Los cabildos se muestran proclives a aceptar la propuesta del Gobierno regional de modificar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), pero demandan más concreción y un documento por escrito en el que se explique de manera clara lo que pretende la Comunidad Autónoma. Las corporaciones insulares reclaman que se contemple la realidad de cada isla para comprobar en qué estado se encuentra la ejecución de los proyectos y las afecciones presupuestarias que pueden suponer para las arcas insulares.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) solicita al Ejecutivo autonómico que mantenga reuniones bilaterales con cada cabildo para abordar la situación que existe en cada isla, ya que las realidades son diferentes y la ejecución de las obras vinculadas al Fdcan no es la misma.

La asamblea de los siete cabildos insulares celebrada ayer en la sede de la corporación de Gran Canaria no entró a debatir la propuesta que había realizado el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, en relación con la modificación puntual de los porcentajes de distribución entre las corporaciones locales y la Comunidad Autónoma de los recursos del IGIC. La primera intención de Torres era la de lograr 25 millones de euros más para destinarlo a políticas sociales y engrosar de esta forma con más fondos a la política de vivienda y, sobre todo, a la prestación canaria de inserción, ante el objetivo que tiene el Ejecutivo de aprobar el próximo año la ley que creará la renta de ciudadanía. Sin embargo, el lunes el Gobierno se topó con el rechazo frontal de los ayuntamientos por la negativa de los alcaldes de Coalición Canaria y el PP a permitir que se les detrajesen recursos propios.

La Fecam evitó la ruptura interna a última hora a cambio de aceptar negociar los cambios que quiere introducir el cuatripartito en el Fdcan, tanto en el reparto de los fondos como en la prioridad de las inversiones. Así las cosas, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley el miércoles una vez que se evidenció que sin consenso con los ayuntamientos no había luz verde a los cambios en el IGIC y sin esperar a los cabildos, que finalmente se reunieron ayer ya pasada la aprobación de las cuentas autonómicas de 2020.

Este escenario sobrevenido fue el pretexto para soslayar el debate sobre el IGIC. El presidente de turno de la Fecai, Antonio Morales, argumentó que "no tenía sentido" debatir sobre algo a lo que el Gobierno ya ha desistido y no lo contempla en el proyecto de ley de presupuestos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria evitó pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno y dijo que las opiniones de otros presidentes son de cada cabildo, pero que la Fecai no adoptó ningún tipo de resolución al respecto.

Opinión favorable

Tampoco quiso Morales valorar la opinión favorable del presidente gomero, Casimiro Curbelo, a que parte del IGIC se destine a las políticas sociales de la Comunidad Autónoma. La relación de fuerzas políticas que gobiernan ahora las corporaciones insulares es claramente favorable al PSOE ya que cuatro de los siete cabildos están presididos por socialistas -Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y El Hierro- mientras que cogobiernan en dos -Gran Canaria y La Palma-. La posición contraria de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a aceptar la propuesta del Gobierno dejaba ya sin opciones a los cabildos para adoptar otro tipo de postura.

La Fecai siguió ayer, por tanto, la estela de los municipios y también se muestra abierta a negociar modificaciones en el Fdcan pero, al igual que las corporaciones municipales, quieren que el Ejecutivo explique con detalle en qué consisten los cambios con un documento en el que se recoja "de manera clara" lo que se pretende con la modificación. Los cabildos sí están de acuerdo con la reprogramación planteada por la Comunidad Autónoma, de tal forma que este año el Ejecutivo ges- tione 100 millones del Fdcan y los cabildos 52 millones; mientras que en 2020 la Comunidad y las corporaciones insulares recibirían la misma asignación, 80 millones de euros, mientras que el resto se van a diferir en el tiempo.

Otro debate que se abre ahora es el de las nuevas prioridades a la hora de las inversiones, que es el eje 2 del Fondo de Desarrollo de Canarias. Morales aclaró que ni el eje 1 -Conocimiento e I+D+i- ni el eje 3 -políticas activas de empleo- están en cuestión, por lo que no habrán cambios en sus líneas y objetivos.

El cuatripartito quiere reorientar el eje 2 para priorizar las inversiones en servicios públicos esenciales y así incrementar el gasto en políticas sociales. Sin embargo, tanto los ayuntamientos como los cabildos tienen su programación de obras pactada y las plurianualidades, con lo que ahora se abre una negociación para introducir las modificaciones que se acuerden. Antonio Morales advirtió que el Gobierno tiene que reunirse con cada cabildo para analizar la "realidad" de cada isla, con el fin de comprobar el estado de ejecución de las obras y si una modificación de estas características desequilibra los presupuestos insulares o hay posibles afecciones a la regla de gasto.

"El Gobierno nos pide que hagamos un esfuerzo por contribuir más a los proyectos sociales y sostenibles y le correspondemos aceptando la reprogramación del Fdcan, pero sí tendrá que ser analizando la realidad de cada isla primero", añadió Morales tras reunirse la Fecai.

Los cabildos y también los ayuntamientos tienen la garantía por parte del Ejecutivo de que los fondos que se difieran ya el próximo año no los van a perder, sino que se diferirán prolongando la vida del Fdcan más allá de 2025. Lo que piden las corporaciones locales es que esta seguridad esté por escrito en un documento aclaratorio.

A nivel político tanto Coalición Canaria como el Partido Popular también han mostrado sus reticencias a los cambios en el Fdcan, instrumento creado por los nacionalistas en la pasada legislatura. CC exige al Gobierno de Canarias que mantenga el reparto de los recursos del Fdcan, porque restaría a las corporaciones locales 100 millones de euros de los 166 que hay previstos para 2019 y 80 millones para 2020. Los populares también desconfían de las propuestas del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres porque se trata de introducir cambios en un mecanismo cuando está en pleno desarrollo y con una planificación plurianual.

El Fdcan supone más de 1.600 millones de euros hasta 2025, creado a partir de los fondos que detraía el Estado a Canarias procedentes del antiguo impuesto ITE.