Sostiene Unidas Podemos que Canarias es "un paraíso fiscal", y en cada campaña electoral recupera el discurso en torno a las corruptelas que proliferan en las Islas al amparo de esa presunta condición paradisíaca. Agravada, según la lógica podemita, por el hecho de que las Islas se hayan dotado de un Régimen Económico y Fiscal (REF) que "solo beneficia a los ricos".
Sostiene el Partido Popular, por su parte, que los canarios y canarias serán esquilmados por la nueva política fiscal anunciada por el pacto de las flores, tras aprobar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020. La subida de medio punto del IGIC del 6,5 al 7%; así como del tramo autonómico para las clases con mayor capacidad adquisitiva (más de 90.000 euros al año) y de otros impuestos sobre la electricidad, la telecomunicación o el tabaco y el alcohol son, según el argumentario de los conservadores, "un sablazo al ciudadano" y "un atraco a nuestros bolsillos". Ciudadanos también ha comprado ese discurso y cree que el Gobierno de Canarias está siendo presa de "la voracidad fiscal", limitándose en realidad a importar a Canarias ambas formaciones la retórica ideológica que mantienen a nivel estatal en relación a las propuestas impositivas de Pedro Sánchez y sus posibles socios de Gobierno. Y sin introducir matiz alguno respecto al hecho de que las Islas cuentan con un régimen especial diferenciado del resto del Estado y un diferencial fiscal que oscila entre el 8-10%.
Ello quiere decir, por ejemplo, que en Canarias se recaudan unos mil millones de euros menos que si se aplicara en las Islas el IVA, representando este en torno al 6,5% del PIB estatal mientras el IGIC supone alrededor de un 4% del PIB regional. Una minoración recaudatoria históricamente justificada para compensar la lejanía e insularidad del Archipiélago, dos condicionantes estructurales que limitan su desarrollo económico y están, por ello, reconocidos en la Constitución y los tratados de la Unión Europea.
Sin entrar de lleno en estas posiciones, Coalición Canaria considera "una ligereza hacer pagar del bolsillo de los canarios la factura de políticas estatales" pendientes con las Islas. Y también ve "injustificada" la subida los impuestos, entre ellos el medio punto del IGIC que la formación nacionalista subió cediendo a la presión de un activo sector empresarial. Y sobre todo del PP, que la exigió al final de la pasada legislatura para aprobar las últimas cuentas autonómicas de CC. Es decir los presupuestos actuales, que los socialistas y sus tres socios de gobierno se disponen ahora a cambiar aplicando el principio de legitimidad moral de Robin Hood.
Quitar al rico
"La mayoría de ciudadanos no tiene nada que temer, porque estarán plenamente representados por un Ejecutivo que defiende la justicia social, el desarrollo sostenible y una Canarias responsable, que cuida el medio ambiente y con servicios básicos dignos", dijo el presidente de Canarias en su discurso de investidura. Aunque a continuación, Ángel Víctor puntualizó: "Sólo deben preocuparse con este Gobierno quienes no quieran repartir la riqueza y quieran mantener sus privilegios. O los que pretendan revertir derechos como el matrimonio igualitario o las leyes contra la violencia machista". Y en su toma de posesión añadió que "otra Canarias es posible y necesaria, pues es lo que demanda una sociedad fragmentada y socialmente injusta, como revelan los indicadores de exclusión social, ante los que no cabe rendirse".
Ya desde aquel entonces le pidieron los empresarios que no subiera la fiscalidad, y ante el anuncio de que lo hará, sus resistencia a pagar impuestos les ha llevado a plantear alguna propuesta peregrina como reducir el IGIC del 7% al 5% a cambio de una subida salarial del 2%. Ante la presión empresarial y de la oposición, Ángel Víctor Torres reconocía el pasado viernes que "este Gobierno no disfruta con la subida del IGIC, pero no nos ha quedado otra opción ante una caída de la recaudación de 160 millones".
Pero además el actual Ejecutivo autonómico se ha planteado otras modificaciones fiscales, que sin embargo no dejan de ser ajustes puntuales, frente a la necesidad que planteaban la mayoría de partidos que integran el pacto de las flores cuando estaban en la oposición.
Lo que sí hay en las cuentas previstas es una voluntad de "devolver a las familias y a los autónomos el gran esfuerzo que han hecho durante los duros años de crisis económica",a través de una batería de reducciones a sus cargas tributarias: deducciones en gastos educativos y sanitarios; compensaciones a los hogares para personas dependientes y familias monoparentales; o un aumento de la deducción por alquiler.
Lo fiscal y lo electoral
Los verdaderos entendidos en la materia, es decir los técnicos del Ministerio de Hacienda, sostenían estos días por su parte lo siguiente: "Todos los gobiernos, sean del color político que sean, son optimistas y piensan que van a recaudar más de los finalmente recaudan", según señaló Carlos Cruzado, presidente de Gestha. En un congreso celebrado en Tenerife, defendieron también "la co-responsabilidad fiscal", es decir que tanto el Estado como cada una de las comunidades autónomas hagan esfuerzos por llevar a cabo "las reformas fiscales integrales que necesita el país o cada región", sobre todo Canarias que es la que realmente tiene capacidad de incidir en mayor medida por el alcance de sus tributos propios (el País Vasco es, con su fuero, un caso aparte). Y no se hace, añadieron, "porque no quieren enfrentarse a sus ciudadanos".
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker acaba de decir lo mismo con otras palabras: "Sabemos las reformas que hay qué hacer. Lo que no sabemos es cómo ha-cerlas y después ganar las elecciones".
