La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Tribunales | Un magistrado ante la Justicia

La Guardia Civil echa por tierra la tesis de la manipulación de la grabación a Alba

La Fiscalía ratifica su solicitud de diez años de cárcel al juez encausado al entender que conspiró en contra de Victoria Rosell

18

Juicio a Salvador Alba: pruebas periciales

Los peritos de la Guardia Civil sostienen que el audio extraído de la grabadora de Miguel Ángel Ramírez que recoge la conversación que el empresario mantuvo con Salvador Alba, magistrado suspendido en funciones, no contiene cortes, paradas, inserciones ni "sucesos carentes de lógica", por lo que avalaron su autenticidad en contra de las tesis mantenidas por la defensa que asevera que el archivo sonoro ha sido manipulado.

El juicio a Alba -al que el Ministerio Fiscal atribuye la comisión de los delitos de prevaricación judicial, cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento oficial por supuestamente maniobrar en contra de la magistrada y diputada nacional por Podemos, Victoria Rosell, para perjudicar su carrera política y judicial- se reanudó ayer en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con las pruebas periciales.

La sesión giró en torno a la grabación del encuentro extraoficial que mantuvieron el 16 de marzo de 2016 Ramírez y Alba en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, algo más de cuatro meses después de que el juez encausado tomara posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de la propia Rosell, que había solicitado la excedencia para concurrir en las elecciones de diciembre de 2015. Precisamente en ese órgano judicial se investiga desde 2014 al también presidente de la UD Las Palmas, entonces vinculado a Seguridad Integral Canaria (SIC), y a la propia compañía, ahora propiedad del que fuera mano derecha de Ramírez, Héctor de Armas, por un delito fiscal contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Alba, al poco tiempo de llegar al Juzgado número 8, también imputó a De Armas en esa misma causa.

En esa reunión secreta, grabada por el propio empresario, la Fiscalía sostiene que Alba pacta con Ramírez una declaración para que éste acreditase vínculos empresariales con la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, para perjudicarla. El fiscal Vicente Garrido asegura en su informe de acusación que Alba realizó afirmaciones "inveraces" en el domento que remitió al Tribunal Supremo, a instancias de éste, después de que el exministro José Manuel Soria presentase una querella contra Rosell en la que la acusaba de retardar de forma maliciosa la investigación abierta a Ramírez. Todas las acusaciones en contra de la magistrada, tanto en la vía penal como en la disciplinaria, se archivaron, pero impidieron a Rosell presentarse a los comicios de junio de 2016.

Al concluir las pruebas periciales propuestas por las partes, la Fiscalía ratificó su solicitud de diez años de prisión y 29 de inhabilitación a Alba. La acusación popular, que ejerce Rosell en calidad de víctima, así como las acciones populares que impulsan Sosa y Podemos, también se reafirmaron en sus posiciones iniciales con una única salvedad en el caso de la formación morada, que elevó el delito de prevaricación judicial que atribuye al magistrado a continuado.Ruidos y cotejo de voz

Los peritos del Servicio de Criminalística de la Benemérita subrayaron que los ruidos que aparecen en la grabación son compatibles con roces de la grabadora con la chaqueta, donde la portó Ramírez. El audio, bajo el nombre REC 0004, fue encontrado por los agentes en la papelera del dispotivo, que contenía seis. En el transcurso de la conversación, que la defensa mantiene que está manipulada, se hacen referencias a varios jueces y políticos, como Antonio Doreste, presidente del TSJC; José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, o a la jueza Carla Vallejo.

Ramírez, que grabó la conversación con Alba sin conocimiento de éste, entregó en sede judicial un pendrive con la grabación de la reunión, recogida en los audios REC 0001 y REC 0002. Lo hizo el 11 de mayo de 2016, ocho días después del cese del juez encausado en el Juzgado de Instrucción número 8 y tras el paso de un mes y medio de su declaración oficial, supuestamente pactada. Los peritos de la Guardia Civil concluyeron que ambos archivos fueron extraídos de REC 0004, de mayor duración, y en la que no aprecian cortes ni ediciones de ningún tipo.

El perito propuesto por la defensa, Jonathan Hellín, contradijo las aseveraciones de los especialistas de la Benemérita e insistió en que existen numerosos indicios de que el audio, que se reprodujo en la sala, está manipulado. Ante el tribunal, presidido por José Félix Mota, Hellín sostuvo que el archivo es producto de una manipulación previa con la eliminación de algunas partes, cambio de volúmenes y el solapamiento de ruidos para disimular pausas u ocultar algunos fragmentos. "El ruido es una forma de camuflar cosas, camuflar que ha habido un corte porque la conversación no coincide", esgrimió.

Atestiguó, asimismo, que algunas de las frases que se achacan a Alba no fueron pronunciadas por él. Mientras que los especialistas de la Guardia Civil apuntaron a que REC 0004 no tiene la calidad suficiente para realizar un cotejo de voz, Hellín señaló que "entre todo el ruido e inserciones", ha podido analizar en torno a un 30%. El perito de parte explicó que la grabación de la voz a Alba, a través de un relato espontáneo, la lectura de un texto y la pronunciación de expresiones que se escuchan en la grabación, se hizo ante notario por parte de un compañero suyo que le envió los audios para él hacer el cotejo. Una de las acusaciones le preguntó por qué no aportó el acta notarial, a lo que respondió que entendía que era algo que correspondía a la defensa. De ese 30% analizado, aseguró a su vez que no todo es atribuible al magistrado.

El juicio, que concluye hoy con la presentación de los informes finales por parte de las acusaciones y de la defensa, queda visto para sentencia. Salvador Alba tendrá primero derecho a hacer uso de la última palabra.

Compartir el artículo

stats