La Autoridad Fiscal rebaja el temor de Torres y da por hecho que habrá superávit

Torres explicó que el análisis de la Autoridad Fiscal pone de manifiesto "un desvío presupuestario que está muy por encima del techo de gasto permitido, en porcentajes de un ocho o un 9%, y que va a llevar consigo con absoluta seguridad, tal y como han corroborado desde la Consejería de Hacienda, que este año 2019 no vayamos a tener superávit, sino todo lo contrario". Sin embargo, el informe de la AIReF no solo no dice que Canarias caerá en déficit, como vaticinó el jefe del Ejecutivo autonómico, sino que mantiene la previsión de que se registrará superávit un año más, de ahí que el asunto saltara al ruedo político. "Está diciendo que Canarias no va a tener superávit, y eso no es lo que dice el informe, eso es falso", respondió la que fuera consejera de Hacienda hasta hace solo semanas, Rosa Dávila.

El organismo avisa que la Comunidad Autónoma está en "riesgo alto" de incumplir la regla de gasto, pero no de incurrir en déficit, y ambas cosas son compatibles. La regla de gasto es la que dice que ni el Estado, ni las autonomías, ni los cabildos, ni los ayuntamientos pueden incrementar su gasto más allá de una tasa de referencia de crecimiento del PIB nacional a medio plazo. La tasa la calcula el Ministerio de Economía con el objetivo de evitar que el desembolso público se disparate y garantizar que haya ingresos para financiarlo. El problema de la regla de gasto es que en determinadas instituciones que la han cumplido, y el Gobierno regional así lo hizo en los dos últimos ejercicios, ha tenido un efecto perverso. ¿Cuál? La creación de un superávit estructural en los casos, como los de Canarias o la generalidad de los ayuntamientos, en que los ingresos (por el crecimiento de la recaudación de impuestos, por ejemplo) superan con mucho los gastos. Si el empleo de determinados fondos en una inversión o un servicio público implica que se gaste por encima de la tasa de referencia que fija el Ministerio, entonces la inversión no puede llevarse a cabo y el dinero debe computarse en el superávit. Superávit que, además, solo puede destinarse para liquidar deuda bancaria (la única alternativa son las llamadas inversiones financieramente sostenibles, pero estas restringen muy mucho el margen de maniobra de los gobiernos). El hecho de que se obligue a Canarias a emplear el superávit para pagar deuda, cuando se trata de una de las regiones menos endeudadas del país, es lo que llevó al Ejecutivo que presidió Fernando Clavijo a exigir que se exceptuara a las Islas de su aplicación. El Gabinete de Pedro Sánchez ignoró la petición y, además, transfirió 145 millones al filo de 2019, con lo que no dio tiempo a gastarlos y pasaron a superávit, como también ocurrió con unos 500 millones de la deuda que el Estado tenía con la Comunidad Autónoma por los recortes del convenio de carreteras. Canarias se encontró así con un superávit que engordaba hasta 947 millones, lo que se convirtió en el detonante de que el anterior Gobierno decidiera saltarse la regla de gasto y emplear una parte de ese dinero en fines sociales.

Es este incumplimiento, proclamado por el propio Clavijo y aplaudido por los sindicatos y la patronal, el que ahora corrobora la AIReF, que, en cambio, cree que Canarias seguirá teniendo superávit, o lo que es lo mismo: más ingresos que gastos por más que el anterior Ejecutivo ignorase la regla para contratar más profesores o poner en práctica nuevas medidas contra las listas de espera sanitarias. "A pesar de reducirse el escenario de ingresos, se sigue esperando que la comunidad alcance un superávit en 2019, pero empeoran las estimaciones de regla de gasto", reza el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.