Los ayuntamientos siguen cobrando la plusvalía aunque la vivienda se haya depreciado y su venta no reporte al ciudadano ni un solo euro de beneficio. Dos años y medio después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el cobro del tributo cuando el inmueble no se ha revalorizado, la recaudación de los consistorios del Archipiélago continúa sin resentirse. Las corporaciones municipales siguen haciendo caja y a los perjudicados no les queda más remedio, al menos de momento, que recurrir a la Justicia. A la sentencia del TC, de mayo de 2017, siguió en julio del año pasado una segunda del Tribunal Supremo que precisó que no debe cobrarse el gravamen a quien demuestre que efectivamente perdió dinero con la venta de la vivienda. Sin embargo, los pronunciamientos del Constitucional y el Supremo aún no se han plasmado en la Ley de Haciendas Locales, que está pendiente de reforma, lo que ha dado lugar a un vacío normativo que no hace más que multiplicar las denuncias de los afectados ante los órganos judiciales.
La plusvalía es el nombre por el que se conoce al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Es un tributo que recaudan los ayuntamientos cuando se vende una casa, y lo que determina su pago es la revalorización del inmueble entre el momento en que el ciudadano lo compra y el momento en que lo vende. El problema es que hasta la sentencia del TC, el impuesto debía pagarse incluso en los casos en que el valor de la vivienda no hubiera aumentado. Es más, había que pagarlo aun cuando la casa se hubiera depreciado. Si el inmueble que se había adquirido por 100.000 euros acababa vendiéndose por 50.000, es decir, perdiendo 50.000 euros, no quedaba más remedio que liquidar la plusvalía. Una plusvalía que en realidad no existía, lo que iba en contra de la esencia misma del impuesto. Esta, en síntesis, es la conclusión a la que llegaron los magistrados. Sin embargo, la decisión de los tribunales sigue sin trasladarse al día a día de los contribuyentes.
La falta de una nueva Ley de Haciendas Locales, a la espera de que continúe su tramitación en las Cortes, y la avalancha de reclamaciones pillaron a los ayuntamientos sin saber muy bien cómo actuar. Hay consistorios que están demorando la liquidación del impuesto hasta que se apruebe la nueva normativa, hay también los que se ciñen a lo dicho por los tribunales y únicamente lo cobran cuando están seguros de que se ha producido un incremento del valor de la vivienda y hay una gran mayoría, incluido el grueso de los ayuntamientos canarios, que continúa recaudando como antes de la sentencia del TC. La idea es aguardar en medio de esta incertidumbre jurídica a que el Congreso saque adelante la nueva ley, que tendrá que ordenar cuestiones como la retroactividad o la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Pero, mientras, las entidades locales de las Islas siguen recaudando como si nada, y así lo evidencian los datos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, que depende del Ministerio de Hacienda.
En 2017, el año del fallo del Constitucional y de las primeras sentencias a favor de personas que pagaron la plusvalía pese a haber perdido dinero con la venta de su inmueble, los ayuntamientos canarios recaudaron por este impuesto un total de 81,8 millones de euros. ¿Mucho o poco? Muchísimo, máxime si se tiene en cuenta el vacío legal que rodea a este tributo. En 2006, el último año de la burbuja inmobiliaria y con un volumen de compraventa de viviendas que no se ha vuelto a repetir, los consistorios del Archipiélago se embolsaron por plusvalías un montante de 52 millones, un 57,3% menos. En 2014, la recaudación ya ascendía a prácticamente 66 millones, y en 2015 superó por primera vez la barrera de los 80 millones de euros, una cota en la que se mantuvo en 2016 y también en 2017 a pesar del aviso del Constitucional.
Pero el caso omiso que los ayuntamientos isleños han hecho de las sentencias de los dos principales órganos judiciales del país resulta aún más evidente si se analizan sus propios presupuestos. Las 88 corporaciones municipales de la región calcularon que en 2017 recaudarían por plusvalías menos de 49,5 millones de euros, y finalmente ingresaron esos 81,8 millones, la friolera de un 65,2% más. Es más, el año pasado presupuestaron una recaudación por este impuesto de unos 53 millones, esto es, 3,5 millones de euros más que en 2017, con lo que el vacío normativo no frena el optimismo recaudatorio de las entidades locales.
Los donatarios tampoco se libran de pagar
- La plusvalía, en términos oficiales el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se cobra no solamente en la compraventa de una vivienda, sino también en donaciones y herencias. No obstante, el ciudadano obligado a pagar el tributo es en un caso quien se desprende de la propiedad, el vendedor, y en los otros dos quien recibe la propiedad, es decir, el heredero y el donatario. ¿Por qué? Porque la razón de ser del impuesto es gravar a quien experimenta un enriquecimiento, esto es, quien vende en 300.000 euros el chalet que adquirió por 175.000, por ejemplo, y quien recibe en herencia o como donación una vivienda, lo que incrementa su patrimonio. El lío judicial y legal se produjo porque los ayuntamientos cobraban el impuesto incluso en los casos en que el valor de la vivienda traspasada no había aumentado. En otras palabras: si la casa que en su día había costado 500.000 euros se vendía por solo 150.000, tras haber experimentado una profunda depreciación, el ciudadano tenía que pagar el impuesto igualmente. En mayo de 2017, el Tribunal Constitucional determinó que no debe liquidarse el tributo si no ha habido revalorización del inmueble; y un año después, el Supremo fijó que el contribuyente es quien debe demostrar que no se ha producido esa revalorización.
