"Todos los días". De este modo responde Morgan Freeman, en Cadena Perpetua, y con ese símil cinematográfico el portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, reveló ayer los contactos que mantienen diariamente el Gobierno de Canarias con el Ejecutivo central en funciones para que el Estado agilice los fondos que tiene pendientes de transferir a las Islas y, en especial, los 223 millones de euros de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Las llamadas diarias las protagonizan el presidente canario, ´Ángel Víctor Torres, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, con el Gobierno de Pedro Sánchez para "arañar" los recursos de las deudas pendientes, explicó el portavoz. No obstante, volvió a garantizar ayer que los 223 millones llegarán antes del 13 de diciembre y recalcó que están buscando todas las fórmulas legales para que el dinero sea transferido, incluso los 900 millones del convenio de carreteras, aunque las elecciones estén a la vuelta de la esquina.
El portavoz del Gobierno considera que con la convocatoria de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre podría haber incluso más "resquicios" para que el Ejecutivo central transfiera a Canarias los 223 millones. Pérez explicó que existen razonamientos jurídicos que indican que como ya no se espera un gobierno de manera inminente el Ejecutivo central, a pesar de continuar en funciones, puede tener mayor margen de actuación. "Ese es uno de los caminos para que el Estado encuentre una vía para que puedan liberarse los fondos", expresó. Esta vía se utilizaría para las transferencias a cuenta, pues las limitaciones con la deuda de carreteras es de otro tipo y su transferencia es "más fácil", expuso señalando que ya se han liberado los 42 millones del Plan Integral de Empleo (PIEC) de Canarias.
En cualquier caso, el Gobierno de Torres descarta por ahora realizar nuevos ajustes presupuestarios, pues Julio Pérez "no imagina" que no lleguen esos recursos a las Islas. La Consejería de Hacienda ya ha tenido que adoptar medidas para no incurrir en déficit y ha reasignado 170 millones de euros en créditos presupuestarios no esenciales que irán destinados al pago de las nóminas del personal de Educación y Sanidad.
Al respecto, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró ayer que "casi" tiene la solución para abonar a las comunidades autónomas las cantidades pendientes de las entregas a cuenta, que se encuentran bloqueadas por la situación de interinidad del Gobierno. "Hay que dejar que trabajen los cuerpos técnicos del Ministerio, que son los que definitivamente las tienen que validar antes de diciembre", explicó. La ministra, que no detalló cómo sería este mecanismo, insistió en que hay un problema de tesorería, no presupuestario, que para la mayoría de las regiones equivale a unos 15 días de pago, por lo que criticó que "algunos estén utilizando las entregas a cuenta para supuestamente justificar su inacción", informa Efe.
Pago al personal
Para el Ejecutivo regional la parte "menos buena" de la convocatoria de otras elecciones es que se consolida la "anomalía" económica y política del país, con una situación que se produce por primera vez: dos prórrogas presupuestarias. Con ello, el Gobierno canario debe elaborar "casi a ciegas" los presupuestos de 2020 sin conocer la previsión de ingresos y el techo de gasto estatal, y con la losa a la espalda de que se pueda incumplir el objetivo de déficit. Pese a ello, las cuentas canarias se presentarán en octubre.
Entre sus prioridades, el Ejecutivo tiene claro que no se van a rectificar las medidas que el anterior Gobierno acordó para el personal sanitario y educativo con la reducción de la jornada laboral. Por tanto, el pago de la nómina, de en torno a 200 millones de euros, es prioritario y se presupuestará en las próximas cuentas buscando recursos de otros partidas. Julio Pérez censuró las "razones electoralistas y en el último minuto" para adquirir esos compromisos que no contaban con asignación presupuestaria, pero el actual Gobierno va a mantener ese gasto. "Nos toca aplicar la medida que no adoptamos", sostiene, y recuerda que otra prioridad es la Ley de Servicios Sociales pero tienen 18 meses para desarrollarla.
