Los consejeros del Cabildo de La Palma que fueron expulsados del Partido Popular por pactar con el Grupo Socialista y presentar una moción de censura contra la nacionalista Nieves Lady Barreto (CC), Carlos Cabrera, Raúl Camacho y el propio presidente insular, Mariano Hernández, han decidido retirar la demanda judicial que habían interpuesto contra su exclusión de la formación conservadora, en la que se defendía que se habían vulnerado derechos fundamentales.

Esta nueva decisión se fundamenta en un intento claro y manifiesto por llegar a un acuerdo amistoso con la dirección nacional, aunque sin romper, al menos en un futuro cercano, el pacto de gobierno que los expulsados mantienen con los socialistas en la institución insular, y que ambas partes aseguran que está siendo beneficioso para el interés general. La nueva presidenta regional del PP, María Australia Navarro, se reunió ayer por la mañana con los consejeros, pero declinó hacer "al menos hoy (por ayer)" cualquier tipo de valoración sobre el nuevo panorama que se puede abrir en la Isla.

Los tres consejeros comparecieron ante los medios de comunicación con el gesto torcido, dejando entrever que la retirada de la demanda judicial no había sido una decisión sencilla, sobre todo cuando sus letrados daban ciertas garantías de lograr desde hoy las medidas cautelares a su favor, lo que implicaba, entre otras cuestiones, la asignación de retribuciones económicos y, además, con carácter retroactivo.

"El peor momento"

Hernández manifestó que están siendo momento muy duros, "los peores que hemos atrave-sado nunca, tanto mis compañeros, con una trayectoria mayor, como yo". Fue incluso más lejos y reconoció que es una situación que no recomienda "pasar a nadie".

Ahora bien, el presidente cabildicio no escondió que desde el primer momento que decidieron pactar con el Partido Socialista y censurar a Nieves Lady Barreto, ya eran conscientes de la situación a la que se arriesgaban, pero asegura que "una cosa fue imaginarla y otra cosa vivirla y sufrirla".

Hernández explicó lo que ya se sabía: "teníamos convocada para mañana [por hoy] una cita judicial para las medidas cautelares, y hemos decidido, en acuerdo con el Partido Popular en La Palma, retirar esa demanda y la solicitud de medidas cautelares, para de esa manera no chocar con el PP y no llegar a una confrontación directa en la vía judicial con nuestro partido".

Era un camino de no retorno que han preferido evitar. No escondió que su única intención es "seguir tendiendo puentes [con la dirección regional y nacional] e intentar que en un futuro se pueda encontrar una vía de diálogo que nos permita regresar de alguna manera a la que entendemos que sigue siendo nuestra casa, que no es otra que el PP".

Dos no dialogan si uno no quiere. Zapata espera que ahora "el partido muestre predisposición" y que pronto estemos hablando de que "existe esa vía".