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La Autoridad Fiscal avala que la deuda de carreteras se destine a gasto social

El Gobierno espera por el pronunciamiento de la Audiencia Nacional y reclama al Estado una medida excepcional l Los 500 millones todavía no se han ingresado

Pablo Rodríguez y Fernando Clavijo, ayer en el Parlamento.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) abre la puerta a que se puedan destinar los 500 millones de euros que adeuda el Estado a la Comunidad Autónoma en materia de carreteras a los servicios públicos y no a pagar deuda. El Gobierno central todavía no ha ingresado esta cantidad en la caja autonómica y tampoco hay un pronunciamiento jurídico tras la ejecución de sentencia solicitada por el Gobierno regional, en la que, entre otras cuestiones, la Consejería de Hacienda pide el criterio de la Audiencia Nacional sobre esta opción que se plantea, es decir, que los 500 millones sean para gasto social y no para las deudas bancarias.

El viceconsejero de Hacienda en funciones, Javier Armas, explica que el órgano de control de las finanzas públicas "no descarta que esta pueda ser una medida excepcional", lo que en el argot financiero se denomina operación one-off. A día de hoy esta cantidad no está ingresada en las arcas de la Comunidad Autónoma pese a que se contabilizó en el ejercicio 2018. En este sentido, la AIReF añade que, aunque Canarias tenga el derecho reconocido desde el año pasado, como no se ha hecho líquido aún porque no se ha ingresado, la Comunidad Autónoma no dispone de esos 500 millones para reducir deuda. "La AIReF entiende que el restablecimiento del equilibrio financiero por esta operación se produciría al reducir la deuda que pudo haberse formalizado en su día para financiar el déficit incurrido para la realización de las mencionadas inversiones en carreteras", explica el organismo.

El Ejecutivo regional ha alegado ante la Audiencia Nacional que la Comunidad Autónoma tuvo que restar recursos de otros servicios para destinarlos a carreteras por valor de más de 400 millones de euros, debido a los fuerte recortes que hizo en su momento el Gobierno del PP al convenio firmado entre Canarias y el Estado. "Canarias no tuvo más remedio que pagar de sus propios fondos infraestructuras para evitar graves problemas con terceros", añade Armas. Por eso se ha solicitado que este dinero se pueda ahora destinar a los servicios públicos que se dejaron de prestar en su momento.

El viceconsejero de Hacienda admite que la ley de estabilidad presupuestaria no da amparo a este tipo de peticiones y por eso espera que se considere como una medida excepcional por razones también excepcionales, lo que se considera one-off.

En el trasfondo del contencioso entre el Gobierno canario y el Estado se encuentra la pretensión del Ministerio de Hacienda de computar como superávit del 2018 los 500 millones de euros de las carreteras junto a los 300 millones generados por el exceso de ingresos de la Comunidad Autónoma en relación con la regla de gasto. El Gobierno de Clavijo ha rechazado desde el primer momento las intenciones de Hacienda y no considera esta cifra como superávit, por lo que en uno de los argumentos jurídicos expuestos por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para demandar la ejecución de sentencia se pide que estos 500 millones tengan consideración de operación excepcional y puedan ser destinados a gasto social. Tanto el Gobierno central como el canario están a la espera del pronunciamiento judicial pero el hecho cierto es que, a día de hoy la Comunidad Autónoma no dispone de esos fondos pese a ser contabilizados en 2018.

La carta remitida por la AIReF a la Viceconsejería de Hacienda es respuesta a un documento anterior remitido al órgano supervisor, entre otras cuestiones para recabar su parecer sobre el criterio utilizado por el Ejecutivo regional para amortizar deuda, que no es el mismo que el del Ministerio de Hacienda. La misiva respalda la decisión adoptada por Canarias de amortizar deuda de los años 2017 y 2018 con el superávit generado en el mismo ejercicio y no esperar a la liquidación del mismo al año siguiente, como es el criterio del Gobierno central.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sólo establece que debe usarse el superávit para amortizar deuda pública sin especificar cómo y cuándo. En este sentido, Canarias lo ha ido amortizando durante el año de ejecución presupuestaria y no ha esperado a la liquidación definitiva. En su respuesta a los argumentos de la Consejería de Hacienda, la AIReF considera adecuado "ajustar el ritmo de amortización de la deuda a la liquidez del superávit", algo que sí han tenido las arcas autonómicas en los dos años anteriores, por lo que no se ha visto obligada a endeudarse más allá de lo debido y con sus propios medios ha podido pagar deuda al tener liquidez suficiente.

Para Javier Armas Canarias sirve de ejemplo al resto de las comunidades autónomas que se vayan incorporando a la senda del superávit para decidir qué opción utilizan sin dejar de cumplir la ley. "Una vez más, los organismos independientes como la AIReF dan la razón a Canarias en materia económica y financiera frente al Estado y se demuestra que su gestión ha permitido cerrar la legislatura con 151 millones menos de deuda, según los datos del Banco de España", añade el viceconsejero de Hacienda.

Asimismo, el órgano de control de las finanzas públicas está de acuerdo con dotar a la regla de gasto de una orientación de medio plazo y, por tanto, que el "margen de gasto" que se genera al no agotar el importe máximo permitido por la tasa de referencia, pueda utilizarse en ejercicios posteriores. La AIReF pone un ámbito temporal de medio plazo -cuatro años- para compensar las desviaciones positivas con las negativas.

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