El 9 de septiembre de 2011, la ejecutiva federal del PSOE decidió la expulsión "provisional" de Alpidio Armas y sus cuatro compañeros en el Cabildo de El Hierro por haber suscrito un pacto de gobierno con el PP para desalojar del poder a la AHI-CC que encabezaba Belén Allende tras la larga etapa de Tomás Padrón. El 20 de noviembre de 2013, la misma ejecutiva anunció la expulsión del partido de Anselmo Pestana y otros cinco consejeros socialistas en el Cabildo de La Palma por la moción de censura que habían firmado (y prosperó) junto al PP para llevar a la oposición a Guadalupe González Taño (CC). A 11 de julio de 2019, es decir, en este preciso día, Armas nunca fue expulsado de forma definitiva, ahora es presidente del cabildo herreño en coalición con escindidos de AHI-CC y su figura ha salido muy fortalecida como secretario insular socialista porque obtuvieron por segunda vez senador y, en algo inédito, su partido ocupa las tres alcaldías de la isla: Valverde con NC; en La Frontera, en pacto con el único edil del PP, y en El Pinar, donde siempre han obtenido mayoría absoluta desde la segregación.

Lo mismo ocurrió con Pestana y los consejeros palmeros María Victoria Hernández, Jorge González, José Basilio Pérez, José Adrián Hernández y Jovita Monterrey. Es más, Pestana ocupó la presidencia en ese pacto con el PP hasta 2015 y, luego y pese al expediente de expulsión abierto, giró su acuerdo y cogobernó hasta hace pocos días junto a CC. Ayer presentó una censura contra CC junto al PP y, por tanto, ejercerá de vicepresidente insular, aunque también suena como posible consejero de Agricultura en el Gobierno regional.

La lección que estos casos representa es que muchos expedientes de expulsión abiertos a ciertos políticos, al menos en Canarias, no solo quedan en nada, sino que no impiden perder los cargos a los que se ha accedido, no afectan a mandatos siguientes, acaban olvidándo-se por completo y hasta algu-nos afectados, incluso, terminan en puestos claves dentro de su partido.

El mejor ejemplo de esto último lo personifica precisamente el socialista Jorge González, que de expedientado por la operación en La Palma de 2013 ha pasado, tras el triunfo de Ángel Víctor Torres en las primarias para la secretaría regional, a secretario de Organización del PSOE canario.

Casos similares se han dado en los últimos años también en partidos como CC, que a escala regional reprobó y amenazó con expulsión a sus ediles de Granadilla por presentar una moción de censura (junto al PP y Cs) contra el socialista Jaime González Cejas que agrietó mucho el pacto autonómico. Esa censura prosperó, José Domingo Regalado se convirtió en alcalde y hoy lo sigue siendo junto al PP y jamás fue expulsado.

Lo mismo intentó CC con sus cuatro ediles en el Puerto de la Cruz en 2016, a los que se les instaba a censurar al PP de Lope Afonso junto a los socialistas de Marco González (actual alcalde), pero esto se topó con el rechazo unánime de la asamblea local nacionalista y nunca hubo expulsados. Además, hubo casos similares recientes en La Palma en Garafía (con Martín Taño, de CC) y Fuencaliente (con Luis Torres, del PSOE), así como otros muchos en el pasado.