La ley de presupuestos de 2020 modificará la Ley de Cabildos de 2015 para que los presidentes insulares tengan más libertad para nombrar a sus altos cargos por criterios políticos y no por concurso público, pero también hará variaciones en la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o en la ley de RTVC para darle más competencias al administrador único del ente público en materia de organización y personal. Son licencias que se permite el Ejecutivo regional pese a que existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que limita el uso de las leyes de presupuestos para cuestiones que no tengan relación directa con los ingresos y gastos de la Administración o con los criterios de política económica, de la que el presupuesto autonómico es el principal instrumento

La modificación de la Ley de Cabildos sigue generando debate en el seno de los partidos que forman parte del pacto regional. La consejera de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria y miembro del grupo de gobierno insular, Concepción Monzón, se mostró muy crítica con la posición de su partido en el Ejecutivo, que ha aceptado la enmienda a pesar de estar en contra de la misma para no generar desavenencias internas en el cuatripartito. En declaraciones a la Cadena Ser, Monzón aseveró ayer que ha sido una decisión tomada "por presiones de última hora" y que su partido "ha claudicado" al estar en minoría en el Gobierno cuando la legislatura anterior se opuso a cambiar la misma ley para que los presidentes de los cabildos pudieran ser también diputados regionales.

La dirigente de la formación morada, exdiputada autonómica, advirtió que esta medida puede generar "inseguridad jurídica" porque se modifica la ley por una enmienda, una práctica que siempre ha criticado Podemos. Asimismo, Monzón añade que en el Cabildo de Gran Canaria no ha habido debate ni ha sido una decisión colegiada, sino impuesta por los presidentes en la Fecai. También añadió que esta decisión va en sentido contrario a una administración más transparente, eficaz y profesional.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, indicó ayer que no tenía "especial interés" en que se produjera esta modificación pero que tampoco tiene nada que objetar a la decisión de los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. También admitió que se trata de una modificación "excepcional". Asimismo, el presidente insular grancanario, Antonio Morales, defendió la petición de la Fecai y justificó que es "lógico" que los directores insulares no sean elegidos por un proceso selectivo porque son cargos de confianza que desarrollan las políticas que emanan de la presidencia y de los consejeros electos, igual como sucede en la Comunidad Autónoma .

El Tribunal Constitucional ha publicado numerosas sentencias sobre este asunto, tanto para la ley de presupuestos del Estado como para las leyes presupuestarias de las comunidades autónomas. Canarias no ha quedado al margen de los fallos del tribunal que interpreta la Carta Magna ya que en la sentencia 274/2000 de 15 de noviembre el tribunal declaró inconstitucionales varias disposiciones y preceptos de la ley de presupuestos autonómicos de 1997, la mayoría de ellas relativas a cuestiones de personal.

El TC advierte sobre la existencia de "límites materiales al contenido normativo de las leyes estatales de presupuestos" que son extensibles a las normas autonómicas y que tienen como principio general el de la función institucional que le es propia "sin que puedan incluirse en ella normas que no guarden relación directa con el programa de ingresos y gastos o con los criterios de la política económica en que se sustentan o que no sean un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del presupuesto", relata el fallo relativo al presupuesto isleño.

El Gobierno canario de entonces reconoció la falta de conexión y justificó la inclusión de preceptos de esta índole en que, dado su exiguo, contenido la tramitación de una ley ad hoc resultaría desmesurada. Al TC no le vale este argumento, lo tacha de irrelevante y advierte a la Administración que existen fórmulas alternativas como los proyectos o proposiciones de ley de lectura única para sacar adelante modificaciones puntuales de leyes sin tener que recurrir a la ley de presupuestos.

Además de Canarias, el Tribunal Constitucional también ha enmendado presupuestos en Aragón, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia. La más reciente declara inconstitucionales varias disposiciones del presupuesto de las Islas Baleares.