Un 2,2%. Eso es lo que perderían los ayuntamientos y cabildos con la cesión del trozo del IGIC que les ha solicitado el Gobierno regional. Es decir, de cada cien euros de los ingresos por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), las entidades locales le darían a la Hacienda autonómica dos euros y 20 céntimos. De hecho, el crecimiento que el próximo año experimentarán los ingresos de los consistorios y cabildos por la subida de medio punto del IGIC será en todo caso superior a los 25 millones de euros que les pide el Ejecutivo. Dicho de otro modo: las corporaciones municipales e insulares ganan con la subida del impuesto más de lo que perderían si aceptaran ceder esos 25 millones en favor de las políticas sociales del Gobierno. Y, sin embargo, se da la paradoja de que desde la oposición se ha criticado tanto el incremento del tipo general del IGIC, que dará más dinero al conjunto de la Administración pública, como la petición del Ejecutivo para que las entidades locales le permitan quedarse con un mayor porcentaje de la recaudación extra por la subida del impuesto.

El principal problema con que se ha encontrado el Gabinete de Torres es que la reducción de la jornada de los docentes y sanitarios que aprobó el anterior Gobierno implica que el aumento del gasto en personal se dispare por encima de los 200 millones. La Consejería de Hacienda, en estrecha colaboración con el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, busca fórmulas para enjugar ese incremento del capítulo 1, fundamentalmente a través del reajuste del gasto público y de la subida de impuestos, básicamente del IGIC. El Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) redujo el tipo general del IGIC del 7 al 6,5% a cambio del apoyo del PP para sacar adelante los presupuestos autonómicos del actual ejercicio. Un 42% de la recaudación por el IGIC se lo queda la Hacienda regional, pero el restante 58% va a las arcas de los cabildos y ayuntamientos. Así pues, la bajada del impuesto suponía menor recaudación „y de hecho está suponiendo menor recaudación„ y, por tanto, menos ingresos para las entidades locales. Esto obligó al Gobierno de CC a compensar a las corporaciones municipales e insulares con 41 millones de euros. Ahora, el nuevo Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y subir otra vez el IGIC al 7% a partir del próximo año, lo que automáticamente supondrá más recaudación y, en definitiva, más recursos para la Administración pública. Exactamente 153 millones más, según la previsión de Hacienda.

De ese total, la norma establece que 64 millones (el 42%) son para el Gobierno y los restantes 89 (el 58%), para cabildos y ayuntamientos. Lo que el Ejecutivo solicita a consistorios y cabildos es, como excepción puntual, que solo en 2020 y solo para esos 153 millones se inviertan los porcentajes, es decir, que la Hacienda autonómica se quede con el 58% y las entidades locales, con el 42. Eso daría al Gobierno un extra de 25 millones que destinaría en exclusiva, y como condición sine qua non, para políticas sociales. Y aun así, los ayuntamientos y las corporaciones insulares manejarían más recursos que este año, ya que percibirían esos 64 millones, 23 millones más de lo que recibieron como compensación cuando se bajó el IGIC. Sea como sea, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la organización que aglutina a los 88 ayuntamientos de las Islas, ya dijo este lunes que ni hablar de tocar los porcentajes de reparto de la recaudación, ni siquiera bajo estas circunstancias excepcionales y a pesar de que los alcaldes socialistas son mayoría en el Archipiélago. Se impuso así el criterio de CC y el PP, que por un lado critican la petición del Gobierno a las entidades locales para que le cedan parte de lo que les corresponde del IGIC y, por otro, critican también la subida del impuesto, que justamente redundará en mayores ingresos para los consistorios y cabildos.

De modo que el esfuerzo que el Gabinete de Torres pide a los entes locales e insulares en realidad no es tal, aunque no es menos cierto que son estos los que tienen la última palabra, ya que los ampara la norma. En todo caso, esos 25 millones por los que ruega el Gobierno representan una pequeñísima parte de lo que ayuntamientos y cabildos ingresan por el IGIC. Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que las entidades municipales e insulares perciben alrededor de 1.150 millones de euros anuales en concepto de IGIC, con lo que esos 25 millones equivalen a un 2,2%. Un pequeño porcentaje con el que, además, no habrían contado si no se llevara a efecto la también criticada subida del impuesto. Es más, la subida del IGIC les reportaría más recursos aun cuando finalmente aceptaran ceder a la Hacienda de la Comunidad Autónoma los 25 millones de euros en cuestión.

El levísimo impacto que en las finanzas locales tendría el plan de Torres resulta más evidente si cabe con algunos ejemplos. El Ayuntamiento tinerfeño de La Orotava, por ejemplo, maneja este año un presupuesto de ingresos que supera los 40,7 millones de euros, de los cuales casi 6,9 millones corresponden a la recaudación por impuestos indirectos, principalmente el IGIC. Lo que cedería al Gobierno serían alrededor de 240.000 euros. El Consistorio grancanario de Moya, otro ejemplo, contribuiría con 95.000 euros y maneja un presupuesto de más de nueve millones de euros. Hay entes que cederían menos de 10.000 euros.