Canarias se encuentra en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas cuyas corporaciones locales aprueban más acuerdos con reparos de los interventores o que omiten en los expedientes el trámite de fiscalización previa. En su último informe sobre el sector público local, el Tribunal de Cuentas detecta que en el balance del ejercicio de 2017 los ayuntamientos y cabildos canarios solventaron 5.497 informes contrarios a los reparos de la intervención por un montante total de 410,5 millones de euros. Estas cantidades colocan a las Islas como la segunda comunidad con más expedientes en esta situación -después de Valencia- y con más fondos acumulados en los mismos tras Andalucía.
Otro aspecto que vulnera la buena praxis en la rendición de cuentas de las administraciones públicas es la omisión del trámite de fiscalización previa en los expedientes administrativos. El órgano encargado de inspeccionar las finanzas públicas desvela en su análisis que las corporaciones del Archipiélago obviaron este trámite en 479 expedientes, que suponen 29 millones de euros sin inspeccionar por los órganos fiscalizadores habilitados. Aquí Canarias no se encuentra en cabeza pero sí es la séptima comunidad en volumen.
Según el Tribunal de Cuentas, fueron 2.120 millones de euros el total de fondos que se gastaron las corporaciones locales de todo el país con reparos de los interventores en un total de 45.391 acuerdos. Las decisiones de los regidores municipales donde más levantan reparos se refieren a los expedientes de contratación -el 41% de los acuerdos-, mientras que los gastos de personal suponen el 30% de los peros que ponen los fiscalizadores del gasto público.
Las corporaciones locales canarias utilizan con profusión tanto la contratación como los convenios para el desarrollo de sus prestaciones y servicios a la ciudadanía. Sin embargo, no son tan ágiles a la hora de remitir los mismos en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas. La ley estipula una serie de plazos para que este tipo de expedientes y sus gastos correspondientes sean fiscalizados en plazo por los órganos auditores de cada comunidad autónoma y, con posterioridad, sean dirigidos al órgano central. Según el último informe, Canarias es la comunidad con mayor número de convenios comunicados pero sin enviar el expediente. Las entidades locales de las Islas son las que firmaron convenios con compromisos económicos superiores a 600.000 euros de los que no habían remitido los expedientes preceptivos, representando casi la mitad del total y el 71% del importe de los expedientes de convenios pendientes de remitir. Tampoco se quedan atrás las corporaciones isleñas en los contratos que suscriben para obras y prestación de servicios. En 2017 no llegaron al Tribunal de Cuentas 142 contratos de un volumen total de 128,6 millones de euros, la cuarta comunidad en cuantía y la tercera en número de expedientes.
Reproches del tribunal
La rendición de cuentas en los plazos previstos por la legislación sigue siendo una asignatura pendiente por parte de las administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, diputaciones, cabildos y mancomunidades. El Tribunal de Cuentas reprocha a las entidades locales que dilaten en exceso los plazos para rendir cuentas de sus finanzas "teniendo en cuenta que el desarrollo de las nuevas tecnologías permitiría formar, tramitar, aprobar y rendir la cuenta general en plazos más reducidos, situación reiteradamente advertida por el Tribunal de Cuentas". Canarias no escapa de esta situación y en el informe recoge que el retraso medio de las corporaciones canarias para presentar sus cuentas es de 44 días frente a los 30 días de media. Esta demora sólo es superada por Galicia, con 45 días, mientras que La Rioja también acumula 44 días de media.
El órgano fiscalizador nacional destaca que a 31 de diciembre de 2018, un año después de finalizar el ejercicio fiscalizado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -entidad de las mayores de 100.000 habitantes- y los cabildos de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura no habían remitido las cuentas. Hasta el 23 de junio de este año seguía en la misma situación la corporación insular majorera.
En lo referido al periodo medio de pago a los proveedores el municipio de Telde sigue figurando en la lista negra del tribunal, aunque teniendo en cuenta que se trata de la cuenta general del ejercicio de 2017. El municipio teldense era en ese ejercicio el cuarto ayuntamiento de España con más demora en el pago a los proveedores con un total de 245,22 días tras Ayamonte, Algete y Punta Umbría. También Telde se encontraba entre las primeras corporaciones con mayor importe de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en el ejercicio de 2017 tras Parla y Madrid. También figura un poco más atrás Santa Cruz de Tenerife.
Otro aspecto que analiza el Tribunal de Cuentas son las principales anomalías en los ingresos detectados durante el ejercicio y que se refieren sobre todo a la recaudación de impuestos. Canarias es, con diferencia, la comunidad donde hay más problemas en este sentido. Según el informe, se registraron 346 anomalías por un importe de 160 millones de euros, el 58% del volumen total. El ranking lo encabeza los impuestos locales, las tasas y la enajenación de inversiones reales. El 95 % del número de expedientes con anomalías en materia de ingresos se produjo en los ayuntamientos, destacando el hecho de que el 55 % de ellos son de más de 100.000 habitantes, según el informe.
