El Gobierno canario se reúne hoy en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de aliviar las cuentas regionales. Mal momento. No han pasado ni 48 horas desde que un informe de la Abogacía del Estado ha determinado que un gobierno en funciones no puede enviar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, 223 millones de euros en el caso de las Islas. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez (NC), instó ayer a cambiar la ley para salvar este obstáculo.
"Bien el propio Ejecutivo, o bien los grupos parlamentarios pueden presentar la iniciativa", explicó. ¿Hay tiempo para aprobar esa variación normativa? Rodríguez recordó al respecto que en el año "2011, y en solo un mes, agosto además, se cambió la Constitución".
Según ese esquema quedaría todo en el plano de la voluntad política. Las comunidades autónomas en su conjunto braman por el agujero que provoca en sus arcas la ausencia de esas transferencias que les hace el Estado para atender los servicios básicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales como la dependencia.
El Gobierno canario ya ha declarado como no disponibles 170 millones de euros correspondientes a partidas no esenciales incluidas en el presupuesto para este año. Expuso como principal motivo para ello un supuesto error de cálculo del anterior Ejecutivo a la hora de elaborar el capítulo de ingresos. Un agujero que el propio Rodríguez cifró en 480 millones de euros y contra el que resultan fundamentales estos 223 millones de euros.
La defensa del Archipiélago
En su discurso de investidura, el presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), que encabeza la delegación que se sienta hoy ante la ministra Montero, aseguró que defendería los intereses del Archipiélago "con firmeza y siempre desde el diálogo", con independencia de que el Ejecutivo central esté comandado por su partido u otro.
La cita de hoy pone a prueba por vez primera esa declaración de intenciones y ya se puede aventurar que no va ser fácil arrancar un compromiso. El principal hándicap al que se enfrentan los negociadores canarios es el contexto de tensión que se vive en la política nacional, con la repetición de las elecciones el próximo 10 de noviembre como telón de fondo.
Ayer mismo, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo (ver página 31), instó a Partido Popular y Ciudadanos a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez para consolidar un nuevo Ejecutivo, lo que permitiría transferir sin trabas las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Desde esos dos partidos arreciaron las críticas por el traspié que supone la situación para las regiones, a las que consideran rehenes de Pedro Sánchez.
Incluso dentro del propio Gobierno canario ya hay quienes entienden que el Ejecutivo central en funciones ha decidido dar una patada hacia adelante a este problema a la espera de que se celebren nuevos comicios.
Pocas serán las comunidades que podrán cumplir los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto si tienen que pagar con fondos propios los servicios esenciales para los ciudadanos.
Tras la segunda retención de fondos aplicada en el Consejo de Gobierno, Román Rodríguez ya avanzó que habría que seguir posponiendo actuaciones incluidas en las cuentas en el caso de que las conversaciones con Madrid se salden con un fracaso. Sobre la mesa también estará la consecución de una fórmula que permita no computar como superávit los 500 millones de euros que Madrid debe por la sentencia de carreteras.
