La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves a los representantes del Gobierno de Canarias que llegará el dinero pendiente de la financiación autonómica para las comunidades "antes del 15 de diciembre".

Así lo han señalado el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez, tras reunirse con la ministra para tratar sobre este asunto y otros relacionados con las islas.

Según Rodríguez, Montero está dispuesta a encontrar fórmulas y mecanismos, que no ha desvelado, para que ese dinero sea transferido antes de final de año, pesar de las limitaciones que tiene el Gobierno por estar en funciones y con los presupuestos prorrogados.

Canarias estima en 223 millones de euros la cantidad a cuenta que se le tiene que transferir.

Torres ha señalado que se van "contentos" de la reunión, "larga y que tendrá continuación el próximo día 3", tanto por este anuncio, como por las otras cuestiones relacionadas con Canarias.

Ha precisado que la ministra también se había comprometido a desbloquear los 42 millones de euros pendientes del Plan Integral de Empleo, por lo que se pondrán poner en marcha políticas activas de empleo.

Además, ha continuado Torres, Montero se ha mostrado abierta a "buscar fórmulas" sobre las partidas que el Estado adeuda a Canarias por el Convenio de Carreteras y el dinero proveniente de las sentencias del Tribunal Supremo y su destino final.

Ha recordado que 500 millones les son computados a Canarias como superávit, por lo que debería ser empleado para amortizar la deuda y el Gobierno autonómico quiere que vaya a gasto social, para lo que es necesario que se "arbitren fórmulas" de "carácter finalista" para esa cantidad, lo que se tratará en esa reunión del 3 de septiembre, también con los responsables de Fomento.

Tanto Torres como Rodríguez han reconocido que el contexto es complejo al estar el Gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados, "que impactan en el conjunto del Estado", según el vicepresidente.

Rodríguez, que ha agradecido el tono y la disponibilidad de la ministra, pero sin "soluciones definidas", ha indicado que están elaborando los presupuestos de 2020, sin conocer el techo de gasto, ni las cantidades a cuenta que recibirán de la financiación autonómica, por lo que "los hacemos a ciegas" y supone "una grave inconveniencia" que suplirán "con imaginación".

Rodríguez le ha planteado a Montero la conveniencia de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, aunque la ministra no lo descarta, "está limitada" para tomar decisiones, al estar en funciones y con las cuentas prorrogadas.

Respecto a que esta situación afecte también a las transferencias económicas a las autonomías, le ha planteado que se tramite una ley "exprés" que dé cobertura al Ejecutivo central para librar los anticipos a cuenta de la financiación autonómica.

A su juicio, "la interinidad del Gobierno no ayuda, pero hay que resolver el problema cambiando las reglas", ya que "cuando el Ejecutivo no resuelve, está el legislativo, que está plenamente vigente".

En ese contexto es cuando Montero les ha anunciado que el dinero llegará antes de final de año y Rodríguez ha precisado que la ministra les ha dicho que "busca resquicios" y "a esta ministra se la entiende", por lo que se ha mostrado confiado en que cumpla.

Rodríguez ha indicado que la ministra considera que va a encontrar una solución", pues está "comprometida la gobernabilidad de quince comunidades autónomas", aunque "no nos descubrió como lo va a hacer".

Respecto al convenio de carreteras, Torres ha insistido en que el anterior Gobierno canario debió resolverlo "en su momento", pero "la confrontación de entonces", en diciembre de 2018, "impidió la firma" y "se perdió la oportunidad".

Preguntado por la situación de las cuentas canarias, el vicepresidente ha señalado que heredaron unos presupuestos "con problemas, con rebaja de impuestos y previsiones de ingresos excesivas, lo que, junto con la falta de transferencias a cuenta por parte de la Administración central, han motivado que haya un "déficit excesivo" en el segundo trimestre y el incumplimiento de la regla de gasto.

Ambos se han referido a los 170 millones de euros retenidos del presupuesto para destinarlos a pagar las nóminas de los profesionales de la sanidad y educación, por lo que, ha reconocido que tienen un problema y pueden acabar con un Plan económico y fiscal impuesto por el Ministerio de Hacienda.

Torres ha señalado que hubo una "mala previsión" del Gobierno saliente y una "política gravosas de gastos", al ser 2019 un año electoral.