El Ministerio Fiscal acusó ayer al magistrado Salvador Alba de poner su función judicial "al servicio de intereses personales". El fiscal Vicente Garrido, que le atribuye la comisión de los delitos de prevaricación judicial, cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento oficial al entender que maniobró para perjudicar a la también jueza y ahora diputada nacional por Podemos, Victoria Rosell, recalcó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que Alba utilizó su posición de poder como juez, orientó el procedimiento en el que se investiga desde 2014 al empresario Miguel Ángel Ramírez por un delito fiscal contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y buscó contratos que acreditasen vínculos empresariales entre el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, y el también presidente de la UD Las Palmas con un "propósito espurio".
Después de cinco intensas sesiones, el juicio a Alba, suspendido en funciones, llegó a su fin y quedó visto para sentencia. La defensa, en contra de las tesis defendidas por las partes acusatorias, mantuvo que los hechos que se juzgan se basan en un relato "artificioso e inveraz", que tanto los archivos aportados por Ramírez en un pendrive (REC001 y REC002) del encuentro que Alba mantuvo con el empresario el 16 de marzo de 2016 en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial -que niega que fuese clandestino- como el encontrado por los peritos de la Guardia Civil en la grabadora (REC004) han sido manipulados y que toda la causa está "contaminada". Los letrados de Alba, que ha permanecido en el estrado como parte de su propia defensa, solicitaron al tribunal presidido por José Félix Mota la adopción de la "nulidad absoluta del procedimiento".
La defensa arremetió contra Ramírez, cuya palabra, a su juicio, no merece "mucha credibilidad" porque "tenía interés en trastocar el procedimiento en el que es investigado". Los abogados de Alba indicaron al tribunal que el empresario ha cambiado de versión a lo largo del proceso y que presentó al inicio un informe pericial "falso". "Ramírez tenía interés en ir -a la reunión- para chantajear al juez y montar una encerrona a Alba", esgrimió la defensa.
Las partes acusatorias consideraron, en cambio, que con las testificales y periciales ha quedado acreditado que Alba cometió los delitos que le atribuyen. El fiscal solicita diez años de prisión y el resto de acusaciones -la acusación particular que ejerce la propia Rosell en calidad de víctima y las acciones populares impulsadas por Sosa y Podemos- piden hasta 13 años de cárcel al achacarle un delito más al acusado, el de negociaciones indebidas a funcionarios.
Tanto el fiscal como el resto de partes acusatorias defienden la autenticidad de la grabación, tal y como sostienen los peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en contra de las conclusiones del perito de la defensa, que mantiene que algunas frases atribuidas a Alba no fueron pronunciadas por él. La consistencia de dichas conclusiones fueron puestas en duda por las acusaciones. El fiscal incidió, a su vez, en que el archivo sonoro otorga un "plus" de fiabilidad y que "no es más que un medio de corroboración de lo que dice Ramírez".
Asimismo, las acusaciones destacaron que no quedó acreditada ninguna vinculación comercial trascendental entre Sosa y Ramírez y cuestionaron el testimonio del que fuera mano derecha del dueño de Ralons, Héctor de Armas, testigo sorpresa de la defensa, que mantiene en una carta que Ramírez facilitó en Madrid el audio a Sosa antes de presentarlo en sede judicial. Ese encuentro fue negado por Ramírez y Sosa. Los abogados de Alba defendieron, por su parte, el crédito de la declaración de De Armas.
