El anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 que elabora el Gobierno de las Islas destina 8.066 millones de euros al gasto no financiero. La suma supone un récord absoluto y supera en un 2,7% a la anotada en las cuentas del presente año. El incremento responde a una previsión "realista" de ingresos, según la definió el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, quien, no obstante, admitió que está en parte sujeta a factores externos como la estabilidad de la política estatal y el propio devenir de la economía.

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Comenzando por este último factor, cabe tildar el presupuesto de anticíclico por cuanto la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del Archipiélago que maneja el equipo del presidente, Ángel Víctor Torres, para el próximo año es del 1,3%, el menor avance de los últimos cinco años. A la vista de este dato inicial, cabe esperar que la creación de empleo neto en las Islas, imposible con tasas de crecimiento inferiores al 2% según la teoría, se va a topar con serias dificultades en 2020.

A los números que perfila el Gobierno autonómico les cabe el calificativo de antíciclicos -se expanden mientras la econo- mía adelgaza-, pero el diseño del gasto admite un matiz. Si los defensores de este modo de operar se decantan en la práctica totalidad de los casos por incrementar la inversión para gene-rar más obra pública y enviar así oxígeno a la actividad económica, el cuatripartito -PSOE, NC, Podemos y ASG- no oculta que son las políticas sociales las que motivan en gran parte la expansión presupuestaria.

Para evitar sustos a la Consejería de Hacienda que dirige Román Rodríguez, habrá de estar engrasada "la financiación del Estado". De este modo aludió Pérez a la notable desventaja que supondría la prolongación de la incertidumbre en torno a la conformación de un nuevo Ejecutivo central. El portavoz recalcó que "si no hay gobierno, no hay presupuestos", con lo que los problemas para recibir fondos estatales se les multiplican al Archipiélago y al resto de comunidades autónomas. Ejemplo próximo son los malabares legales que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que realizar para hacer llegar a las diferentes regiones la entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, en la incertidumbre reconocida por Julio Pérez también tienen cabida posturas más optimistas. Ayer mismo, mientras los consejeros y no pocos técnicos de la Administración autonómica repasaban datos en una pantalla de plasma durante el tradicional Consejo de Gobierno de los jueves, se conoció el acuerdo alcanzado para la desconexión de Reino Unido del proyecto europeo.

Esta "buena noticia, a la espera de su confirmación", matizó el portavoz, mejora cualquier escenario "tormentoso" de ruptura brusca en el que sectores como el estratégico del turismo y el de las exportaciones hortofrutíco-las habrían sufrido daños mucho mayores.

Circunstancias externas y difícilmente manejables al margen, el Ejecutivo ha previsto una serie de medidas para incrementar sus ingresos en el 2,7% en que crece el gasto. Entre estas, una subida de tipos en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes cuentan con ingresos superiores a los 90.000 euros anuales. Medida que afecta a unos 7.600 canarios.

Quienes tributaban en el tramo comprendido entre dicha cantidad y 120.000 euros lo hacían al 24%. El año que viene ese gravamen crece un punto y se sitúa en el 25%, mientras que para quienes superan esa suma el aumento del gravamen es de dos puntos, hasta el 26%. Ese aumento de la presión fiscal reportará a las arcas regionales una suma cercana a los 70 millones.

El retoque en materia de impuestos incluye, además, el acotamiento de la bonificación al 99,9% que disfruta en la actualidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Continuarán estando exentos los hijos menores de 21 años. También los padres, cónyuges y descendientes que superen dicha edad en el caso de que tengan que hacer frente a una cuota inferior a los 35.000 euros. A partir de dicha suma, la bonificación va perdiendo gradualmente vigor hasta un límite de 305.000 euros, a partir del cual se afrontará el pago íntegro del impuesto; al igual que en el resto de casos.

Los cambios en la imposición indirecta (IGIC) pasan por la devolución del tipo general al 7%, desde el 6,5% en que lo colocó el Gobierno anterior. Los incrementados ganan un punto y medio y se colocan en el 13% y el 15%, respectivamente.

Esta última medida permitirá que la recaudación fiscal crezca en 153 millones de euros. Es esta suma sobre la que Ángel Víctor Torres ha planteado a cabildos y ayuntamientos la inversión del reparto de los fondos del Bloque Canario de Financiación el próximo año.

La norma dicta que el 58% de la recaudación vaya a parar a las entidades locales y el otro 42%, a la comunidad autónoma. Es decir, municipios e islas recibirían 89 millones de euros y la Administración regional, 64 millones.

Torres expuso a la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la conveniencia de que en 2020 sea el Gobierno regional el que se anote esos 25 millones de euros de diferencia.

Prestación Canaria de Inserción

"Queremos llevar al Parlamento unos presupuestos realistas, pero sin abandonar el objetivo de luchar contra la pobreza", expuso ayer Julio Pérez. El propio portavoz señaló que si cabildos y ayuntamientos aceptan, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) contaría con entre quince y 20 millones de euros más en 2020.

En el Ejecutivo defienden que esos 25 millones ayudarían a paliar las carencias de un buen número de familias de las Islas, mientras que diluidos entre 88 municipios no supondría ningún quebranto a estos.

A pesar de las reticencias que ya han mostrado algunos alcaldes, Pérez mantuvo ayer su convencimiento de que la propuesta del Gobierno regional llegará a buen puerto. "No tenemos motivos para alejarnos de la hipótesis de que habrá acuerdo", zanjó.

El Parlamento ahorra medio millón

  • El presupuesto del Parlamento de Canarias bajará el año próximo en 469.818 euros pese a que tras las elecciones de mayo la Cámara cuenta con 10 diputados más que en la legislatura pasada (hasta 70) y un grupo más. El recorte será de un 2,32% respecto a los 31,4 millones de 2019. En un comunicado, el presidente parlamentario, Gustavo Matos, apunta que con el plan de ajuste puesto en marcha se da cumplimiento a la promesa hecha a la ciudadanía de que el aumento de diputados al que obliga el nuevo Estatuto de Autonomía no va a suponer un mayor coste.