La enmienda a los presupuestos regionales de 2020 para flexibilizar la elección de los directores insulares por parte de los cabildos y que se designen a dedo aúna reparos técnicos y políticos. El texto que pretende plantear la Federación Canaria de Islas (Fecai) en el Parlamento, y que prepara el grupo socialista a través de la diputada y presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, presenta, al menos, una contradicción flagrante. La propuesta acordada, y que se podrá encauzar como enmienda hasta el 5 de diciembre, solo tiene una alusión a la opinión de un catedrático de Derecho Constitucional, Rafael Jiménez Asensio (Universidad Pompeu Fabra). La mención intenta reforzar el carácter político de esos cargos y justificar así el cambio, pero se da la curiosa circunstancia de que este profesor afirmaba el sábado en la red Twitter que "la pretendida reforma es una involución caciquil" con la que se intenta "politizar más aún las administraciones insulares".

En su comentario, que enriquece un intercambio entre diversos usuarios sobre la meta de la Fecai, Jiménez lamenta que, más allá de este intento, el marco general en las administraciones no sea el más idóneo. Al contrario. Según indica, "el modelo legal vigente dista mucho de ser uno de dirección pública profesional (DPP). No hay DPP donde existe libre cese. Dicho alto y claro también", remata.

Alude Jiménez a que los cambios, y en línea con la Comunidad, contemplan la destitución del director de forma discrecional por el político de turno, el mismo que lo elige.

Para CC, que intentó regularizarlo, y ahora para el PSOE, esto tiene mucho sentido, pero no para el PP, Cs y Podemos que rechazan la propuesta, así como que se usen las enmiendas a una ley clave como es la presupuestaria para evitar el control del Consultivo. La intención de la Fecai genera discrepancias en el llamado pacto de las flores, pues Podemos rechaza que estos directivos se elijan a dedo y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), que el cambio legislativo se haga a través de una enmienda a los presupuestos.

El profesor aboga por concursos públicos con publicidad, concurrencia y selección por méritos. La Asociación Dirección Pública Profesional (ADPP) va más allá y pide también formación, experiencia y capacidad, censurando que el sistema de la Fecai obvie todo esto.

La enmienda del PSOE incluye un texto de Jiménez en el cuarto punto de su justificación. Sus palabras, sin que se indique en dónde se publican, son las siguientes: "(...) En efecto, cabe subrayar con trazo grueso que la regulación de los órganos directivos de los artículos 130 (municipios de gran población) y 32 bis LBRL (diputaciones provinciales) tiene (...) una dimensión claramente organizativa o institucional de naturaleza política. Nada que ver, por mucho que se indague, con el empleo público. Y estaba pensada para dar respuesta a la carencia de la figura de los altos cargos en determinadas instituciones locales. Recuérdese el origen de la inclusión del título X de la LBRL: el afán del entonces alcalde de Madrid (Gallardón) de disponer de una estructura político-administrativa similar a la que tenía en la Comunidad, homologando a los grandes municipios con el diseño organizativo de la alta administración que llevó a cabo la Lofage (hoy derogada)".

Según remarca, "si no se comprende esto, no se entiende nada. La dirección pública local (...) se vehicula a través de una dimensión orgánica, no de régimen jurídico del empleo público (con la salvedad de los titulares de órganos directivos reservados por Ley a los funcionarios con habilitación de carácter nacional): quien es nombrado lo es como titular de un órgano directivo, independientemente que tenga la condición previa de funcionario o no. Es, por consiguiente, titular de un órgano directivo en virtud de nombramiento, igual que los altos cargos del Estado. Se proveen tales órganos por libre nombramiento y libre cese (...); por tanto, están estrechamente unidos al ciclo político".

En este texto, indica que los fallos en contra que han surgido han creado una "confusión grave, con efectos no menos importantes, que alguien (Supremo o legislador básico) deberá corregir algún día".

Pese a esto, el profesor Rafael Jiménez Asensio tildó lo pretendido para los cabildos el sábado de "involución caciquil". Este periódico intentó ayer ahondar en su opinión, pero declinó la invitación.