Los expedientes de la prestación canaria de inserción (PCI), pensiones no contributivas y solicitudes de invalidez se siguen acumulando en la Consejería de Derechos Sociales, lo que ha obligado a sus dirigentes a solicitar la contratación inmediata de funcionarios interinos para agilizar la tramitación de las ayudas sociales que afectan a miles de familias. Solo en la PCI hay más de 2.000 expedientes sin resolver entre renovaciones, nuevas solicitudes y recursos de alzada.

En las últimas semanas este problema se ha acrecentado como consecuencia de la reclamación de varios empleados que han demandado que se les compense por estar realizando labores de administrativos cuando son auxiliares, a lo que la Secretaría General Técnica les ha contestado que vuelvan a realizar el trabajo propio de su categoría. La tramitación de los expedientes es competencia de los administrativos, por lo que esta decisión ha restado más personal y, como consecuencia, el atasco ha aumentado porque el retraso en el estudio y proceso se estima en unos 40 expedientes diarios.

El director general de Derechos Sociales e Inmigración, Jonás González, admite los problemas añadidos que ha ocasionado esta medida pero asegura que la Consejería se mueve en la legalidad y busca una solución a la problemática de los empleados afectados. González explica que esta situación deriva de una relación de puestos de trabajo (RPT) que tiene ya 15 años y que hasta ahora no se ha modificado para actualizarla y adaptarla a las necesidades del departamento.

El director general añade que para resolver los graves problemas de personal lo primero que han pedido es la contratación de funcionarios interinos por acumulación de tareas, algo que permite la ley de presupuestos como una circunstancia extraordinaria ya que se trata de expedientes sensibles que afectan a familias necesitadas de una ayuda social.

La segunda medida que se pretende poner en marcha a medio plazo es la actualización de la RPT de la Consejería ya que, según Jonás González, lleva vigente 15 años y ni siquiera se contempla la categoría de administrativo y por ese motivo son los auxiliares los que están haciendo esta labor.

"Es un problema general", añade el alto cargo de la Consejería de Derechos Sociales, que también necesita licenciados en Derecho para resolver los 600 recursos de alzada pendientes, una cuestión que se arrastra desde hace cuatro o cinco años. "Llevamos dos meses en la Consejería y estamos intentando solucionar los problemas a corto plazo", indica.

El comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales denunció hace unos días con un escrito presentado en el registro la "desorganización" y el "caos" generado debido a la decisión de apartar a cuatro auxiliares de las labores que estaban realizando como administrativos. Se trata de trabajadoras que, según el comité, llevan más de 15 años realizando tareas de superior categoría y habían reclamado que se les reconozca las retribuciones por este trabajo.

En relación con las pensiones no contributivas, los representantes de los trabajadores advierten que las nuevas solicitudes de jubilación acumulan una demora superior a los siete meses, cuando la normativa establece un periodo máximo de tres meses.

El comité denuncia que "la plantilla actual es insuficiente para llevar a cabo en plazo las reclamaciones y revisiones presentadas por las personas beneficiarias" que, en el caso de las solicitudes de invalidez, llevan un retraso que supera el año. Una de las consecuencias es que se estén generando cobros indebidos que superan en muchos casos los 15.000 euros para algunas familias.

Desde la Consejería se asegura que los responsables del departamento mantienen un diálogo regular y fluido con los representantes de la plantilla y con los sindicatos para abordar estos problemas y buscar una solución a los mismos, algo en lo que se ha avanzado últimamente.