La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena al magistrado Salvador Alba a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación al considerar probados tres de los cinco delitos por los que estaba procesado. El fallo recoge que Alba cometió prevaricación, cohecho y falsedad en documento público durante los seis meses (entre noviembre de 2015 y mayo de 2016) que ocupó la titularidad del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de la magistrada Victoria Rosell, a la que intentó perjudicar con actuaciones "ilícitas" y la instrumentalización deliberada de las diligencias que se instruían en el Juzgado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por presuntos delitos contra la Hacienda pública.
El tribunal declara a Alba de forma unánime culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de cohecho -por los que le impone tres años de cárcel y 15 de inhabilitación- y de otro delito de falsedad en documento oficial, que importa una condena de tres años y seis meses de prisión y tres de inhabilitación especial. Además, la sentencia impone a Alba multas por un valor total de 12.150 euros y le obliga a indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños ocasionados. La condena implica que Salvador Alba queda fuera de la carrera judicial, si bien puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Durante el relato de los hechos, el ponente del TSJC -José Félix Mota Bello- vincula las actuaciones realizadas por Salvador Alba en los meses que asume el Juzgado de Instrucción número 8 a intentar desacreditar a Rosell, por entonces diputada de Podemos en el Congreso, y para ello se vale del empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con quien se reunió sin su abogado con la intención de incorporar a la causa los contratos que unían a las empresas de Ramírez con el periodista y pareja sentimental de Rosell, Carlos Sosa, con el fin de demostrar la presunta parcialidad de la magistrada y dañar su carrera. Al mismo tiempo, Alba se comprometía a favorecer a Ramírez declarando la nulidad de las actuaciones que se seguían en su contra.
Para el TSJC, se ha probado que existía una animadversión entre Alba y Rosell y también que el procesado "torció" un procedimiento penal para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminarla. De esta forma, ofreció a Ramírez la posibilidad de archivar su caso no solo por una mera nulidad formal, sino entrando "al fondo del asunto" de forma que quedara definitivamente a salvo de las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social por el presunto fraude en las cotizaciones de sus empleados.
Querella de Soria
En varias partes de la sentencia, el TSJC menciona al exministro y expresidente del PP, José Manuel Soria, que había presentado una querella contra Rosell ante el Tribunal Supremo. De hecho, en el fallo se recoge que Alba ocultó de forma deliberada al Supremo el acuerdo que había alcanzado con Ramírez cuando Soria amplió la querella por las vinculaciones de Sosa con el empresario. Posteriormente el Alto Tribunal admitió la querella contra la magistrada, lo que provocó su dimisión como diputada.
La Sala de lo Penal desestima la petición de la defensa de Alba relacionada con la grabación que realizó Ramírez de su entrevista con el magistrado, solicitando que se denegara como prueba. Sin embargo, la sentencia no sólo la admite sino que considera que es un medio de prueba "fiable" en base a los informes de los peritos de la Guardia Civil. El tribunal considera "intolerable" e "impropio" de un juez que utilice su posición sobre un investigado para realizar una instrucción arbitraria con una clara intencionalidad. El fallo menciona que hubo un "intercambio de favores" que se evidenció en la posterior declaración de Ramírez ante Alba unos días después de su reunión privada.
Una de las principales conclusiones del fallo es que "desde el principio de las actuaciones se ha observado la realización de actos procesales dirigidos a obtener información que pudieran comprometer la imparcialidad de la Sra. Rosell, con instrumentalización del procedimiento a tal fin; se alcanzó un acuerdo ilícito dirigido a obtener la nulidad del cierre del procedimiento, con la escenificación de la entrega voluntaria de información con el objetivo de perjudicar a la anterior instructora, teniendo presente el procedimiento penal, pendiente de admisión por la Sala Segunda en el Tribunal Supremo. Querella que, por lo demás, va a ser admitida previo informe del juez instructor, dirigido al Tribunal Supremo, con omisión de datos relevantes relacionados con la actuación descrita".
Salvador Alba estaba acusado además de otros dos delitos: revelación de secretos, por una posible filtración a la prensa, y negociaciones prohibidas a funcionarios. Del primero, dice la sentencia que no se ha podido demostrar que él fuera quien filtró las declaraciones de Ramírez incriminatorias contra Rosell a dos periódicos; del segundo, aclara que esa posible infracción ya está cubierta por los cargos de prevaricación, cohecho y falsedad.
En su cuenta de Twitter, el secretario general de Podemos, formación de la que es diputada de nuevo Victoria Rosell, Pablo Iglesias, señaló tras conocerse la sentencia que "no es frecuente que se haga justicia pero a veces ocurre. Intentaron destruir a la magistrada Rosell por presentarse a las elecciones con Podemos. Hoy las cloacas pierden a uno de los suyos". La propia Rosell se mostró satisfecha con la sentencia después de "tres años de sufrimiento": "Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos, porque admito como magistrada que es difícil de comprobar", subrayó.
