Canarias quiere poner en marcha las competencias recogidas en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada el año pasado para el desarrollo del autogobierno. Aunque sin un calendario aún sobre la mesa, un primer estudio analizado ayer por el Consejo de Gobierno sitúa las prioridades de la materias que se deberían asumir a medio plazo en la ordenación y gestión del litoral, salvamento marítimo, seguridad privada y defensa de la competencia y el libre mercado. La pregunta que los consejeros tratan ahora de responder es cómo.

Sobre las de Costas, que se incluyen en el artículo 157 la carta magna canaria, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, remarcó que se trata de unas competencias de la llamadas "concurrentes", esto es compartidas en parte con el Estado, y que, aunque resultan prioritarias, tienen su complejidad porque el Gobierno central seguirá teniendo la potestad sobre el dominio público marítimo terrestre. "Habrá que regularlo y, a lo mejor, tendremos que pedir en este caso que nos traspasen medios".

Especial relevancia tienen las de competencia tras la compra la pasada semana de Air Europa por el holding IAG y los problemas de conectividad y bloqueo a la libre competencia a que puede dar lugar en el Archipiélago a partir de la segunda mitad de 2020.

Durante la reunión, todos los consejeros intervinieron en este punto. Pérez remarcó que en este caso se analiza si a Canarias le bastaría con montar un servicio de inspección con ese cometido, para lo que deberían designar a funcionarios. Algo más sencillo que la implementación de otras competencias compartidas en parte.

Aunque no cree que puedan desarrollarlas durante el primer paquete y fase, el portavoz sí resaltó la relevancia de aplicar cuanto antes las del tutelaje por parte de la Comunidad del equilibrio financiero de los cabildos y ayuntamientos (artículo 105). Eso sí, admitió que se trata de una competencia más incómoda porque se fiscaliza el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, los ratios económicos, gastos, déficit o deuda."Se trata de una información que, como el Ministerio, la consejería de Hacienda ya conoce, solo que hasta ahora no levantaba la tarjeta amarilla o roja".

"A lo mejor tendremos que pedirle que transfiera las retribuciones, pero sería absurdo dilatar esto", subraya Pérez.

Sobre los plazos, insistió en que "lo que no podemos hacer es un crecimiento desordenado de competencias ni concentrarnos solo en las que requieren que Madrid traspase medios. No lo haremos a la carrera, pero no nos vamos a parar. Cada una dependerá de las posibilidades, pero, por ejemplo, no le daremos prioridad a las penitenciarias".

Sobre la de gestión de las telecomunicaciones prevé que tendrán que pedirle un plan al Estado. El resto de competencias previstas en el Estatuto, aún sin calendario, son las de Paradores de turismo, transporte marítimo, comercio exterior, permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios, puertos, aeropuertos y transporte aéreo.