Si en Canarias se produjera un brote de listeriosis como el que obligó a decretar la alerta sanitaria en Andalucía, las muestras de listeria se transportarían en guagua. También las de legionela o las de Escherichia coli ( E. Coli), la bacteria que el pasado verano obligó a cerrar al baño varias playas. Hasta ahora, los inspectores de Salud Pública venían usando sus propios coches para desplazarse allí donde tuvieran que recoger muestras: a un bar, a un restaurante, a una industria alimentaria, a un matadero o a cualquier otra empresa o establecimiento en los que sea necesario comprobar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. Y también a las playas o las piscinas de los hoteles para verificar si las aguas son aptas para el baño, por ejemplo. Sin embargo, los funcionarios se han plantado y no están dispuestos a continuar moviéndose en sus vehículos particulares. Los empleados públicos consideran que los 0,19 euros por kilómetro que se les abonan en la actualidad son una cantidad irrisoria que ni mucho menos compensa los gastos de mecánica y mantenimiento por el tute que soportan sus coches. Reclaman 0,38 euros por kilómetro y algún tipo de complemento salarial. El Gobierno regional dice entender el malestar del colectivo y está tratando de buscar una solución, pero ya ha avisado a los inspectores que, hasta entonces, o siguen desplazándose en su propio vehículo o cogen la guagua. No se les va a pagar el taxi. Es más, ya se les ha informado de que tienen un bonobús a su disposición.

De hecho, varios técnicos solicitaron al Servicio Canario de la Salud (SCS) el reembolso de la factura del taxi tras negarse a seguir usando su coche, lo que se les denegó. En el SCS, que depende de la Consejería de Sanidad, les respondieron que de acuerdo con el Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio, los inspectores deben desplazarse "en su propio vehículo, abonándoseles la cuantía correspondiente, o en su defecto en transporte público colectivo". Así consta, por ejemplo, en la comunicación interna que la directora del Área de Salud de Tenerife, Susana Cantero, remitió el mes pasado a los funcionarios, una nota informativa a la que ha tenido acceso este diario y en la que agrega que "resulta insostenible para el gasto público el abono de los desplazamientos cuando se incluye el transporte público individual". Bajo esta premisa, el SCS ha enviado a los inspectores un segundo comunicado en el que les recuerda que tienen a su disposición un bono de guagua.

La situación, por tanto, se ha encallado, y el trabajo se está resintiendo, según explican desde el cuerpo de inspectores. En primer lugar porque las guaguas tienen el horario que tienen, por lo que los técnicos no pueden llevar a cabo el mismo número de inspecciones que venían haciendo hasta ahora. Y en segundo lugar porque hay sitios a los que sencillamente no llegan las guaguas. Los funcionarios ponen el ejemplo de muchas queserías o bodegas ubicadas en zonas rurales a las que solo se puede acceder por caminos o senderos.

A juicio de los Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP), que es la denominación oficial del colectivo, la solución "ideal" sería que la Consejería de Sanidad dispusiera de una flota de vehículos para esta tarea, al menos para los desplazamientos más complicados. Una posibilidad que en el departamento que dirige Teresa Cruz Oval también están estudiando de cara al futuro, según aseguraron ayer fuentes de la consejería. Desde el Gobierno de Canarias hicieron hincapié en que el conflicto con los inspectores de Salud Pública es un problema heredado del anterior Ejecutivo, algo que confirmaron los propios funcionarios, que llevan más de un año en conversaciones con la Administración y a los que el anterior equipo al frente de Sanidad no les dio una solución.

Desde la consejería explicaron que incrementar los 0,19 euros que se pagan por kilómetro recorrido en vehículo propio no es tan sencillo como podría parecer, ya que topa con la normativa estatal. No obstante, agregaron que se están dando pasos para solucionar el embrollo. En primer lugar, se aprovechará la futura actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo público para subir a los inspectores el complemento de destino. Y al margen de esto, se está estudiando la posibilidad de ese complemento específico que reclaman los técnicos, si bien se trata de una posibilidad que debe analizar el área de Función Pública, es decir, que no depende en exclusiva de la voluntad de la Consejería de Sanidad, apuntaron desde el Gobierno.