La Comunidad Autónoma busca excepciones en la legislación para estabilizar a sus empleados, es decir, reducir el elevado número de interinos y temporales que trabajan para la Administración. Una de las opciones es que este personal se acoja únicamente al concurso de méritos para consolidar el empleo y se pueda obviar la oposición, una fórmula que tiene sus riesgos tras la impugnación del Estado ante el Constitucional de la medida incluida en los presupuestos autonómicos de este año de hacer fijos a los funcionarios interinos mayores de 50 años sin necesidad de opositar.
Esta iniciativa fue incluida a última hora en el debate de los presupuestos tras las peticiones de los sindicatos para estabilizar el empleo público autonómico. Pero las centrales sindicales no quedaron satisfechas por considerar que se discriminaba por la edad. El Gobierno central presentó un requerimiento al considerar que esta iniciativa vulnera la legislación básica estatal y, tras una negociación entre ambas administraciones, se ha recurrido al Tribunal Constitucional, por lo que la medida ha quedado en suspenso.
Las cifras que baraja el Ejecutivo regional de precariedad en el sector público son alarmantes. En algunos de los ámbitos de la Administración autonómica supera el 50% como en Sanidad, pero la media alcanza el 40% en Justicia, el 39% en Educación y el 32% en la Administración General. En cifras absolutas son cerca de 22.000 empleados públicos los que se encuentran en alguna de las modalidades de temporalidad, una tasa que, lejos de descender, ha seguido aumentando en los últimos años pese a que también se han regularizado las ofertas públicas de empleo.
El Estatuto Básico del Empleado Público permite el sistema de concurso de méritos como medida excepcional por causas determinadas. Una de estas excepciones puede ser la precariedad laboral prolongada por los años acumulados trabajando para el sector público sin que la plaza se consolide, algo achacable a la Administración y no al trabajador.
El problema de las altas tasas de temporalidad en las administraciones públicas españolas ha sido llevado en varias ocasiones al Tribunal de Justicia de la UE, que hace unos años falló a favor de hacer fijos a los empleados que acumulen más de tres años consecutivos haciendo las mismas funciones. Ahora se está pendiente de un nuevo fallo comunitario sobre este asunto que podría modificar las decisiones que se adopten en este sentido.
En la reunión celebrada el pasado lunes entre el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y su equipo con los representantes de los sindicatos canarios se puso este asunto sobre la mesa. El departamento autonómico explora la vía de posibles excepciones sin vulnerar la ley básica estatal. Otra fórmula supondría modificar la Ley de Función Pública de Canarias para adaptarla a los nuevos tiempos y profundizar en las alternativas para reducir la tasa de temporalidad.
En una comparecencia reciente en el Parlamento, el consejero Julio Pérez admitió que "con un 30% de interinidad nadie hace nada bien" y precisó que no todas las situaciones de interinidad son anómalas.Para corregir esta situación, el Gobierno ha abogado por llevar a cabo "procesos de consolidación del empleo público", pues la calidad del empleo público condiciona la calidad del servicio público y la administración en las Islas.
Los sindicatos reclaman celeridad al Ejecutivo para que estos procesos de consolidación del empleo público no se dilaten en el tiempo. El portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, considera que el Gobierno debería introducir una nueva enmienda o artículo en la ley de presupuestos autonómicos de 2020 corrigiendo la que ha tumbado el Estado. González es partidario de extender el concurso de méritos a todo el personal interino sin distinguir por edad, buscando las excepciones que permite la legislación.
Por su parte, el representante del sector público de CC OO, José Ramón Barroso, estima que las medidas de consolidación del empleo público deben beneficiar a todos los colectivos de la Administración, pero suelen "chocar" con las leyes estatales, por lo que deben estar bien fundamentadas para que puedan prosperar. Estas dificultades han provocado que los problemas de las convocatorias de consolidación sean numerosos porque se enfrentan también a impugnaciones y recursos de los que se consideran perjudicados. A este escenario hay que añadir la crisis económica que provocó que se acumularan año tras año las tasas de reposición sin cubrir y, como consecuencia, que aumentara la brecha de los temporales e interinos sobre los fijos.
Por el CSIF, Javier Galván cree que Europa tendrá que determinar qué se puede hacer una vez que dé a conocer el fallo que tiene pendiente y que puede poner a España de nuevo entre la espada y la pared ante la gran temporalidad en la Administración.
