La convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre viene en el peor momento posible para Canarias. Actualmente las cantidades que el Estado no ha transferido aún a la Comunidad Autónoma o se están negociando entre ambas administraciones superan los 1.300 millones de euros por los fondos pendientes del convenio de carreteras, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y varias partidas incluidas en los presupuestos estatales de 2018 y en la prórroga de este año vinculadas al Régimen Económico y Fiscal (REF).

El contencioso de las carreteras sigue protagonizando una buena parte de la agenda negociadora del Gobierno canario con el central. El adelanto electoral no hace sino ralentizar y demorar los plazos administrativos y las soluciones jurídicas para que Canarias pueda invertir los 500 millones de euros de la deuda de carreteras, que Hacienda ha imputado al superávit de este año. Fuentes de la Consejería de Hacienda advierten que, pese al panorama político estatal por el adelanto electoral, el Ejecutivo regional no se resigna y será "firme y exigente" para que estos fondos no se destinen únicamente a amortizar deuda.

Los 400 millones restantes provenientes de las sentencias judiciales están aún pendientes de las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Obras Públicas. El principio de acuerdo entre ambas administraciones es reprogramar el nuevo convenio firmado en diciembre de 2018 para incluir esta partida, conveniada pero no ejecutada, en las distintas anualidades del acuerdo. Además también hay pendientes parte de los fondos provenientes de la adenda del convenio anterior, 60 millones en total. Todo ello requiere de un Gobierno con capacidad de decisión ya que se trata de nuevos gastos plurianuales.

Las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica suponen para Canarias 223 millones de euros más. Ayer el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, aseguró que estos fondos llegarán en diciembre pese a las elecciones y la interinidad del Gobierno estatal hasta más allá de fin de año porque es el compromiso adquirido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no sólo con Canarias sino con todas las comunidades autónomas, que tienen pendientes de transferir unos 7.000 millones de euros.

La prórroga del presupuesto estatal de 2018 ha supuesto una complicación técnica y jurídica añadida que se mantendrá en los próximos meses porque la cita electoral del 10 de noviembre supone que la prórroga se extenderá a 2020. En el caso de que haya nuevo Gobierno a principios del próximo las cuentas no estarán al menos hasta mitad de año. De esta forma se mantiene la incertidumbre sobre las partidas de convenios que están en el presupuesto pero que siguen sin llegar a las arcas autonómicas. Es el caso de los 42 millones para infraestructuras educativas, 15 millones de infraestructuras turísticas, otros 40 millones de obras hidráulicas, 30 millones para luchar contra la pobreza y otros fondos para actuaciones en el litoral, potabilización de agua, banda ancha o convenios de renovación de viviendas.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró ayer tras firmar la transferencia del PIEC con la ministra Magdalena Valerio que "los problemas que recibimos están siendo resueltos". Ángel Víctor Torres señaló que su Gobierno ha llegado para "construir" y no va a perder "ni un euro, ni un duro" para Canarias a pesar del adelanto electoral.