La redefinición de las relaciones financieras y la situación de los pagos estatales pendientes es sin duda el gran argumento de la agenda canaria en Madrid. Según el anterior Ejecutivo nacionalista, hay 1.500 millones de deuda estatal con las Islas, más de 200 correspondientes a partidas presupuestarias sin ejecutar, y 864,7 del anterior convenio de carreteras (sin contar intereses de demora) que sentencias del Tribunal Supremo obligan a pagar. Es uno de los asuntos espinosos en la nueva dinámica de relaciones entre dos gobiernos que, por ahora, son ambos de signo socialista. En la reunión del martes próximo entre Ángel Víctor Torres y el consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se tratará de poner orden y calendario a esos pagos, pero queda por ver si el ministerio sigue sin reconocer la diferencia entre lo conveniado y no pagado, tal como pide Canarias, o sólo accede a pagar lo que la comunidad autónoma gastó de su bolsillo en obras (600 millones). La diferencia es de en torno a 400 millones incluyendo los intereses de demora.

Otro asunto que desgraciadamente se ha colado en la agenda canaria en Madrid tiene que ver con los terribles incendios de este verano en Gran Canaria, sobre los que hay un pleno consenso de que deberán arbitrase medidas urgentes que palíen los efectos que la tragedia medioambiental tenga sobre los sectores primario y turístico. Ambos ejecutivos deberán ponerse de acuerdos y coordinar qué medidas aprobará cada uno sobre la materia así como los calendarios para su puesta en marcha.

Por otro lado, Canarias también se encuentra pendiente de la inminente entrada en vigor de un brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre, si no hay novedades en las relaciones entre Londres y Bruselas, y necesita con urgencia medidas que ayuden a los sectores agrícola y turístico unos efectos que ya se están dejando notar y que se incrementarán gravemente con la nueva situación.