El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias cumplió ayer un año tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, publicada al día siguiente en el BOE. El texto, en el que se trabajó de forma intensa durante tres años, sucedió al anterior fuero canario por el que se habían regido las Islas durante los últimos 35 años. Con este motivo, la Cámara regional celebró ayer por la tarde un encuentro dentro del ciclo #ForoParlamento, bajo el título Las perspectivas de desarrollo del Estatuto en su primer aniversario, un acto en el que participaron Antonio Domínguez Vila, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna; Víctor Cuesta López, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Almudena Sánchez Aragón, periodista de Canarias7.
El nuevo marco jurídico reconoce a Canarias como un "Archipiélago atlántico" con una identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales. Pero, sobre todo, el nuevo fuero es un texto mucho más extenso que el primer Estatuto, pasando de los 65 artículos a los 202 del actual con los que el Archipiélago "da un salto de gigante en cuanto a competencias" se refiere, lo que supone más derechos y más autogobierno reforzando así el papel que juega el Ejecutivo y Parlamento regionales.
Se podría hablar de una actualización política, económica, jurídica y social para que las Islas puedan afrontar nuevos retos de futuro. Se trata de un texto que contiene seis elementos novedosos principales: el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF), que se desvincula del sistema de financiación autonómica; Canarias se convierte en la primera autonomía que suprime el privilegio jurídico del aforamiento de sus diputados; el Parlamento pasó a tener 70 escaños, 10 más que hasta la pasada legislatura, a la vez que el sistema electoral se modifica al rebajar topes insulares y regionales. Asimismo, el presidente de la Comunidad Autónoma tiene ahora potestad para disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas anticipadas.
La Graciosa se convierte en la octava isla, se reconocen las aguas del perímetro lineal y, por último, los poderes públicos asumen la responsabilidad de desarrollar servicios sociales para erradicar la exclusión, para lo cual, además, se establece el derecho a una renta de ciudadanía para las personas más desfavorecidas.
El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, subrayó la necesidad de conmemorar la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, "que supuso el arranque de una nueva etapa de desarrollo para Canarias que ha dado ya sus primeros pasos con un nuevo sistema electoral bajo el que la ciudadanía del Archipiélago votó en mayo pasado".
Una fecha relevante
Para Matos, esta fecha "debe permanecer marcada en rojo en el calendario de la política en Canarias" por lo mucho que significa y porque, pese a que "costó sacarlo adelante, fue posible fruto de la negociación entre todos". Como recordó, el Estatuto de Autonomía "dibuja el marco que debe servir para que Canarias cuente con potentes cuotas de autogobierno".
Matos destacó la capacidad que el Estatuto otorga para "poder resolver nosotros mismos la mayor parte de nuestros propios problemas" e indicó que existen cuestiones muy importantes que atañen a las relaciones con el Estado "pero el Estatuto nos da la capacidad de afrontar nuestra realidad".
El profesor Antonio Domínguez señaló que "ahora, con la décima legislatura ya inaugurada, el Parlamento y el Gobierno de Canarias tienen el reto de desarrollar las innumerables cuestiones que el nuevo Estatuto establece en un nuevo escenario para Canarias como región ultraperiférica en el Estado español y en la Unión Europea".
Domínguez Vila afirmó que el fuero canario "establece un catálogo de derechos estatutarios semejantes a otros estatutos de segunda generación que deben ser desarrollados, tanto por el Gobierno como por el Parlamento, a lo largo de los próximos cuatro años". Añadió, respecto a las competencias, que "más que ampliarse, se consolidan algunas que vienen de la antigua ley de transferencias".
Sobre las novedades como el reconocimiento de las aguas interiores, Domínguez Vila señaló que "poco cambia respecto al Derecho internacional, pero a efectos internos falta ahora una coordinación entre las competencias del Estado sobre Costas y las nuevas competencias autonómicas en materia de ordenación del litoral", un tema del que dijo "aún hay que resolver".
La periodista Almudena Sánchez resaltó "lo meritorio que fue la implantación de un nuevo sistema electoral con una complejidad añadida al introducir la circunscripción regional y, sin embargo, solo se registró un 1% de votos nulos". "Una vez más los ciudadanos demostraron estar a la altura del cambio normativo", declaró.
Por su parte, el profesor Víctor Cuesta coincidió en que el Estatuto de Autonomía "es un catálogo de derechos en favor de los ciudadanos, aunque muchos de ellos tienen que ser desarrollados por ley como la renta ciudadana y, en este sentido, es la principal conquista de la ciudadanía; todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, que debe actualizarse con una ley porque ahora está recogido en una disposición transitoria".
"Estos son dos de los retos más importantes que tiene el legislador canario sobre la mesa para desarrollar en los próximos años", concluyó.
De otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, requirió ayer, una vez más, que se dote de una mayor seguridad jurídica que garantice la aplicación del Estatuto, independientemente del Gobierno central de turno rija el Estado.
