La familia Alonso-Lamberti está litigando para recuperar un edificio de Rocar S.A. en El Aaiún, que tuvo que abandonar hace más de 40 años por la Marcha Verde, cuando en un convulso e histórico 1975 unos 50.000 civiles marroquíes invadieron simbólicamente el Sahara español. A raíz de ahí, con Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado en funciones -Franco ya agonizaba en Madrid-, España, Marruecos y Mauritania firmaron el Acuerdo Tripartito de Madrid, en el que España reiteró la intención de descolonizar el Sahara.
Estos acontecimientos afectaron a las empresas españolas y canarias afincadas en El Aaiún, que dejaron atrás sus propiedades. Algunas se acogieron a las ayudas del Gobierno español, cediendo sus posesiones, pero otras empresas, como Rocar S.A., optaron por no solicitar indemnización a la administración española, que habilitó un fondo para ello, porque conllevaba la pérdida de los derechos. Su propiedad, un edificio de 2.690 metros cuadrados, fue ocupada ilegalmente por una persona de la zona, que ha puesto un negocio de montaje y venta de neumáticos y materiales de construcción y, además, alquila las cuatro viviendas de este inmueble que se construyeron para albergar a los técnicos que se desplazaban a El Aaiún desde la empresa de Las Palmas de Gran Canaria.
El litigio se inicio en los años 80 pero Carlos Alonso-Lamberti ha emprendido de nuevo acciones por la vía diplomática y judicial, con tres visitas a esta ciudad, desde 2013, y espera finalmente que la autoridades marroquíes echen a los inquilinos que ocupan su edificio para recuperar la propiedad.
Esta familia, de origen italiano y gallego, creó una fábrica en Lanzarote, en el islote del Francés, que se llamaba Rodolfo Alonso- Lamberti, Industrias de la pesca y sus derivados, en el año 32. Fue el abuelo de Carlos Alonso-Lamberti quien fundó Rocar S.A.,gestado con las iniciales de los nombres de sus abuelos: Rodolfo y Carmen. El inicio de la industria está relacionado con la actividad pesquera, harinas de pescado, fábrica de sal y con la madera hasta el 58. Ese año se produce una operación comercial con una división pesquera del grupo Fiat y se exportan en torno a 100 toneladas de túnido a Italia y, como consecuencia de ello, se genera una relación comercial a través de la cual consiguen el contrato de distribuidores e importadores exclusivos de Fiat, automóviles y vehículos industriales para toda Canarias. Se consigue la marca Opel y todas las marcas de General Motors.
La empresa decide dar el salto al Sahara, independientemente de los barcos que faenaban en el banco saharaui y que traían sardinas y túnidos a Canarias de la costa del Sahara que transformaban en la fábrica de Lanzarote. La decisión de instalar en El Aaiún la concesión de automóviles viene derivada también de la facilidades fiscales y de negocio en la zona. "Los vehículos no pagaban ningún tipo de impuestos", cuenta Alonso-Lamberti. El primer documento donde consta que Rocar S.A. existe en El Aaiún con una actividad certificada por el Gobierno es en el año 1961.
La concesión se basa en adjudicar a la empresa propietaria de un solar de 2.650 metros cuadrados la posibilidad de la actividad comercial e industrial y de la edificación con un proyecto supervisado por el Gobierno de la provincia. En el año 71, con el edificio terminado, y operativo a todos los niveles, con más de 35 empleados, se dedican a la distribución y venta de automóviles, camiones, repuestos, servicios post venta y reparaciones. Suministraban a la población española relacionada con las tropas allí destacadas y a la administración de la provincia. "Se vendieron más de 2.300 automóviles y camiones, de muchísimo valor, sobe todo a Fosfatos de Bou Craa que necesitaba camiones especiales", expone.
Tenían una parcela, con un volumen de edificación del 70% y con cuatro viviendas preparadas para los técnicos de Las Palmas y un equipo de la administración central de la Isla que iban a supervisar el negocio. Allí había un administrador y un director general y todo el equipo de mecánicos, recambistas y almaceneros, parte españoles y parte saharauis.
Desde los años sesenta desarrollan este próspero negocio hasta que tienen que abandonarlo por la Marcha Verde, en el año 75. "Salimos de allí como pudimos, el personal volvió y se liquidó a los empleados saharauis", cuenta. Se pudieron evacuar los vehículos nuevos y se quedaron los usados y una cantidad importante de recambios por valor de varios millones de las antiguas pesetas además de todo el utillaje del taller, relata.
Las puertas se cerraron a cal y canto. Carlos Alonso-Lamberti indica que la construcción del edificio costó una fortuna y hubo que pagar tasas e impuestos.
Y cuando el edificio se quedó cerrado una persona de la zona rompió los precintos y entró en la propiedad. Cambia las cerraduras, ocupa las viviendas y todo el centro de talleres, almacenes y de exposición se utiliza para un negocio de montaje y venta de neumáticos y materiales de construcción. "Han montado un negocio, sin papeles, como si fuera de ellos", expone el propietario.
Los dueños le requieren el abandono del edificio. Acompañado de abogados, su padre Carlos Alonso-Lamberti y Prieto se desplaza a El Aaiún en los años 80 para gestionar la salida de esta persona, pero sin mucho éxito porque el ocupante actúa para evitar ser expulsado del edificio. "Desde el punto de vista jurídico era un entramado complicado, dieron muchos pasos pero la complicación era importante y se quedó en un stand by", relata. Los ocupantes vinieron incluso a Canarias para intentar comprar el edificio "por una cantidad ridícula", afirma,y la familia se negó. En estos momentos están llevando una actuación legal y diplomática para conseguir desalojar esta persona que ocupa "un edificio sin pagar y realquilando las viviendas", añade.
La documentación de la concesión está en el colegio de registradores de Madrid. El terreno tiene un levantamiento topográfico de 2.690 metros cuadrados, enclavado en la popular Avenida Hassan II, la Mesa y López de El Aaiún.
