El principio de acuerdo que el martes alcanzaron los gobiernos central y regional para saldar la deuda del Estado con la Comunidad Autónoma en materia de carreteras „de alrededor de mil millones de euros„ difícilmente podrá firmarse mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúe en funciones. Es el mismo Abogado del Estado el que se opone a que se plasme un acuerdo que implique comprometer la política presupuestaria del próximo Gobierno. Una negativa que no es caprichosa, sino que tiene que ver con una de las grandes limitaciones a que se enfrenta cualquier Gabinete en funciones, ya que la interinidad le impide tomar decisiones „incluso las de carácter extraordinario„ que puedan comprometer la ejecución del programa político del Ejecutivo que lo suceda. Por eso el Abogado del Estado se ha "empeñado", tal como reconoció ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en recordar con insistencia "que no se pueden tomar decisiones" que traspasen los límites a los que por ley debe atenerse un Gabinete provisional.

Así pues, el objetivo es dejar todo atado para que en cuanto haya nuevo Consejo de Ministros solo quede pendiente rubricar el acuerdo. Un objetivo al que contribuye el "cambio de actitud" del Estado, admitió Pérez, una mejor disposición que encarnan los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, y Hacienda, María Jesús Montero, duramente criticados por el anterior Gobierno de CC. El portavoz del Ejecutivo regional hizo hincapié, no obstante, en que el principio de acuerdo para saldar la deuda „el origen está en los recortes de los gobiernos del Partido Popular al convenio de carreteras entre 2012 y 2016„ tiene pendiente dar con la fórmula o fórmulas de pago. Eso sí, Canarias no renuncia ni a un solo euro de los mil millones en liza. Se discute cómo se liquidará la deuda, pero no el montante de la deuda.

El portavoz del Gobierno dijo que el presidente, Ángel Víctor Torres, no solo es exigente en este tema frente al Gabinete de Sánchez „por más que ambos compartan color político, en este caso el del PSOE„, sino que incluso es, al menos en su opinión, "más exigente" de lo que fue su inmediato antecesor, Fernando Clavijo. Cosa distinta, puntualizó el que fuera secretario de Estado de Justicia, es que el actual jefe del Gobierno canario ha optado por compatibilizar la exigencia con el entendimiento en lugar de con la confrontación, en lo que fue una crítica apenas velada al anterior Ejecutivo. "Cada uno gestiona las cosas como quiere", precisó Pérez.

El portavoz explicó que a pesar del principio de acuerdo alcanzado esta semana, el Gobierno mantendrá el incidente de ejecución de sentencia que presentó ante el Supremo el anterior Gabinete. El incidente se centra en los casi 400 millones de euros que el Ministerio de Fomento no reconoce como deuda porque a pesar de estar incluidos en los convenios de carreteras no llegaron a ejecutarse por los recortes del PP. En este caso, si la resolución judicial "no fuese satisfactoria", el Ejecutivo tratará de que la cantidad se incluya en el nuevo convenio para que llegue a las Islas de un modo u otro. Están luego otros 500 millones de la deuda que sí están reconocidos „Canarias los puso de su bolsillo para que no se paralizaran las obras por el hachazo del PP„ pero que el Ministerio de Hacienda transfirió tarde y mal el año pasado y quedaron computados como superávit. Con esta parte se estudia la posibilidad de que se suscriban nuevos convenios, si bien la interinidad del Gobierno central, como viene avisando el Abogado del Estado, ralentiza el proceso.

La diputada nacional de CC Guadalupe González Taño avisó ayer a Torres que es "absurdo" argumentar que el Estado no puede afrontar el pago por la interinidad del Ejecutivo. "El Estado siempre está, no tiene ningún sentido", se quejó Taño, que exigió el abono inmediato de la deuda y criticó a Torres por haber ido a Madrid "a sacarse la foto". "No pueden escudarse en nada", sentenció.