El consejero de Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, descendió ayer a la realidad municipal para buscar nuevos apoyos al Pacto Político y Social por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna promovido por su departamento. Tras reunirse con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Franquis se mostró dispuesto a "revisar toda la normativa" que ahora obstaculiza acceder a residencias de alquiler. "Hemos concedido ahora ayudas que se convocaron hace dos años", destacó el consejero, que expresó la "preocupación" del Ejecutivo por la lentitud de estos procedimientos. Para agilizarlos, anunció la modificación de los reglamentos que los regulan y pidió la colaboración de los ayuntamientos para que los trámites para la emisión de licencias y permisos "duren lo menos posible".
El llamamiento de la Consejería a las corporaciones locales va más allá de esta cooperación en materia normativa. Franquis calificó de "esencial" llegar a un acuerdo con ayuntamientos y cabildos que debe plasmarse en la cesión de suelo. Según el consejero, "prácticamente todos" los consistorios disponen de terrenos y algunos de ellos, además, tienen empresas públicas u otros instrumentos para facilitar las políticas de viviendas. Para plasmar esta colaboración, el Gobierno solicita a los ayuntamientos que "promocionen económicamente" la vivienda a través de sus presupuestos.
La contribución municipal -al igual que la insular- permitirá elevar las previsiones de construcción de viviendas en los próximos cuatro años que maneja el Ejecutivo, por encima de las 2.200, y que pretende ejecutar con sus propios recursos. En qué medida se podrá incrementar esta cifra "dependerá de la disponibilidad de suelo" y de que "los que puedan" aporten además recursos económicos.
Los consistorios trasladarán a la Consejería en los próximos días sus propuestas concretas y el suelo que podrían ceder para poner en marcha las promociones planificadas por el Gobierno. En el encuentro celebrado ayer, la federación municipalista -encabezada por su presidenta, Mari Brito, alcaldesa de Candelaria- avanzó la sugerencia de hacer frente a corto plazo a las emergencias de quienes corren el riesgo de quedarse sin un techo. "Vamos a colaborar a atender la demanda urgente", anunció Sebastián Franquis. Las "alternativas habitacionales" que se estudian incluyen la compra de vivienda en colaboración con los ayuntamientos. Estas medidas serán complementadas con el refuerzo de las políticas de acción social que tienen como objetivo a la población en situación de mayor vunerabilidad.
La Fecam aspira a que el plan de la Administración autonómica "atienda con equilibrio todo el territorio" y que dedique especial atención al medio rural, en "riesgo de despoblación", apuntó Brito. Las mayores dificultades en este ámbito tienen que ver, según la dirigente municipalista, con la rehabilitación de vivienda.
"Las condiciones de habitabilidad muchas veces no se alinean con la normativa actual" y cuando los propietarios tratan de adaptar sus inmuebles, en ocasiones "no tienen los recursos económicos suficientes para realizar un proyecto nuevo". Para abordar este problema, las instituciones locales sugieren la elaboración de un programa específico mediante el que puedan financiarse las actuaciones necesarias para poner al día los equipamientos residenciales en el mundo rural.
La "inmensa mayoría" de esas al menos 2.200 viviendas que prevé edificar el Gobierno de Canarias estarán destinadas al arrendamiento. "Vamos a priorizarlo. Casi todas esas viviendas serán en alquiler", confirmó Franquis. La intención del departamento regional es concluir en las próximas semanas las consultas con agentes públicos y privados y presentar el texto del Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en los primeros días de febrero.
Alquiler vacacional
Aunque el alquiler vacacional no forma parte de sus competencias -corresponden a la Consejería de Turismo-, Franquis se mostró partidario de que el Gobierno central "lidere" las medidas precisas para mitigar el impacto de esta actividad sobre los precios del alquiler residencial, una idea en la que coincidió con la presidenta de la Fecam.
Tanto el Ejecutivo autonómico como los alcaldes tienen la percepción de que el boom de las viviendas turísticas ha dificultado el acceso a una residencia, en especial "en ciertas zonas", como una parte de Las Palmas de Gran Canaria, el sur de Tenerife, y las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde constituye "un problema de primera magnitud".
La presidenta de la Fecam constató que en la localidad del sur tinerfeño "los precios se han incrementado de manera muy importante".
