La Comunidad Autónoma fracasa en su intento de adquirir viviendas vacías en el mercado privado. Hasta tres concursos desiertos, elevados precios inasumibles por las arcas públicas, inmuebles en mal estado o inacabados y pisos en zonas alejadas de las áreas donde se concentra la demanda han desembocado en que apenas se hayan conseguido 180 viviendas por este procedimiento, la mayoría de ellas en las islas no capitalinas, mientras que en Gran Canaria y Tenerife el panorama es más deslador.
Si en algo coinciden el Gobierno regional anterior y el actual es en las enormes dificultades para conseguir casas asequibles en manos de los bancos, las inmobiliarias y la Sareb, también conocida como banco malo. La exconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, advierte que el mercado inmobiliario se encuentra en un periodo de "especulación máxima" debido a la carestía del alquiler y al despegue de la compraventa de casas. "La vivienda se ha convertido en un negocio y conseguir pisos asequibles para alquileres sociales es muy complicado", añade Valido. La actual diputada de CC también advierte que los bancos se han ido deshaciendo de los inmuebles para dejarlos en manos de fondos de inversión, lo que dificulta aún más que se puedan conseguir pisos en condiciones para las familias más desfavorecidas.
En la misma línea se pronuncia la actual directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), María Isabel Santana. Lamenta que la mayoría de las 180 casas que se han podido adquirir estén ubicadas en las islas no capitalinas y que se quede desierta la opción de conseguir pisos en las zonas turístias y en las áreas metropolitanas de Gran Canaria y Tenerife.
Uno de los problemas con los que se ha encontrado el Gobierno es que los bancos ofrecen viviendas que están inacabadas y en la mayoría de las ocasiones la inversión para acabarlas es muy costosa, por lo que terminan por no interesar. Santana admite que el repunte en el alza de los precios también ha perjudicado la intención de buscar inmuebles en el sector privado.
La emergencia habitacional que provocan las desahucios es otra problemática con la que se encuentra el ICV. La directora explica que la prioridad del Ejecutivo es parar los lanzamientos negociando con los bancos y las inmobiliarias hasta que las familias afectadas puedan mejorar su situación económica. Según los datos del Instituto Canario de la Vivienda en lo que va de este año se han logrado paralizar 315 desahucios, la mayoría de ellos por impago del alquiler ya que los lanzamientos hipotecarios se han reducido.
Santana explica que para aquellas situaciones en las que se lleva a cabo el desahucio definitivo hay pisos habilitados por el ICV para acoger a las familias afectadas. En la actualidad hay dos pisos destinados a ese fin porque se procura paralizar el desalojo antes de que sea definitivo.
La opción de comprar viviendas vacías a los promotores privados y a los bancos no es nueva, ya que desde la legislatura 2011-2015 se comenzaron los trabajos por parte de la entonces consejera de Vivienda Inés Rojas. El Gobierno presidido por Paulino Rivero incluyó en la reforma de la Ley de Vivienda la expropiación del uso de las viviendas vacías o en desuso. Sin embargo esta alternativa fue recurrida por el Estado en el Tribunal Constitucional, al igual que ocurrió con Andalucía.
Ante esta situación también se barajó la compra directa de viviendas ante la falta de fondos para construir nuevas casas sociales, pero todos los intentos que se han realizado han resultado infructuosos.
