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La inacción por la falta de convenio hidrólogico consolida sanciones de la UE

El Estado no transferirá fondos para obras hidráulicas, incluidos los 40 millones presupuestados en el ejercicio 2018, si no existen proyectos dispuestos para licitarse

Vista general de la presa de Soria. juan castro

Las obras hidráulicas en Canarias previstas para los próximos años seguirán sin financiación a la vista. Es uno de los contenciosos con el Estado que se arrastra de la anterior legislatura regional y que sigue sin expectativas de solución a corto plazo. El principal hándicap es la interinidad política en Madrid, que impide firmar el convenio pendiente de actualización desde hace más de un año. Aun en el caso de que ese convenio pudiera ser una realidad en los próximos meses tras la formación de un nuevo Ejecutivo central, su financiación real dependerá de que desde Canarias se presenten los proyectos con su correspondiente licitación. Este bloqueo consolida las sanciones que la Unión Europea ya ha impuesto a España por la falta de planes.

Están en el limbo los planes hidrológicos insulares 2015-2021, para el que la comunidad autónoma asumió temporalmente las competencias, mientras se impulsaba en coordinación con los cabildos la redacción de los planes de tercer ciclo (2021-2025).

La falta de planificación hidrológica en las Islas en los términos que marca la Directiva Marco del Agua de 2000 provocó una sanción de Bruselas a España. Medidas de este tipo podrían reproducirse si no se corrigen los defectos en materia de depuración y tratamiento de aguas en algunas islas.

Que no ocurra es precisamente el objetivo del esperado convenio junto a otro tipo de actuaciones como el abastecimiento, drenaje, desalación, captación de aguas subterráneas y transporte. Tanto el actual Gobierno de Canarias como el Ejecutivo central ahora en funciones reconocen que la situación es compleja y que, más allá del horizonte posible sobre la firma del nuevo convenio, el impulso real de esos proyectos no es por ahora posible.

Culpan a Coalición

Ambas administraciones, en manos del PSOE, apuntan al anterior Ejecutivo regional de CC y a los cabildos como responsables fundamentales del retraso. Consideran que ni uno ni otros han trabajado en la planificación de las obras, muchas de ellas afectadas por esas sanciones de la UE.

Canarias y el Estado firmaron en diciembre pasado un protocolo de obras hidráulicas por el que se prevé una inversión de 915 millones en doce años con 186 actuaciones. Esa hoja de ruta se desarrollaría a través de tres convenios de cuatro años de duración. El primero es el que está pendiente de firma y en el que se incluyen 73 obras con una inversión total de 296 millones.

Los primeros 40 millones tendrían que haberse ejecutado este año como prórroga de la inversión, por esa misma cantidad, que se contemplaba en el presupuesto estatal de 2018. Pero sin la firma del nuevo convenio no se ha podido consignar la partida de forma efectiva, como tampoco se habría podido transferir sin que se presentaran desde las Islas las licitaciones de obras.

El consejero canario de Transición Ecológica, Juan Antonio Valbuena, acaba de explicar en el Parlamento de Canarias que ninguna de las 73 actuaciones previstas para el próximo convenio, o de las que tenían que recibir financiación ya con cargo a los presupuestos actuales, está en condiciones legales o administrativas de recibir esos fondos.

Solo hay nueve obras, todas en Tenerife, para las que hay proyecto redactado a raíz de la decisión del cabildo de contratar la gestión de las obras con la sociedad mercantil estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España). El actual Ejecutivo regional pretende que todos los gobiernos insulares contraten con esta sociedad para agilizar las obras pendientes.

Según el consejero, a estas escasas obras con proyecto les faltan otros trámites, en algunos casos el informe de impacto ambiental o la propia licitación. En definitiva, aun en el caso de tener convenio y financiación lista, no habría dónde gastar en este momento el dinero. De momento, lo que el nuevo Gobierno canario ha hecho en tres meses de gestión ha sido realizar un diagnóstico para saber qué se puede hacer realmente al día siguiente de firmar el convenio.

Una de las cuestiones que está en el aire es el destino de los 40 millones que el Estado presupuestó para 2018, y en teoría prorrogados en 2019, pero que no han llegado a transferir precisamente por no tener firmado aún el convenio.

Ambas partes firmaron el llamado convenio chico en diciembre por valor de diez millones, pero tampoco esa cantidad se ha hecho efectiva. Frente a las argumentaciones de la consejería sobre las razones del retraso en la planificación hidrológica en las Islas, el anterior responsable del área, Narvay Quintero, señala que hay obras en varias islas, sobre todo en Tenerife (por valor de 60 millones), que ya se podrían haber licitado si el Gobierno central hubiera accedido a firmar en enero, tal como la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le prometió a Quintero rubricaron el protocolo en diciembre.

En el intento del Gobierno central de aprobar unos presupuestos para 2019, que resultó fallido, el entonces Ejecutivo regional reclamaba, a través de una enmienda de CC, una partida de 70 millones señalando que los 40 de 2018 no se habían transferido, y en el proyecto de cuentas estatales solo se consignaban 10 millones.

Se sigue trabajando

La ministra aseguró recientemente que "se sigue trabajando" con las distintas administraciones canarias para fijar las prioridades y "elevar cuanto antes" el documento del nuevo convenio al Consejo de Ministros, y acusó al anterior Ejecutivo regional de CC de "no haber estado especialmente involucrado" en los trabajos para alcanzar un "consenso" con el Estado en esta materia, pese a que reconoció que la "irrupción" de los procesos electorales de abril y mayo pasados impidió que se avanzara en la negociación.

El del 10-N, en todo caso, paraliza cualquier avance a corto plazo. Ribera afirma que el protocolo firmado en diciembre "se sigue trabajando", y que en aquel documento se fijaron "las lineas a seguir por las administraciones canaria y nacional en materia de agua y la ejecución de actuaciones recogidas en programas de medidas de los planes hidrológicos vigentes en Canarias". Pero insiste en que, desde entonces, "102 actuaciones con sus especificidades para la ejecución requieren del cumplimiento del consenso para que ambas administraciones a través de convenios específicos en los que se está trabajando".

Ribera recuerda que "se está avanzando" un procedimiento para Gran Canaria y Tenerife que "ahora toca culminar" y que está a la espera del cumplimiento de los requisitos formales para cubrir "estas carencias" canarias en materia de infraestructuras hidráulicas "lo más rápido posible". Según ella, a partir del convenio suscrito por al anterior Gobierno se han "desembolsado" más de 280 millones" y se comprometió por "el resto de actuaciones que están en ejecución". Con todo, la ministra señala que "no todas las actuaciones contempladas se han ejecutado", y que "se ha debido sobre todo a la inacción y falta de celeridad por parte de la anterior administración canaria"

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