El pacto trata de frenar la proliferación de casas de apuestas en las Islas con un incremento fiscal. En las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma presentadas ayer en el registro del Parlamento para su debate a mediados de mes, los cuatro partidos que sustentan al Gobierno regional introducen un aumento del Impuesto General Indirecto (IGIC) a las casas de apuestas, desde el 10 a un 15%. Trata con ello de parar lo que ya en otros puntos de la geografía española se ha convertido en un fenómeno preocupante. En el Archipiélago desde que en 2011 el Estado las legalizara se han abierto ya 37 casas. Una cifra ante la que algunas organizaciones han dado la señal de alerta.

Esa misma preocupación quedó patente el pasado lunes en una comparecencia de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, solicitada por NC y que evidenció la coincidencia de los grupos en que se debe adoptar cuanto antes acciones legales, de concienciación y fiscales. La traducción inmediata de ese consenso, al menos por parte del Ejecutivo, es esta enmienda, que suben esos cinco puntos el IGIC con la única excepción a las apuestas que se hagan "sobre los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales".

Luis Alberto Campos, diputado de NC, resaltó ayer la relevancia de este paso a la espera de que se modifique la ley estatal para aumentar la sanciones (de 3.000 a 10.000 euros ahora) y tomar otras medidas más restrictivas, así como la regional, que decide sobre los espacios físicos de estos recintos. Además, los grupos coinciden en la necesidad de hacer contracampañas a la publicidad existente, sobre todo en redes sociales, para concienciar a los menores y otros potenciales adictos (también del juego por internet), así como usar medios como la RTVC para contrarrestar el poder de un fenómeno que representa ya el 1,5% del PIB de España y en el que invierten hasta los fondos buitre.

Según los datos oficiales, de los 37 establecimientos abiertos en las Islas, 25 están en la provincia de Las Palmas y el resto en la tinerfeña. Hay también 21 bingos y 8 casinos. De 2012 a 2017, el negocio estatal subió de 300 a 475 millones y la media de edad de los jugadores bajó de 40 a una amplia franja de los 13 a los 30 años.

Aunque no entraron 17,5 millones que ASG demandaba para Visocan (área que dirige la formación Casimiro Curbelo), los grupos de PSOE, NC, Podemos y los gomeros han consensuado, según apuntan públicamente, sus enmiendas al proyecto de la Consejería de Hacienda, y subrayan su compromiso a "fortalecer el carácter social y la cohesión territorial" de las nuevas cuentas. Se trata de un total de 158 cambios con reasignaciones económicas y 28 al articulado del la ley presupuestaria.

Los partidos del pacto destacaron ayer enmiendas como la que permitirá mejorar los derechos de las personas LGTBI en apoyo de la diversidad y de actividades formativas en ese ámbito; aumentar la deducción en los gastos de estudios a las familias o pasar la exención del impuesto de donaciones y sucesiones del 99,9% actual al 96% para obtener 18 millones más de ingresos en 2020.

Los cuatro grupos del Gobierno tratan de potenciar con otra enmienda las ayudas a las familias con menos recursos de forma que las que cuenten con varios hijos (incluidos los adoptados) no reciban 100 euros en total por los gastos educativos, sino 70 por cada uno.

Podemos destaca el incremento de los fondos para el Plan Canario de Discapacidad y el de Accesibilidad Universal, implicando también a los cabildos y ayuntamientos.

ASG, por su parte, insiste en que se trata de unas cuentas equilibradas y "las mejores en el peor momento".