El relevo de José Carlos Naranjo Sintes como administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC) tropieza con dudas jurídicas, el momento preelectoral y la falta de un modelo claro del Gobierno y los grupos que le apoyan sobre el futuro de los servicios informativos. El Ejecutivo regional quiere alcanzar el máximo consenso con los grupos de la oposición y por eso convocó el martes a los portavoces de CC y PP, pero la sustitución de un administrador único por otro no está clara en la ley ya que se trata de un cargo excepcional y de transición hasta el nombramiento del director general, algo que todavía no se ha producido porque no se ha desarrollado la ley modificada en diciembre de 2018.

La figura del administrador único se introdujo en una modificación puntual realizada en junio del año pasado de forma provisional y se consolidó en diciembre para que su mandato no expirase hasta que no se nombrara al director general de la empresa pública. Ahora el Ejecutivo quiere sustituir al actual administrador pero las dudas jurídicas surgen porque se trata de un cargo creado por una ley -la 1/2018 de 13 de junio- ya superada por la 6/2018, de 28 de diciembre, que lo único que hizo fue prorrogar su mandato hasta que se eligieran a los miembros de la Junta de Control y al director general, pero no contempla los mecanismos necesarios para relevar al administrador al tratarse de un puesto meramente transitorio.

Los principales grupos que respaldan al Ejecutivo, PSOE y NC, quieren modificar la norma de diciembre entre otras cuestiones para que la designación de los miembros de los órganos de gobierno sea por concurso público y no por los grupos parlamentarios. Lo que no está claro es si esta modificación se hará de inmediato, lo que prorrogaría el mandato del administrador único, o más adelante, lo que pondría en marcha el procedimiento para que el Parlamento designe a la Junta de Control y al director general.

Las dudas jurídicas surgidas por el relevo del actual responsable de RTVC llegan en un momento de inestabilidad política y pugna partidista por la cercanía de las elecciones generales del 10 de noviembre. La actual ley fue respaldada por CC, PP y ASG y contó con el voto en contra de PSOE, NC y Podemos. Ahora las tornas han cambiado en la política canaria y el ambiente de tensión preelectoral no ayuda a alcanzar los consensos necesarios.

Pero tanto nacionalistas como populares también quieren como cuestión previa a pactar nombres y cargos en la RTVC que el Ejecutivo aclare qué modelo de televisión quiere, dado que no hay unanimidad de criterios entre los cuatro grupos que forman el pacto regional. Los principales grupos de la oposición esperan que el Gobierno se defina sobre los servicios informativos, el futuro de los casi 300 trabajadores que están subrogados por el ente público y el mandato-marco, documento que debe recoger el modelo sea mixto, como hasta ahora, o enteramente público, como parece que es el sentir mayoritario de los grupos que apoyan al Gobierno.

Las principales líneas maestras de la norma vigente prevén la constitución de una Junta de Control, en sustitución del Consejo Rector anterior, y se crea la figura del director general en lugar del presidente del Consejo Rector. Además también se crean los consejos asesor y de informativos.

A diferencia de lo que se recogía en la anterior ley de 2014, el director general no forma parte de la Junta de Control, que tendría su propio presidente y vicepresidente con carácter rotatorio. Tanto los seis miembros del nuevo órgano como el principal ejecutivo de la RTVC son elegidos por la Cámara por una mayoría de tres quintos.

Acerca del Consejo Asesor, la ley recoge que está formado por un total de 25 miembros, de los que siete serán nombrados por los cabildos, otros siete por el Gobierno de Canarias, tres por la industria cultural, audiovisual y periodística, más dos representantes del propio ente, dos vocales de trabajadores de empresas privadas que prestan servicios, y dos últimos representantes de las universidades y del Consejo Escolar de Canarias.

El texto vigente cambia la modificación puntual de junio de 2018 para ampliar el mandato del administrador único, que en un principio era de seis meses improrrogables. Sin embargo, los grupos CC, PP y ASG pactaron la modificación, que se aprobó en diciembre en el Parlamento, que amplió el mandato del administrador hasta el nombramiento del director general, algo que los grupos parlamentarios han sido incapaces de cumplir después de diez meses desde que el texto entró en vigor y que ahora se quiere cambiar otra vez.