Canarias se la juega en Europa el próximo año. Las autoridades comunitarias se encuentran en pleno proceso de elaboración del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 en medio de un contexto marcado por el brexit y por las nuevas prioridades de parte de los Estados miembros. A esta negociación se suman otras: la de las directrices sobre las ayudas de Estado con finalidad regional (DAR), como el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) o la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), y la de las compensaciones por el divorcio británico.
La región tiene que lidiar, de un lado, con la importante disminución de recursos en las arcas comunitarias por la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), pues se trata de un país que aporta entre el 10% y 12% del presupuesto europeo, y, de otro, con la imposición de nuevas políticas, especialmente las relacionadas con migración y fronteras, defensa de la UE, carrera aeroespacial y cambio climático. A esto se añade, además, el impasse político nacional. Pese a la repetición electoral y la firma de un preacuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, que necesita ser apoyado por otras fuerzas políticas, no hay consolidada una mayoría clara y se desconoce, por tanto, si se podrá salir en un tiempo prudencial de la interinidad en la que se encuentra sumida el Ejecutivo central y si habrá, o no, nuevos presupuestos que dejen atrás la cuentas prorrogadas de 2018.
Una defensa sin fisuras
Es mucho lo que está en juego. El Archipiélago tiene presupuestado 4.524 millones de euros en las cuentas europeas que están a punto de extinguirse, las del periodo 2014-2020. O lo que es lo mismo, unos 650 millones al año. Canarias aspira a mantener dicha cuantía, pero no va a hacer fácil por el volumen de obstáculos a sortear. Más de la mitad de los fondos consignados, 2.380 millones, lo están por ser Canarias una región ultraperiférica (RUP). A principios de esta semana Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo regional, y Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, asistieron a la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas en la que todos los territorios europeos alejados firmaron una declaración para defender, sin fisuras, que todos los fondos europeos se mantengan pese al difícil escenario que se avecina.
En el septenio que está a punto de expirar, las Islas tenían asignado 2.405 millones como fondos estructurales y de cohesión. Del total, 998 millones se corresponden al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) -de los que 550 millones llegan por ser RUP-; 162 millones al Fondo Social Europeo (FSE); 117 millones a los programas de cooperación entre distintas regiones ultraperiféricas (117 millones) y 1.127 millones para programas operativos plurirregionales, dirigidos al crecimiento sostenible o pymes, entre otras cuestiones. A estos recursos se suman otros 240 millones de fondos dirigidos específicamente a la actividad agrícola y pesquera. En este capítulo se encuentra, de un lado, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con una partida de 157 millones y, de otro, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con 83 millones.
Para llegar a los 4.524 millones se tienen que sumar los 1.878 millones del Posei canario, que se dividen en dos grandes ramas: 1.418 millones de la política comunitaria de apoyo a las producciones agrarias -203 millones al año- y otros 460 millones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) -unos 65,7 millones anuales-.
De mantenerse la intención de reducir la cofinanciación de proyectos del 85% al 70%, el Archipiélago puede perder unos 330 millones en siete años. El Gobierno, para evitar esa pérdida, se sitúa bajo el paraguas del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite, según apunta el viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno canario, Fermín Delgado, que las regiones ultraperiféricas puedan acceder, al margen de su nivel de renta, al máximo volumen de fondos y nivel de financiación.
Lo que puede suceder con el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad es una historia aparte. La propuesta de la Comisión Europea (CE) es reducir un 5% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y, en el caso de las RUP, un 3,9% del Posei. Este último tijeretazo es el que afectaría a Canarias de mantenerse. ¿Cuánto supone? Una pérdida de algo más de 73 millones en el próximo septenio o, lo que es lo mismo, más de 10 millones cada año. Hubo un tiempo en el que la mayor mordida de la financiación iba a parar a las políticas agrarias y de cohesión, pero con el paso del tiempo las prioridades de algunos Estados miembros con más peso, la mayoría del centro de Europa, han cambiado y presionan para desviar partidas a otros asuntos como a la defensa, las fronteras o a la carrera aeroespacial. Este cambio de tornas ha ido dejando de lado a la PAC, que de copar el 75% del presupuesto representa, en la actualidad, menos del 50%.
Otro punto que genera controversia en la modificación que la UE pretende realizar en el periodo de ejecución del programa comunitario. Es decir, hasta ahora era posible ejecutar fondos y certificar hasta tres años después de la finalización de un marco plurianual, con lo que las regiones tienen más tiempo para emplear los fondos. Ahora, en el nuevo septenio, ese margen de tres años de más se quiere reducir a solo dos, algo con lo que el Gobierno canario también se muestra beligerante.
Con la proximidad del fin del actual septenio no solo comienza el diseño del nuevo marco presupuestario europeo, sino que también se pone sobre la mesa la revisión del reglamento de directrices de ayudas regionales de Estado. La UE autoriza a los países a implementar excepciones en la aplicación de las políticas comunes en determinadas regiones, como Canarias. Las ayudas al transporte de pasajeros, al transporte de mercancías o a la producción eléctrica y de aguas están autorizados por la UE. En el régimen fiscal, además de contar con una figura tributaria en la imposición indirecta diferente al resto -el IGIC, que supone un tercio del IVA-, hay una serie de incentivos fiscales como son la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC), el sistema de deducción por inversiones (DIC) o la bonificación por producción de bienes corporales. Ahora Canarias tiene que volver a batallar por estas ayudas para lograr el visto bueno de Europa. El Gobierno presidido por Torres tiene que notificar antes del 31 de diciembre de 2020 el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) -un mecanismo que busca proteger la producción local y contra el que se posicionan los importadores-. Con el resto de ayudas tendrá que hacer lo propio antes del 31 de diciembre de 2021 para que se apliquen a partir del 2022.
¿Qué peligro surge en esta negociación? El conjunto de las ayudas que recibe una empresa no puede superar el 30% de su facturación. Es decir, si una compañía factura un millón de euros, puede tener hasta 300.000 euros en ayudas, pero no más. El Ejecutivo regional tratará ahora de mantener que esa acumulación se mantenga en esa barrera del 30% ante la posibilidad de que Europa también quiera reducir este tope.
Otro frente abierto, también ocasionado por el divorcio de Reino Unido de Europa, lo constituye la negociación de las ayudas para el transporte y comercialización del tomate y el pepino a Reino Unido. Con el brexit, el país británico será considerado tercer país, por lo que parece complicado que Europa permita, con carácter excepcional, la continuidad de esas ayudas. Lo que busca el Gobierno en este asunto es un mecanismo que permita a los productores de estos cultivos mantener esas cuantías, que no alcanzan entre las dos los cinco millones de euros, para que no les impacte el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Una de las vías que el Ejecutivo regional baraja como solución es el incremento de las subvenciones a la producción por hectárea, de tal forma que se produciría una especie de reconversión de las otras dos líneas de ayudas.
