La renta canaria de ciudadanía tendrá entre sus prioridades complementar las pensiones de viudedad y no contributivas de entre 15.000 y 20.000 mayores en Canarias, sobre todo mujeres, que cobran menos de 300 euros al mes hasta alcanzar los 600 euros. El Gobierno regional trabaja en aprobar la ley que regula este derecho en un año para aumentar los beneficiarios y los perfiles que se puedan acoger a esta prestación, entre ellos las familias sin ingresos, personas en riesgo de exclusión social y pensionistas con pagas muy bajas. El presupuesto autonómico de 2020 tendrá 27 millones más para la prestación canaria de inserción (PCI) en su transición hacia la renta ciudadana, pero el Ejecutivo regional también espera incrementar esta partida con los 30 millones del Estado para la lucha contra la pobreza.
El cuatripartito refuerza en las cuentas autonómicas de 2020 la PCI con un 44,2% de incremento. Pero la transición hacia la nueva renta ciudadana que recoge el Estatuto se quedaría a medio camino en caso de que no lleguen los fondos contra la pobreza negociados con el Gobierno de Rajoy en el presupuesto de 2018 y que supondrían 118 millones de euros en total y un 85% de incremento, es decir, duplicar también el número de beneficiarios.
El objetivo prioritario del Gobierno regional es que la ley que regula la renta de ciudadanía se apruebe en el Parlamento antes de acabar 2020. El Ejecutivo se ha marcado esta legislatura como periodo para expandir la renta de ciudadanía a todos los sectores más desfavorecidos de las Islas una vez que la ley esté en marcha. Por ello, los fondos que vengan del Estado son esenciales para reforzar las políticas sociales del presupuesto autonómico, ya que la intención no es solo que se transfieran los 30 millones pendientes, sino que sea una cantidad que se estabilice anualmente en el presupuesto del Estado mientras se mantengan las elevadas cifras de exclusión social existentes en el Archipiélago.
Agilización de trámites
Una de las cuestiones que tendrá que resolver la ley de la renta canaria será la agilización de los informes sociales que realizan los ayuntamientos, elemento esencial para diagnosticar las necesidades de las familias y la prestación a recibir. En las cuentas autonómicas de 2020 se incrementan en dos millones de euros la dotación a los municipios para que agilicen los trámites en sus oficinas, si bien el Ejecutivo también busca una cierta centralización de este derecho para evitar desigualdades entre territorios.
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, recalcó ayer que el cuatripartito ha aprobado un presupuesto "suelo" en el que no figura ninguna aportación del Estado en vista de la inestabilidad política actual y la prórroga presupuestaria. Por ello "todo serán mejoras" si hay cuentas estatales el próximo año y se concretan las transferencias, cuyo montante pueden superar los 300 millones de euros adicionales por las partidas en pobreza, infraestructuras educativas, plan de empleo, infraestructuras turísticas, obras hidráulicas, agua de riego agrícola y otros recursos pendientes. Rodríguez no cuenta los cuantiosos fondos del convenio de carreteras, sujetos a la negociación política cuando se forme Gobierno en el Estado.
En el peor de los escenarios, es decir con un nuevo bloqueo político tras el 10 N, Canarias contaría con la base del presupuesto que comienza la próxima semana la tramitación parlamentaria, en el que figura una previsión de crecimiento económico modesta de un 1,3% y un ligero incremento de la tasa de paro por encima del 21%. Con estos mimbres el Ejecutivo confía en que sea cual sea el Gobierno estatal que se conforme tras las elecciones generales se cumplan los derechos de Canarias contemplados en el Estatuto y en el REF.
