Sánchez libera los fondos autonómicos en plena precampaña y antes de lo prometido

Pese a las explicaciones que se dan desde el Ministerio de Hacienda para justificar el cambio de posición por parte de la Abogacía del Estado, cuyos informes al respecto eran hasta ahora contrarios a los pagos, las sospechas de que se trata de una decisión condicionada por la situación política están muy generalizadas. Una de las razones que se alegan para negar el carácter electoralista de la medida es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció al Gobierno de Canarias en agosto que se estaba buscando una fórmula legal y que se transferirían esos fondos antes del 15 de diciembre, es decir, dos meses después de lo que se acuerda ahora.

Fue en la primera entrevista entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, con Montero, celebrada el 29 de agosto, y con el escenario de fondo de un anunciado recorte del gasto en las Islas por un desfase presupuestario de 482 millones. Canarias necesitaba urgentemente que se libraran las entregas a cuentas de la financiación autonómica suspendidas por la prórroga presupuestaria estatal del 2018, y por un informe de la Abogacía del Estado, fechado el 27 de agosto, que advertía la ilegalidad de que tal pago se hiciera por parte de un gobierno en funciones. Torres y Rodríguez fueron los primeros dirigentes políticos de todo el Estado en conocer y anunciar las intenciones de la ministra de buscar una salida alternativa ante la emergencia de tesorería que ya afectaba a varias comunidades autónomas.

En todo caso, el Gobierno de Canarias pone ahora el foco en la importancia de poder recibir esos fondos cuanto antes, "en las próximas semanas", y lo sitúa en el haber del Ejecutivo central en relación con sus compromisos con las Islas. Román Rodríguez señala que este pago, junto al acuerdo adoptado el 19 de septiembre para que Canarias reciba 37,7 millones de los 101 que se incluyen en la adenda al convenio de carreteras que expiró en 2018 (paralos 63,3 millones restantes, cuyas obras no se han certificado por el Gobierno regional, hay un acuerdo con Fomento para que se incluyan en el acuerdo actual), "va dando cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias en agosto para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma". La reclamación de estas medidas, recuerda Rodríguez, "figuraban en el paquete de propuestas aprobadas por el Ejecutivo para corregir los desequilibrios de los presupuestos regionales por vía de los ingresos y evitar un déficit excesivo".

Desde el ministerio de Hacienda se insiste en que "no hay un cambio de criterio de la Abogacía del Estado, sino que las circunstancias han cambiado y las elecciones del 10 N permiten esa salida". Según esa teoría, como ya es seguro que no habrá nuevo Gobierno este año, ya no se genera un compromiso de gastos por un Ejecutivo en funciones en el mismo ejercicio económico. Así lo establece el nuevo informe de la abogada general del Estado, Consuelo Castor, pese a las reticencias de parte de algunos de los técnicos de Hacienda.

Sin embargo, los partidos de la oposición y la mayoría de los gobiernos autonómicos, incluidos algunos socialistas, ven una clara intención electoralista en la decisión porque consideran que el Ejecutivo de Sánchez ha esperado a la convocatoria electoral para impulsar ese cambio de criterio en los servicios jurídicos del Estado. La candidata de CC al Congreso Ana Oramas calificó ayer de "total desvergüenza y un ejercicio de oportunismo" el anuncio de la Abogacía del Estado de autorizar la liberación de esos fondos, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de "usar y manosear" a la Abogacía del Estado. Desde el PSOE, la candidata al Congreso por Las Palmas, Elena Máñez, recordó a "quienes con fines electoralistas buscan intoxicar y distorsionar una medida beneficiosa para Canarias ", en referencia a las declaraciones de Oramas al respecto, que "cumplir con los compromisos con Canarias no es electoralismo sino responsabilidad".

Más allá de la visión política que cada parte tiene sobre la actual situación, lo cierto es que cuando Montero anunció que pagaría los fondos antes del 15 de diciembre, es cierto que no estaban convocadas aún las elecciones, pero daba por descontado que no habría nueva sesión de investidura de Pedro Sánchez, tras la fallida de finales de julio, y que el presidente en funciones no contaba con presentarse a una nueva sesión, dando por segura la consiguiente convocatoria electoral.

La fecha del 15 de diciembre que la ministra puso como límite al pago de estos fondosera orientativa para no descartar formalmente la posibilidad de una investidura y que un nuevo gobierno la aplicara ya sin limitación de funciones. Todo ello indica que no hay garantía alguna de que esa fecha pueda servir de demostración de que el Gobierno no haya adelantado la decisión y utilizado a la Abogacía del Estado por la convocatoria electoral.