Superávit, remanentes, dinero ocioso, depósitos. Son términos que se han convertido en habituales desde que en 2012 el Gobierno del PP aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para contener el endeudamiento y el déficit de las corporaciones locales y comunidades autónomas. Siete años después las administraciones públicas canarias acumulan en los bancos más de 2.000 millones de euros entre remanentes y superávits que solo pueden destinar a pagar deuda o a inversiones muy tasadas por ley. El problema se agrava porque la gran mayoría de los ayuntamientos y cabildos ya han saneado sus cuentas en estos años, por lo que se trata de unos fondos inmovilizados que solo están generando intereses y ganancias para las entidades financieras.
El principal objetivo de la ley se ha cumplido, es decir, las corporaciones locales han ido saneando sus estados financieros al solventar sus pasivos con los fondos que la regla de gasto les ha impedido invertir en cada ejercicio. Pero ahora el inmovilismo del Gobierno central a la hora de modificar o suavizar los términos de la norma está provocando que se acumule el dinero sin que se pueda utilizar para gasto social o inversiones públicas.
En Canarias la situación financiera de los ayuntamientos y cabildos canarios antes de la promulgación de la ley era confusa y caótica. Algunas de las corporaciones locales isleñas se situaban entre las más endeudadas y morosas del país, hasta el punto de que algunas de ellas tenían serios problemas para pagar las nóminas y afrontar la emergencia social que provocó la crisis económica. Ahora que la gran mayoría han pagado sus deudas se ven con el escenario contrario: dinero sobrante en depósitos y remanentes sin poder utilizar. Según la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ya no hay ningún consistorio que tenga más deuda que remanente acumulado en los bancos.
Excedentes
Los 88 municipios de las Islas estiman que sólo en remanentes hay acumulados desde que entró en vigor la ley de estabilidad alrededor de 1.000 millones de euros, a los que hay que añadir el superávit que se genera anualmente, que a nivel nacional en 2018 fue de 4.500 millones de euros. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde está integrada la Fecam, ha reiterado su demanda al Gobierno central de un decreto para que se puedan liberar al menos los fondos del superávit para gastarlos en inversiones financieramente sostenibles. Los alcaldes sostienen que el Gobierno lo puede hacer aunque esté en funciones, pero el hecho es que la parálisis política en la que está inmerso el Estado bloquea éste y otros asuntos que condicionan la actividad de las corporaciones municipales.
En el caso de los cabildos sólo el de Gran Canaria reconoce que tiene unos 400 millones en los bancos sin poder utilizar entre fondos sin ejecutar de ejercicios anteriores y el superávit anual. El Cabildo de Tenerife es más remiso a ofrecer sus datos sobre los remanentes pero la corporación tinerfeña sí admite que tiene alrededor de 200 millones sin ejecutar y durante los últimos años ha estado sujeto a un estricto plan de pago de la deuda para reducir el abultado pasivo que arrastraba.
Un problema con el que se van a encontrar las corporaciones locales a partir de 2020 es que los bancos comenzarán a cobrar una comisión del 0,4% del total de los depósitos que tienen, algo que está ocasionando un gran malestar. Por ello se ha solicitado al Banco de España que se haga una excepción con las instituciones públicas y no se cobre por tener fondos inmovilizados en las entidades financieras. En Canarias este 0,4% puede suponer entre ocho y 10 millones de euros al año para la banca.
Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda en relación con la situación financiera de la Comunidad Autónoma revelan que hasta el mes de octubre había 414 millones de euros de superávit, cantidad que ha descendido con respecto al año anterior. Canarias ha pasado de ser la primera en superávit a la tercera de septiembre a octubre.
La diferencia con respecto a las corporaciones locales es que la comunidad autónoma recurre a la deuda pública para financiar su presupuesto y realizar inversiones, por lo que el superávit que no puede gastar por las normas de la estabilidad presupuestaria tiene que destinarlo necesariamente a amortizar deuda o a inversiones muy contadas.
