El Gobierno de Canarias requiere más financiación para cubrir los gastos de personal extra en sanidad y educación por la reducción de la jornada laboral y para cumplir su agenda social sin desviarse de la regla de gasto. Por ello, el presidente Ángel Víctor Torres ha propuesto a ayuntamientos y cabildos dos medidas de envergadura: que le cedan al Ejecutivo este año 100 millones de euros de los 166 del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y 80 millones en 2020, que pagarían en 2026 y 2027, y, de otro lado, que los recursos de la subida impositiva que planea para el próximo año, principalmente en el IGIC, se repartan en un 58% para la Comunidad Autónoma y un 42% para las corporaciones locales e insulares.

Esto supondría modificar los actuales porcentajes del Bloque de Financiación Canario, que nutre especialmente el IGIC, el AIEM (Arbitrio sobre Importación y Entrega de Mercancías) y el impuesto de Matriculación, que son del 42% para la Comunidad y el 58% para ayuntamientos y cabildos. La propuesta de Torres se centra en que la medida solo sería de un año -2020- y únicamente afectaría a la recaudación de más obtenida por el incremento impositivo. El Gobierno calcula que esa subida rondaría los 153 millones el próximo ejercicio, de los que el Ejecutivo pretende quedarse con 89 millones y repartir 64 a ayuntamientos y cabildos, dándole la vuelta a los porcentajes de distribución.

Pero no tocaría el resto de la recaudación de los recursos del REF que forman el Bloque Canario de Financiación. El año pasado se obtuvieron 1.870 millones de euros por estos impuestos, en especial del IGIC. De enero a agosto de este año solo este lleva recaudados 1.043 millones, 66 millones menos que en el mismo periodo del año pasado. Toda esta financiación se repartiría como está definida por ley: el 58% para las corporaciones y el 42% para la Comunidad.

La reforma fiscal que planea el Gobierno para el presupuesto del 2020 contempla no sólo volver a subir el tipo general del IGIC del 6,5 al 7%, sino que se extiende a otras medidas como volver a aumentar el impuesto indirecto a la factura de la luz del 0 al 3% y a la telefonía móvil del 3 al 6%, así como aumentar del 13,5% actual al 15% el tributo en los artículos de lujo, explica el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera.

Además, el Ejecutivo se plantea revisar la situación de algunos impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, que en Canarias está bonificado al 99,9%, o el del tabaco negro y plantea un aumento en el IRPF a quienes ganen más de 90.000 euros al año, aunque estos últimos no forman parte del bloque de financiación.

El Gobierno de "Ángel Víctor Torres, que se reunió el lunes con los cabildos y ayuntamientos para formularles sus necesidades económicas y estas propuestas, requiere 180 millones para pagar al nuevo personal en educación y sanidad y, por contra, calcula que dejará de ingresar este año 193 millones por las rebajas del anterior Gobierno del IGIC, lo que le puede hacer incumplir la regla de gasto y afectar a la puesta en marcha de su agenda social.

Ayuntamientos y cabildos estudian ambas propuestas para sanear las arcas autonómicas. De entrada, distintos alcaldes que forman parte de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), como Óscar Hernández, de Agüimes, y Noelia García, de Los Llanos de Aridane -que acudieron a la cita con Torres- acogen estas medidas con ciertos reparos aunque el lunes se reunirá la Fecam para analizarlas.

Óscar Hernández, de NC-Roque Agüayro, no ve lo más acertado modificar los porcentajes del Bloque de Financiación Canario, aunque sea por un año, porque ha costado mucho esfuerzo a las corporaciones obtenerlos y siempre han sido objeto de fricción con los distintos gobiernos autonómicos, sostiene. Roque Agüayro está coaligado con NC que gobierna en el Ejecutivo regional con el PSOE, Podemos y ASG. El alcalde opina que se pueden buscar otras fórmulas. En cuanto al Fdcan, reconoce que es cierto que hay ayuntamientos y cabildos, como alega el Gobierno, a los que les cuesta certificar las obras y tienen pendientes del 2018. "Habrá que estudiar cada caso", formula.

El Fdcan contempla 1.600 millones hasta 2025 a razón de 160 anuales. Para la alcaldesa Noe-lia García (PP) tanto en este fondo como en los impuestos del REF el Gobierno intenta restar recursos a las corporaciones locales para cumplir su programa electoral y sin pensar que ellos también deben cubrir los suyos. Es contraria a que se suban los impuestos.