Ejecutivo socialista provocó que el Gobierno canario aprobará en los últimos compases de la legislatura destinar hasta 300 millones de euros del superávit a los servicios públicos, es decir, sanidad, educación y políticas sociales, algo que fue criticado por el PSOE canario pero no tanto por NC.
En unas declaraciones radiofónicas realizadas ayer, Román Rodríguez defendió el cambio de la ley que condiciona que el superávit no se pueda aplicar sino en inversiones financieramente sostenibles, a las que calificó de "tediosas y complejas". Por ello advirtió que "pelearemos con la fuerza que tenemos para que las Cortes Generales modifiquen esa ley".
En marzo el Ministerio de Hacienda hizo público que el superávit generado por la Comunidad Autónoma en 2018 fue de 947 millones de euros, el más elevado de todas las regiones españolas. Sin embargo, el Ejecutivo regional saliente discrepó de esta cantidad ya que, en su opinión, el Estado estaba incluyendo en esta cantidad los 500 millones de euros procedentes de las sentencias del Supremo sobre el convenio de carreteras. Para los nacionalistas el superávit real era de unos 300 millones de euros y fue esta cantidad de la que tiró el Ejecutivo de Clavijo para pactar con la organizaciones empresariales y sindicales su inversión en reducir las listas de espera, eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas o contratar más profesores para reducir las horas lectivas de los docentes.
Los dos procesos electorales vividos este año han paralizado la actividad política durante casi tres meses y la situación en el Estado no es halagüeña dado el bloqueo existente de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Así las cosas, el nuevo Gobierno canario iniciará su andadura con algunas incertidumbres sobre la mesa, entre ellas propiciar, junto a otras comunidades autónomas, que se cambie la ley lo antes posible para desbloquear la utilización del superávit.
Junto a este cambio de la ley, el Gobierno canario y otros ejecutivos regionales también defendían modificar los criterios de la regla de gasto para aquellas comunidades con mejores indicadores de deuda y déficit, lo que supone gastar lo que se recauda sin generar pasivo añadido, sino manteniendo el equilibrio presupuestario.
El reto de Román Rodríguez es dialogar con un Gobierno central del mismo color político que su socio en Canarias, por lo que tendrá que medir más que CC hasta dónde puede llegar en el nivel de confrontación para que Hacienda acelere el cambio de la ley y que, además, no amoneste a Canarias por la decisión del Ejecutivo de Clavijo de gastar el superávit sin la autorización expresa del Ministerio.
