La pugna entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los ayuntamientos por la regulación de los pisos turísticos se intensifica en el Tribunal Supremo, que en los próximos meses se pronunciará sobre los límites municipales a estos alquileres. Canarias aún está pendiente de un nuevo decreto regional que regule la actividad.

En un auto, la sala de lo Contencioso-Administrativo admite el recurso del organismo contra la normativa de Bilbao, aprobada en enero de 2018, que establece, entre otras restricciones, que los pisos turísticos sólo se permitirán en la primera planta de los edificios residenciales o en las plantas inmediatamente inferiores a las viviendas habituales.

El pasado junio, el Tribunal de Justicia del País Vasco avaló la postura del consistorio al entender que estaba legitimado "e incluso obligado" a velar por el derecho a la vivienda que asiste a todos los ciudadanos y que puede verse en peligro, "ya sea por la insuficiencia del parque residencial o por el encarecimiento" de los alquileres.

La sentencia añadía "otra importante razón para regular, la protección del medio urbano", y es que si la ubicación de dichas viviendas "se deja en manos del mercado (...) puede suponer el indeseable efecto de su concentración en ámbitos más propicios para la satisfacción del interés de los turistas, con desplazamiento de los residentes".

Los magistrados rechazaban, de este modo, los principales argumentos de la CNMC, que en su escrito denunciaba la "discriminación" a la que sometía el Ayuntamiento de Bilbao a estos pisos respecto a otros alojamientos como hoteles, pensiones u hoteles-apartamento, que sí pueden ubicarse en edificios de oficinas y comerciales. Consecuencia de ello, sostenía, "se crea una barrera de entrada" en este mercado que, en muchos casos, "es insalvable", una postura que ha intensificado la polémica en torno a los pisos turísticos.

Según explicó en su momento el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, Bilbao optó por limitar la instalación de las viviendas sin explicar los problemas de convivencia que supuestamente generaban, aun cuando el grado de incidencia era más "moderado" que en otras ciudades.