Tienen ustedes que llevar a cabo una importante labor pedagógica: la de explicar a los ciudadanos la razón para subir impuestos. Máxime en una circunstancia como poco anómala, porque será difícil encontrar ejemplos de otra administración que tras cerrar un año con casi mil millones de superávit tenga que hacer un ajuste impositivo al siguiente ejercicio.
Es cierto. Y sí, es una tarea muy complicada. Todo esto viene de un problema de fondo. La ley orgánica de estabilidad y sostenibilidad financiera ha generado un marco que conlleva decisiones presupuestarias que son muy difíciles de comprender por la ciudadanía. Hay que recordar que fueron diseñadas bajo una problemática y en un entorno, el del año 2011, muy difícil, de grave impacto de la primera crisis económica y justo cuando se produjo la segunda caída, de modo que cuando ha llegado la recuperación, han quedado totalmente fuera de sitio y han dado lugar a situaciones tan absurdas como esa. Pero fíjese que precisamente la gran cuestión que plantea este Gobierno, la cuestión de fondo, es que el activo más importante que tienen las sociedades modernas, los gobiernos serios, es el respeto a las normas, a las leyes. Podremos no estar de acuerdo con ellas, incluso estar en contra, pero sabemos que las normas hay que respetarlas. Y si no estás de acuerdo, tienes la acción política para cambiarlas. Vas al Congreso y presentas una enmienda, un cambio normativo, para modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Eso lo hizo el PSOE, pero se quedó atascado, se quedó sobre la mesa por una estrategia política. Pero a lo que no podemos jugar es a eso de cuando no me gustan las normas, me las salto.
Ya, pero tal vez el problema surja cuando tú no te saltas las normas y mientras hay otros que se las saltan casi por sistema, lo que da lugar a un agravio comparativo.
Pero ¿quién? ¿Los catalanes?, que están en la cárcel; ¿otras comunidades autónomas que de hecho están con planes de ajuste fiscal? Es decir, están controladas y sometidas por el Ministerio de Hacienda. Han incumplido, pero no están campando a sus anchas. Están sometidas a planes de ajuste y, por tanto, no tienen la misma autonomía que tiene esta Comunidad.
Pero no se les ha castigado el bolsillo.
Bueno, depende. Está condicionado su margen para poder hacer política económica. Pero el panorama está claro. Tenemos dos opciones: si incumplimos, nos sometemos a la imposición de estas normas y nos restringen nuestro margen de maniobra, y esto hay que saberlo, pero la decisión que ha adoptado este Gobierno y que va a mantener, como ha sido tradición en esta Comunidad Autónoma, es respetar las normas fiscales a pesar de que estemos en contra de las mismas y de que hayan generado una situación en la que, como usted bien dice, a una Comunidad Autónoma que terminó el año 2018 con un superávit de 942 millones, o de cuatrocientos y pico millones si quitamos el extra de la sentencia del convenio de carreteras, pues le resulte absolutamente necesario ese ajuste para poder desarrollar en 2020 su agenda social y medioambiental, que es parte fundamental del discurso de investidura del presidente y del programa con que se presentaron los partidos que constituyen este pacto. Por eso quería plantearle esta reflexión sobre el cumplimiento de las normas, porque el anterior Gobierno, el de Coalición Canaria, que dijo siempre respetar las normas, cogió y en el último momento, en el último minuto, a punto de terminar el partido de la legislatura, adoptó decisiones que rompieron esa tradición de ser respetuoso con las normas. Eso hizo con los acuerdos vinculados a la reducción de la jornada laboral en sanidad y educativa, acuerdos con los que este Gobierno está de acuerdo en el fondo pero no en las formas, porque los adoptó un gobierno en funciones, sin cobertura presupuestaria y sin cobertura jurídica, ya que incumplían la normativa básica del Estado.
Hay quien hace esa misma crítica sobre muchas de las medidas que el Gobierno central aprueba en sus viernes sociales .
La gran diferencia es que esas decisiones se han adoptado porque tenemos un presupuesto prorrogado. No es que no tengan cobertura presupuestaria; hay elementos en el presupuesto, lo que pasa es que no están en los lugares adecuados. Pero aquí había un presupuesto. Un presupuesto que elaboró el Gobierno que libremente adoptó esas decisiones. Creo que esa es la gran diferencia. El Gobierno de Pedro Sánchez nunca pudo sacar adelante un presupuesto propio en el que plasmar esas medidas, sino que tuvo que trabajar con un presupuesto prorrogado, y no le quedó más remedio que ir por la vía del real decreto-ley e ir aplicándolas de ese modo. Ahí está la distinción, un matiz sutil que creo que es bastante importante.
Han insistido ustedes mucho en que o se acomete esa reforma impositiva, esa subida de impuestos, o no es posible sacar adelante esa agenda social. Pero ¿hasta qué punto no es posible? ¿Tanto trastocaría sus planes no llevar a cabo ese ajuste fiscal?
Pues fíjese hasta qué punto. Las decisiones de las que hemos hablado [la reducción de la jornada laboral a docentes y sanitarios] suponen que para el año 2020, el capítulo uno, el del gasto en personal, crezca en 209 millones de euros. En concreto, 65 millones son por la habitual actualización anual de las nóminas, pero el resto es fruto de las decisiones que se adoptaron en la legislatura pasada, fundamentalmente de las que se tomaron prácticamente en el último minuto. Porque la decisión de los sexenios en Educación se adoptó al principio, pero no las otras dos. Entre esos tres elementos, sexenios, jornada de 18 horas lectivas y jornada de 35 horas en Sanidad, se comen los ciento cuarenta y pico millones restantes.
Pero avisaron tras los encontronazos con el Gobierno central por la regla de gasto o la deuda de carreteras.
Bueno, nosotros nos enteramos cuando entramos... Cuando hemos hecho la estimación de gasto para este año hemos tenido en cuenta el margen que nos da la regla de gasto, que permite un crecimiento del 2,8%, más los cambios normativos que estamos planteando a priori, y que no están cerrados porque van a depender de cómo terminen las negociaciones con las corporaciones locales. Esto nos da 211 millones de euros de margen de gasto. Si 209 millones se nos van en el capítulo uno, nos habrían quedado dos millones para hacer política. Por lo tanto, la única vía, la única opción que teníamos para llevar a cabo nuestra agenda social y medioambiental era la de hacer una reestructuración importante del gasto, y estamos en ello, tratando de obtener 110 millones de euros, que pueden ser más en función de todas estas negociaciones, para reorientar partidas. De esos 110 millones, 80 son del Fdcan [Fondo de Desarrollo de Canarias] del año 2020, y el resto viene de reorganizaciones internas de los departamentos que hemos tenido que hacer en poco tiempo, porque al final, estos presupuestos se elaboran nada más aterrizar, no te da tiempo para hacer grandes cambios, para hacer el análisis que nos hubiera gustado. Si solo con esa reestructuración de gasto hubiera bastado, no habríamos decidido subir impuestos, porque a ningún gobierno le gusta subir impuestos, nadie sube los impuestos para hacerse su piscina de monedas. Si lo hacemos es para poder tomar decisiones. Pero ojo, ya éramos conscientes de esto antes de llegar. En la campaña electoral decíamos que si era necesario subir impuestos para financiar la agenda social, los subiríamos. No lo ocultamos nunca. A los otros partidos, sobre todo al PP y a Ciudadanos, que decían hay que bajar los impuestos, les preguntábamos cómo pensaban financiar el gasto social, porque los presupuestos no son magia, y hay que ser responsable.
Decisiones como la subida del IRPF a las rentas altas o los ajustes en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se basan en el principio de progresividad fiscal y se antojan fáciles de defender desde el punto de vista de la justicia social y la redistribución de la renta. Pero quizá sea más difícil en el caso del IGIC, que lo pagan por igual el millonario y el más humilde de los ciudadanos. Más aún cuando la recaudación se reduce en relación con la de 2018 pero sigue en cifras muy altas.
Sí, pero el problema es que también aquí se adoptó una decisión irresponsable en el último minuto del partido, en el último presupuesto, con la reducción del IGIC. Cogieron y redujeron medio punto el impuesto obligados, digamos la verdad, por las circunstancias. ¿Lo habría bajado Coalición Canaria si no hubiera sido una condición para salvarle la cara al PP a cambio de su apoyo? Un PP que, por cierto, pedía una rebaja no ya de medio punto, sino de verdad, porque la verdad es que el medio punto no lo ha notado nadie. Eso sí, ha hecho un daño tremendo a la base de los recursos de la Administración pública. E insisto: sin que la ciudadanía lo percibiera. ¿Qué ha supuesto de ahorro a las personas? Y, sin embargo, no hemos atendido las demandas de las personas que más necesitan. Es verdad, sabemos que esta modificación no es progresiva, pero es que lo del medio punto no hay quien lo entienda.
Entiendo que si finalmente se llega a un acuerdo con los cabildos y ayuntamientos para cambiar los porcentajes de reparto de la recaudación del IGIC, es decir, para que cedan al Gobierno parte de la parte que les corresponde (el 58%), entonces no habrá que forzar más la subida fiscal.
Claro. Consideramos que con estos recursos que estamos consiguiendo sacar, con esos ciento y pico millones, podemos desarrollar una agenda social y medioambiental digna y razonable. Y si la Fecam y la Fecai accedieran, entonces tendríamos, aproximadamente, 25 millones adicionales, pero para lo mismo, esto es, para destinarlos a gasto social.
Tienen ustedes otro problema con la nueva convocatoria de elecciones generales, o mejor dicho, con la interinidad del Gobierno central.
Efectivamente. Es que encima tenemos un Gobierno en funciones al que por ahora no podemos pedirle nada. Y digo por ahora, porque estamos esperando a que se forme para pedirle que cumpla los compromisos que ya hemos ido cerrando con ellos y para que no olvide nada de lo que recoge el Régimen Económico y Fiscal, que lo tenemos bien anotadito y para lo que ya tenemos la experiencia de haber negociado con ellos.
¿Seguro que no va a haber nuevos olvidos?
No va a haber olvidos, y si los hubiera, van a tenernos enfrente. No le quepa la menor duda. Y, además, lo saben ellos.
¿Lo sabe ya María Jesús Montero?
Si están los mismos en el Ministerio, lo tienen clarito. Aquella vez, cuando aquellos olvidos, estuvimos hablando. Se acordó, y así lo han hecho y han sido respetuosos, que todo lo que esté recogido en una norma, en un texto, en la ley del REF, lo respeten. Otra cosa son las invenciones, eso de no, es que había un compromiso, eso ya... Pero lo que está recogido, lo respetan.
Ha dicho que con los ajustes del gasto y la subida de impuestos podrán acometer una agenda social digna y razonable. ¿Para cuánto dará en lo relacionado con la renta ciudadana?, que es uno de los principales objetivos del Gobierno.
El próximo año habrá un grupo de trabajo multidepartamental que hará el análisis y la preparación de la renta de ciudadanía. Pero en cualquier caso, y mientras se esté trabajando, tenemos una vía para atender a más personas en la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
¿Esa vía no es básicamente la misma en que venía trabajando el anterior Gobierno? De hecho, desde la oposición dicen que han dado ustedes un paso atrás ante la imposibilidad de sus planes y que por ello han retomado la hoja de ruta de sus antecesores.
Una renta ciudadana no se improvisa. Es un tema muy importante, un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía y una herramienta básica para la lucha contra la pobreza y todo lo que eso significa. Esto no se improvisa poniendo una cuantía y asignándola de cualquier modo y de cualquier forma. Hay que hacerla bien estructurada y analizar muy bien cuál es la mejor forma, porque va a ser nuestra principal arma para luchar contra la pobreza, e insisto en esto: no puedes ir corriendo y a toda prisa hacer lo primero que se te ocurra. La reflexión que a nivel nacional ha hecho la AIReF, por ejemplo, es muy sensata. Ha planteado que lo importante es garantizar que el mayor número de familias posible tenga acceso a unos recursos mínimos que las alejen del umbral de la pobreza, es decir, no tiene que ser siempre una persona que con independencia de su núcleo familiar reciba una cantidad, sino que todo el núcleo familiar tenga acceso a unos recursos mínimos que le permitan llevar una vida digna. Pero todo eso requiere analizar núcleos familiares, las rentas, si se perciben o no, si hay o no que complementarlas...
Está usted haciendo una crítica implícita a quienes desde algunos de los partidos que sostienen el Gobierno decían que la renta ciudadana podía materializarse ya en el corto plazo. Se aseguró incluso en el Parlamento.
Tramitar una ley siempre es mucho más complicado de lo que se piensa desde fuera. En este caso, lo más importante es hacer bien los números. Y le digo que lo vamos a hacer ya, que es inmediato, pero tenemos que hacer los números.
¿Al acabar esta legislatura estará en marcha la renta ciudadana?
Tiene que estar lista en el año 2020. Una vez esté el presupuesto, que, como es normal, está suponiendo mucho trabajo para los departamentos, pues se pondrá toda la maquinaria del Gobierno a trabajar en este asunto. Pero insisto, lo más importante no es tanto el tiempo que lleve como que no podemos improvisarla. Y mientras, reforzaremos la PCI, la ampliaremos. La oposición podrá decir esto o aquello, ¡pues haberlo hecho, haber ampliado el número de familias que pueden beneficiarse de la PCI!, porque los que lo hemos hecho somos nosotros.
La previsión de crecimiento de la economía regional con que están trabajando en los presupuestos es de un 1,3%. Con una subida de solo el 1,3% del PIB no se va a crear empleo en 2020.
Las previsiones de creación de empleo son todavía positivas, pero muy moderadas. En lo que tenemos más dudas es en el comportamiento de la tasa de paro.
Es decir, que dan por descontado que el número de personas que se incorporen a la población activa seguirá superando al de quienes encuentren un trabajo, impidiendo así bajar la tasa de desempleo.
Sí, son las dinámicas. Eso puede suceder. Pero al menos las previsiones apuntan a un crecimiento de empleo neto.
Le pregunto más en su condición de economista que de viceconsejero de la Presidencia. ¿Cuándo estas Islas estarán en la media de la renta per cápita nacional y con un 10% de paro?
A corto plazo no va a poder ser, eso es evidente. Pero mire, el reto que tenemos que conseguir es revertir la tendencia, que esto empiece a ir hacia arriba. Esto implica un cambio cultural, un nuevo enfoque en la forma de hacer las cosas. El Gobierno debe introducir incentivos para que la gente empiece a decir esto es lo importante, esto es lo relevante: el talento, la innovación, la I+D€ Y primero empezar por la transparencia, por explicar las cosas bien, no ocultar nada, tratar a los ciudadanos como a adultos que conocen y entienden las cosas. Y en segundo lugar dar ejemplo. Yo no puedo decirle a nadie que sea innovador si en el Gobierno no tomamos decisiones innovadoras, si hacemos más de lo mismo, si no arriesgamos€ Tenemos que tomar decisiones y ser corresponsables en las decisiones. No puedo seguir diciendo que todos los males de Canarias son porque el Estado es muy malo y mientras no hacer nada. Oiga, yo al Estado le voy a exigir como el que más, pero yo tengo que ser responsable.
¿Sabe que las malas lenguas dicen que Canarias tiene dos consejeros de Hacienda? Uno es Román Rodríguez y el otro sería usted.
No no. El consejero de Hacienda es Román claramente. Lo que pasa es que una de las cuestiones claves para el presidente es seguir la política presupuestaria, la política fiscal, las decisiones€ Pero mire, le voy a decir una cosa que suele sorprender, porque quizá en el pasado no se funcionaba así, pero es que eso es un Gobierno. Hay once personas que opinan sobre todos los asuntos. Esto no es esto es un tema de Román, que impone Román y los demás aceptan, no no, y no por el reparto, sino por las decisiones de fondo. Lógicamente el presidente interviene más, otros por conocimiento intervienen más o menos según la materia, pero esto es un Gobierno cohesionado, en el que las decisiones se toman de forma conjunta. Aquí todos estamos para sumar, colaborar, buscar soluciones, estrujarnos la cabeza€ Pero consejero de Hacienda solo hay uno, de eso no hay duda, y ese es Román Rodríguez.
