El Gobierno central despejó ayer la incertidumbre que se cernía sobre los municipios y las empresas que se dedican a la desalación para el abastecimiento de agua. Las alarmas saltaron porque se habían sobrepasado las fechas para la convocatoria de las subven- ciones a la producción de agua desalada, un elemento esen- cial para evitar el encarecimiento de la factura no solo para los ciudadanos, sino también pa- ra la industria y el turismo. Ayer el Gobierno canario confirmó que el Estado ha dado vía li- bre a los 8,5 millones de euros de este año.
El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, anunció durante su visita a Lanzarote que el Ministerio de Industria ha traspasado esa cantidad al departamento de Transición Ecológica, debido a la última reestructuración ministerial. Será el Ministerio que dirige Teresa Ribera el que finalmente realice la transferencia a la Comunidad Autónoma.
La última convocatoria de la subvención se produjo el 1 de octubre de 2018 para cubrir el periodo comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018. Las previsiones anuales que realizan los operadores públicos y privados cuentan con estos fondos, ya que el objeto de la subvención es conseguir que el coste del consumo de agua no se encarezca como consecuencia del sobrecoste que supone la desalación del agua. El impacto no sólo afectaría a las familias sino también al sector industrial y la turístico.
Acelerar gestiones
El Ejecutivo regional se ha visto obligado a acelerar las gestiones para que lleguen los 8,5 millones de la subvención ante la preocupación del sector. De hecho, la incertidumbre generada entre los operadores públicos y privados por la ausencia de convocatoria había llegado a los altos cargos del Gobierno porque buena parte de los ingresos de las empresas proceden de esta subvención.
Las ayudas a la producción del agua desalada es un derecho consagrado en el Régimen Económico y Fiscal de las Islas (REF). Desde 1983 el Gobierno estatal viene subvencionando la actividad de la desalación de agua de mar con destino al abastecimiento público con la finalidad de abaratar el precio final del agua potable que pagan los usuarios o consumidores, con el objetivo de aproximarlo al precio medio del agua en la Península.
En el artículo 14.bis de la ley del REF se establece que los presupuestos generales del Estado garantizarán un sistema de compensación para moderar los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola.
Las islas a las que irán destinadas las ayudas son Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, al ser las islas que cuentan con plantas desaladoras y empresas públicas y privadas que se dedican a este proceso. La Palma y La Gomera quedan fuera.
La llegada de los fondos del Estado ha acumulado retrasos como consecuencia de la prórroga de los presupuestos estatales de 2018, la interinidad del Gobierno central y la convocatoria de nuevas elecciones generales el próximo domingo.
