Ocho meses y medio después de haber ingresado en prisión para cumplir la condena de cinco años y tres meses de privación de libertad que le impuso la Audiencia Provincial en la sentencia del caso Las Teresitas, ratificada por el Tribunal Supremo, el empresario Ignacio González Martín, falleció ayer con 83 años en la Enfermería del centro Penitenciario Tenerife II, área en la que estaba internado desde la primera semana del pasado abril cuando ingresó tras dictarse el auto judicial en el que si bien señalaba que Ignacio González presentaba "problemas de salud relacionados con su edad", dichas dolencias no le impedían cumplir su condena. El empresario alegó problemas de movilidad, por lo que el tribunal provincial requirió a dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para que dictaminaran si estaba capacitado física y psíquicamente para asumir el internamiento en prisión.

El 1 de abril ingresaron en prisión por la misma causa el exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador nacionalista, Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, así como el empresario y constructor Antonio Plasencia, socio de González Martín en Inversiones Las Teresitas (ILT). Éste último no ingresó en prisión y, al día siguiente, alegó ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial „órgano que dictó la sentencia y que se encargó de dictar la ejecución de la misma„ padecer "problemas graves de movilidad" que le impedían poder cumplir la condena.

El que fuera también presidente del Partido Popular en Tenerife, presidente de la Cámara de Comercio durante 16 años y miembro del Consejo de Administración de Caja fue examinado por dos patólogos forenses quienes dictaminaron que "tras el reconocimiento médico del señor González Martín, se informa de que el mismo, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena (art. 60 CP)", según recoge el auto que dictó el tribunal el 4 de abril en el que ordenaba su ingreso en prisión para lo cual le daba cinco días de plazo para su cumplimiento.

González, al igual que Plasencia, cumplía condena por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos en la figura de cooperador necesario. En la sentencia firme, tras ser ratificada por el Tribunal Supremo, se le impuso una pena de cinco años y tres meses. Esa figura de "cooperador necesario" que la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola mantuvo siempre durante la instrucción del caso Las Teresitas y también durante los tres meses en los que se dilató la celebración del juicio por la compraventa de once parcelas del frente de playa de Las Teresitas por 52,5 millones de euros (8.750 millones de pesetas) que triplicaba el valor tasado por técnicos municipales y tasadores externos, se corroboró en la sala también durante la declaración de uno de los principales protagonistas de este caso de corrupción.

Miguel Zerolo afirmó en el plenario que González le dio un "ultimátum para la compra de las parcelas, fijando el precio en 8.750 millones de pesetas" y añadió que el empresario y socio de Antonio Plasencia en ILT llegó a "amenazarlo" con "levantar hoteles en el frente de playa si el Ayuntamiento no se plegaba a sus intereses y aceptaba su última oferta".

A pesar de lo dicho por el exalcalde, éste siempre defendió que la compra de las once parcelas del frente de playa había sido "un magnífico negocio", tesis que echó por tierra la fiscal Anticorrupción para quien Zerolo cometió "un auténtico saqueo" a las arcas municipales "al pagar dos veces más" del valor de tasación de los terrenos.

Según Zerolo, este fue el origen de la operación que se fraguó entre mediados de 1998 y principios de 2001. El exregidor sostuvo que la operación iba a ser un "magnífico negocio", entre otras cuestiones porque se podía vender luego la parcela hotelera del frente de playa "en unos 30 millones de euros", dinero que recuperaría el Ayuntamiento. Sin embargo, esa versión no se sostiene ya que antes de concluir la operación de compraventa, se encargaron informes externos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo a agencias tasadoras para que sus peritos valoraran, con una serie de condicionantes urbanísticos incorrectos a sabiendas de que su único fin solo podía inflar el precio de los terrenos de la playa que la Corporación local iba a comprar. Una vez fijado el sobreprecio, se le dio cobertura legal y se extrajeron del expediente de compraventa tres informes de tasación que apuntaban precios inferiores que no sobrepasaban los 19 millones de euros (valoración que hizo la arquitecta y funcionaria municipal Pía Oramas, entre otros estudios).