El Gobierno de Canarias no ha renovado el decreto que regulaba la gratuidad de los medicamentos a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales a través de una subvención que finalizó el pasado 31 de diciembre por lo que a partir del 1 de enero, todos estos pacientes deberán pagar el importe con los topes que fije su tarjeta sanitaria.

Un comunicado de Sanidad indica que en el caso de las personas con TSI 002-01, las afectadas por el decreto, la aportación establecida es de un 10 por ciento del precio de los medicamentos prescritos, con un tope máximo de aportación mensual de 8,23 euros.

Agrega que la eliminación del copago farmacéutico continúa siendo uno de los objetivos del Estado, tal y como se incluye en el acuerdo de Gobierno suscrito recientemente entre el PSOE y Unidas Podemos, en el que se insiste en la progresiva eliminación del copago, tal y como ya se formuló en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La Consejería de Sanidad indica que en el caso de no prosperase esta iniciativa a nivel nacional, buscaría alternativas en Canarias que no supongan un perjuicio para los pensionistas canarios.

El decreto 78/2019, de 6 de mayo, implicaba una subvención correspondiente sólo a 2019, sin disponer de una financiación específica y sin arbitrar los créditos presupuestarios necesarios para su sostenibilidad futura.

Sanidad indica que de hecho, su continuidad en posteriores ejercicios presupuestarios estaba condicionada a la necesidad de seguimiento y evaluación de los índices de adherencia a los tratamientos, sin concretar qué estándares era necesario alcanzar para determinar esa continuidad.

En esa línea, el decreto basaba su conveniencia en que supondría un aumento de la adherencia a los tratamientos.

Sin embargo, el Servicio de Farmacia de la Dirección General de Programas Asistenciales realiza un análisis de los datos de forma sistemática, de manera que sólo se puede evaluar la retirada de los medicamentos prescritos y no su uso real.

De esos datos se desprende que, durante 2019, se produjo un incremento en las dispensaciones de un 6'45% entre ese sector de la población, pero no se puede concluir que ello suponga un aumento de la adherencia.

Añade que de esta forma, no se ha cumplido con la obligada monitorización del colectivo destinatario, a fin de determinar si efectivamente la subvención venía cumpliendo el objetivo de garantizar la adherencia a los tratamientos médicos de aquellas personas con rentas más bajas.