Canarias y el Estado reiniciaron ayer los contactos al más alto nivel para tratar de reconducir la situación de sus relaciones financieras y el pago de los fondos que la Administración central está pendientes de transferir a las Islas en conceptos tan importantes como la financiación autonómica, de la que dependen los servicios básicos prestados por la comunidad autónoma, y las carreteras, cuyo último convenio bilateral está superado por la realidad de la deuda del anterior, de más de 600 millones. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se entrevistaron por primera vez con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y establecieron los "cauces" para intentar buscar fórmulas que resuelvan las dificultades técnicas y legislativas que bloquean esos fondos, en particular los 223 millones que corresponderían a Canarias por las entregas a cuenta correspondientes al 2019 pero no transferidos por no disponer de nuevos presupuestos estatales.
Torres y Rodríguez lanzaron un mensaje positivo de fondo sobre la voluntad del Gobierno central de resolver los pagos pendientes, pero sin dejar de reconocer que de momento no hay medidas o fórmulas concretas sobre cómo hacerlo, aunque sí una agenda de reuniones entre ambas partes para seguir trabajando en ello. Hay una visión clara de que esta primera reunión del nuevo Gobierno regional con el todavía en funciones de Pedro Sánchez es el primer paso para una búsqueda de acuerdos, pero todavía lejos de alcanzarlos.
En relación con los fondos de la financiación autonómica, el más acuciante cráter surgido a la nueva administración autonómica, la ministra Montero garantizó a ambos dirigentes canarios que el ministerio pagará antes del 15 de diciembre las entregas a cuenta al conjunto de las comunidades autónomas y que está estudiando la fórmula de cómo hacerlo para sortear el impedimento legal, conformado por un informe de la Abogacía del Estado, de que un gobierno en funciones no tiene competencia para ello.
Congreso
Tanto el presidente como el vicepresidente canarios reconocieron que Montero no les había avanzado la fórmula que contempla para llevar a cabo ese pago, aunque dieron a entender que la ministra había rechazado la posibilidad, planteada ayer mismo por Canarias, de aprobar una ley exprés en el Congreso para facultar a un Ejecutivo en funciones hacer esos pagos.
Montero sí comparte la necesidad de cambios legislativos en ese sentido, pero no de forma urgente para ese caso, sino de fondo en la futura reforma del sistema de financiación autonómica.
En todo caso, Torres y Rodríguez confiaron ayer en que el ministerio plantee una medida viable que garantice a Canarias para este ejercicio presupuestario esos 223 millones pendientes, si bien consideraron que la fórmula más factible y operativa sería la inmediata investidura y la conformación de un nuevo Gobierno en España. Apostaron por una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el asunto junto al resto de comunidades autónomas, que la ministra no descartó convocar pero reconociendo que sin gobierno plenamente operativo no habría capacidad decisoria. "La ministra nos dice con claridad que el gobierno buscará los mecanismos para garantizar las cantidades a cuenta de este ejercicio, y que en cualquier caso las comunidades autónomas debemos contar con los recursos que se notificaron en julio de 2018. Las cantidades a cuenta se tendrán que transferir sí o sí y ella sostiene que está buscando los mecanismos para hacerlo posible", explicó el consejero de Hacienda. "Nosotros entendemos que cuando las normas no resuelven los problemas, se cambian las normas. Cuando el Ejecutivo no resuelve por problemas normativos, para eso está el Legislativo. El Ejecutivo está en funciones, pero el Legislativo está en plenas competencias", defendió Rodríguez antes de recordar que "hay ejemplos de cómo el Legislativo tiene una gran capacidad de maniobra y rapidez, como es el caso de la reforma constitucional (artículo 135 sobre estabilidad presupuestaria) en agosto del 2011 porque hubo condiciones y consenso suficiente". Rodríguez dijo que la ministra cree que "el cambio debe ser global para darle automatismo al sistema de financiación y no este nivel de dependencia de la estabilidad política y de que haya ley de presupuestos o no". "Nos no ha dicho cual es la solución, pero es plenamente consciente de que hay comunidades que tienen tensiones de tesorería", sostuvo el consejero.
En relación con la deuda en carreteras, Torres y Rodríguez trasladaron ayer un mensaje central que difiere del que sostenía el anterior Ejecutivo regional, y es que Madrid siempre ofreció a Canarias la posibilidad de un convenio sobre la ejecución de sentencia para el pago de 600 millones a lo largo de ocho años sin que la comunidad autónoma renunciara a demandar en los tribunales otros más de 300 no ejecutados pero contenidos en el convenio anterior. Según el anterior Gobierno regional, Fomento les obligaba a renunciar a esa demanda judicial, razón por la que no firmó los dos convenios complementarios propuestos cuando se rubricó el actualmente en vigor el pasado 22 de diciembre, de 1.800 millones hasta el 2025.
"Lamentamos que no se firmara ese convenio porque se puso sobre la mesa al Gobierno saliente una propuesta de diferir en años esos 500 millones y no se firmó, lo cual hizo que esa cantidad hoy está contemplada como déficit para el Gobierno de España y superávit para el Gobierno de Canarias", explicó ayer Torres.
El compromiso adquirido ayer por Montero es que se estudiarán todas las fórmulas posibles para "buscar posibilidades de convenio con carácter finalista". "Nosotros reclamamos que esa cantidad se pueda destinar, no a amortizar deuda, sino a gasto público a través de un convenio y la ministra se ha comprometido a trabajar esta opción a pesar de sus dificultades", resaltó el presidente de Canarias.
Rodríguez, por su lado, recalcó que "hay como mínimo 500 millones que son de Canarias y que hemos ganado en los tribunales" y sostuvo que "este asunto debió resolverse en el convenio firmado en diciembre, a través de un acuerdo para la ejecución de sentencia". Según él, el conflicto político entre los gobierno regional y central impidió que se suscribiera, y que "esa pérdida de oportunidad hizo que la Intervención General del Estado colocara esos 500 millones en el superávit de Canarias del año 2018". Ahora se estudiará cómo transferirlos a las Islas y que pueda destinarse a gasto social o inversiones. El martes día 3 hablarán del asunto con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el de consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis.
