Las críticas que vertió el miércoles el actual Gobierno de Canarias contra la "herencia envenenada" que, en palabras de Román Rodríguez (NC), les dejaron sus predecesores de Coalición Canaria (CC) tuvo respuesta ayer por parte de la anterior consejera de Hacienda, Rosa Dávila. "Lo único que han recibido es una comunidad autónoma que ha cumplido escrupulosamente todos los años y con unas cuentas saneadas", aseguró la diputada regional, que criticó "los 170 millones de euros recortados" por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres (PSOE) "para no exigir a Madrid los 724 millones que adeuda a las Islas".
En los dos últimos consejos de gobierno, el Ejecutivo del Archipiélago ha retenido créditos "no esenciales", según explicó Rodríguez, también vicepresidente y sucesor de Dávila, por valor de 140 millones de euros, en el primero, y 30 millones, en el de esta semana, para "sobre todo garantizar las nóminas de profesores y profesionales sanitarios". Estos pagos serían complicados de atender, sobre todo a final de año en caso de no adoptar estas medidas, en opinión también presidente de Nueva Canarias (NC).
El motivo de estas decisiones, siempre según el responsable de las arcas canarias, es un "error de cálculo" de 480 millones de euros cometido en el capítulo de ingresos por la anterior consejera de Hacienda.
Rosa Dávila, que también es vicesecretaria general de Políticas Sectoriales de CC, definió una vía a la tranquilidad del balance presupuestario y pasa por que el cuatripartito -PSOE, NC, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)- abandone la "sumisión" con respecto al Gobierno central y reivindique lo que es "de todos los canarios".
Román Rodríguez, al que la anterior consejera de Hacienda se refirió como "el señor manostijeras", señaló el miércoles que esperan conseguir de Madrid 408,6 millones de euros: 223 millones de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que han quedado atrapadas por la prórroga presupuestaria, y 185,6 millones que suman las obras realizadas e incluidas en la adenda del anterior convenio de carreteras y el primer plazo de los 500 millones que debe el Estado, sentencia judicial mediante- por la suspensión unilateral del mencionado acuerdo de infraestructuras viarias decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en plena crisis económica.
"Que reclamen la deuda al Gobierno de España y que se dejen de gimoteos y de hablar de la herencia recibida", espetó la parlamentaria autonómica al actual Ejecutivo que preside Torres. Una de las decisiones que tomó ella como consejera de Hacienda y se incluyó en las cuentas canarias en vigor fue la reducción en medio punto del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Dicha medida se encuentra entre las más criticadas por su sucesor junto con la reducción de jornada de docentes y sanitarios. Rodríguez vio en esta última la sombra del electoralismo, ya que se decidió a falta de poco más de tres semanas de los comicios autonómicos del pasado mes de mayo. También recalcó que la iniciativa se adoptó "sin cobertura presupuestaria".
Contra estas críticas, Coalición sostuvo ayer, siempre por boca de Dávila, que entregó una comunidad con "la deuda más baja" de España y que ha "incrementado en más de 2.000 millones" el presupuesto en los últimos años. Además, citó como destinos de este crecimiento "la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales". Mientras que el actual Gobierno, "en apenas tres semanas, ha quitado a los canarios 170 millones de euros".
A los 724 millones de euros en que los nacionalistas cifran la deuda que Madrid mantiene a día de hoy con el Archipiélago, la exconsejera de Hacienda sumó "los convenios que tienen que suscribirse y firmarse para que lleguen todos los recursos". En cambio, Dávila calificó al cuatripartito de "cómplice de la estrategia de Pedro Sánchez" por estar dispuesto a "recortar a los canarios" para "no importunar" al Gobierno central.
Coalición Canaria advirtió asimismo de que existe ya "una nueva coyuntura económica" negativa que va a tener que gestionar el actual Gobierno regional; "eso se llama gobernar", incidió la exconsejera de Hacienda.
Entre los factores negativos a los que se tendrán que enfrentar Ángel Víctor Torres y su equipo, Dávila citó la "caída de la confianza empresarial" por la "situación política en España", en referencia a las dificultades que existen para tener un nuevo Ejecutivo estatal y la consiguiente cercanía de la amenaza de repetición de las elecciones generales en noviembre.
A ello añadió la cercanía de "un brexit duro", sobre todo desde la llegada a Downing Street de Boris Johnson, uno de los principales valedores del abandono del proyecto europeo de manera drástica. Esa ruptura por la calle de enmedio "hará caer la libra con toda seguridad".
Efectos de la devaluación
La devaluación de la moneda británica conllevará una mayor dificultad de índole económica para que los ciudadanos británicos se desplacen a Canarias como turistas. De hecho, la cercanía misma del momento de la desconexión -31 de octubre- ya retrae a muchos de ellos a la hora de contratar sus viajes (ver página 38).
Del mismo modo, el sector tomatero medita en qué medida plantar para la próxima zafra. A partir del 1 de noviembre, no tendrían sentido las ayudas europeas que ahora reciben para el transporte y la comercialización de sus productos en Gran Bretaña, que sería ya un tercer país y no un integrante de la Unión como hasta ahora.
A estas altura resulta más realista pensar en la negociación de un acuerdo comercial con Reino Unido -los expertos señalan que pueden pasar hasta cinco años hasta que se aclare el estatus en todos los frentes- que en una excepción para el sector hortofrutícola de las Islas por la condición ultraperiférica de estas.
"Nosotros también tuvimos que gobernar ante situaciones complicadas, con elecciones generales, con presupuestos [estatales] prorrogados, con conflictos territoriales en Cataluña, pero nunca dejamos de cuadrar las cuentas y jamás recortamos", relató Rosa Dávila. "Bajamos la deuda, bajamos los impuestos, pero sobre todo y lo más importante, la herencia que hemos dejado a este nuevo gobierno es haber reducido el paro desde un 33% al 20%", continuó.
Las autoridades fiscales españolas certificaron año tras año el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y gasto por parte del anterior Ejecutivo. Ante ello, Román Rodríguez detalló que han sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Secretaría de Estado de Hacienda las que se han dirigido al Gobierno para exigir medidas capaces de corregir el rumbo errático que han tomado las cuentas este año.
